Francisco Javier Guerrero, ex director general de Empleo de la Junta de Andalucía, llamó “fondo de reptiles” al desvío de 647 millones de euros en la famosa partida 31L, Pero hay otros fondos de reptiles a juzgar por un documento de la Intervención General de la Junta de Andalucía enviado en el año 2005 (por las mismas fechas del que advertía del procedimiento inadecuado en los Expedientes de Regulación de Empleo) en el que se advertía de las irregularidades detectadas en otras ayudas dadas por Empleo para autónomos y pymes.

El informe del interventor, que también fue enviado a las consejerías de Empleo (en manos entonces de Antonio Fernández) y de Economía (entonces dirigida por el hoy presidente Griñán), revelaba un desfase presupuestario de 43 millones de euros en unas ayudas dadas por la Consejería Empleo y que se daban sin tener en cuenta la legislación. Esto significa el descubrimiento de un segundo fondo de reptiles. Y en esta caso, la dirección general no era la de Empleo, sino la de Dirección General de Desarrollo Tecnológico e Incentivos, dependiente de Ana María Peña Solís y asimismo de la Consejería de Empleo en manos de José Antonio Viera en 2005.

En este sentido, se trataba de unas subvenciones concedidas por la Junta para fomentar la incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la actividad de los autónomos y de las pequeñas y medianas empresa andaluzas. Tales subvenciones fueron rubricadas el 31 de julio de 2003 por el entonces consejero de Empleo, José Antonio Viera y publicadas en el BOJA de 19 de agosto. Eran para comprar ordenadores y otras tecnologías. Se transfirió en 2004 una partida de 10,5 millones de euros de este otro fondo al fondo de reptiles para empresas en crisis. El informe de control de la Intervención General de Hacienda del año 2005 recogía que, entre el dinero utilizado irregularmente por el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) para el pago de prejubilaciones, además de los fondos del programa 31L, había 10,5 millones de euros del programa 54B.

Este informe tampoco fue trasnsmitido a José Antonio Griñán, según su subordinada, entonces viceconsejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo.

Pero el informe del Interventor advertía de que existía «un desfase presupuestario» de 43 millones en esas ayudas otorgadas por Empleo. «Habiendo generado la Junta obligaciones presupuestarias sin cobertura, hizo un gasto de 87 millones de euros y se superó el límite de gastos aprobados en 43 millones», decía el informe del interventor. Pero esa no era la única advertencia, ya que también cuestionaba el procedimiento de transferencias de financiación de capital.

Aunque la orden que daba las ayudas establecía en su disposición adicional segunda que por la Consejería de Empleo «se transferirán al Instituto de Fomento de Andalucía los fondos correspondientes para dar cobertura al programa», extrañamente, las ayudas se gestionaron a través de otra empresa, denominada FAGIA (Fomento, Asistencia y Gestión Integral de Andalucía) creada en mayo de 2002 y que tenía como objeto el apoyo al IFA. Sin embargo la Intervención advirtió que la figura de transferencia de capital no está prevista en la legislación. «Esta delegación realizada a favor del IFA abarca un ámbito de actuación que no cabe en la figura existente de la entidad colaboradora. Esta figura con el alcance que abarca la delegación no está prevista por la regulación actual», dice el documento textualmente.

También alertaba de la «vulneración de la norma» al utilizar fondos que debían servir para financiar gasto corriente de la empresa para otros fines y pagos. Y se insistía en que «la elección por el gestor de una figura u otra no se reduce, como es evidente, a una mera cuestión de forma, es de fondo» ya que, al parecer la intención era esquivar el control que establece la norma para estos casos. Por eso la Intervención decía que el encargo «hubiera exigido fiscalización previa, valoración económica y una serie de documentos para el pago». La diferencia entre ambos procedimientos reside «en la intensidad del control previo al pago». El informe pone de manifiesto el descontrol que existía en Empleo, otra vez y en otro campo, en la concesión de ayudas.