Las instituciones mundiales y los gobiernos de los principales países del mundo han sido incapaces de adoptar ningún tipo de medidas previas para evitar la brutal represión y genocidio del pueblo libio en demanda de libertad, respeto de los derechos humanos y justicia social. Una vez más se ha demostrado que para los dirigentes políticos, no es prioritario evitar el sufrimiento de los pueblos, el sufrimiento de las y los trabajadores, sino que han preferido jugar a la política, han preferido escenificar sus protagonismos y personalismos, han optado por pensar primero en los intereses económicos de las grandes multinacionales y en el futuro del petróleo de Libia.

Han sido incapaces de embargar y bloquear las cuentas del tirano Gadafi, su familia y sus generales, incapaces de bloquear la venta de armas, de bloquear sus puertos, de establecer zonas de exclusión aérea, incapaces de romper las relaciones comerciales, de identificar y perseguir a los responsables de la represión y aplicarles la justicia universal, incapaces de iniciar ningún proceso de mediación o de negociación para encontrar una solución pacífica al conflicto.

Por el contrario, la única medida adoptada ha sido la intervención militar. Para CGT, esta medida no solucionará el conflicto sino que provocará más muertes, incentivará un clima de guerra civil y prolongará el conflicto de una forma indeterminada, de consecuencias incalculables, como sucede en los países en los que se ha intervenido recientemente, Irak o Afganistán.

CGT denuncia que nuevamente gobiernos de los países más ricos eligen el uso de la fuerza militar como la única forma de “ayuda” a los pueblos y en especial a los pueblos que consideran del tercer mundo.

CGT condena el empleo de la fuerza militar como forma de resolver los conflictos sociales y populares que se están produciendo en los países árabes, y en concreto en Libia, cuyo origen está en la falta absoluta de libertad y justicia social.

Para CGT, el presidente Zapatero vuelve a sorprendernos con su apuesta entusiasta por la intervención militar olvidando la actitud claramente pacifista de nuestro pueblo. El gobierno español no debe prestarse a la militarización de los conflictos, ni debe autorizar el uso de las bases militares, ni enviar tropas, sino que debe mantener una permanente defensa de una solución pacífica a los conflictos.