La Junta de Andalucía se ha despabilado de repente, en sólo 48 horas. De la lentitud, la imprecisión, el mareo de la perdiz cuando no la negligencia y la confusión, ha pasado a una diligencia nunca vista. Dede ayer, se ha estado entregando a a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, la documentación que exigió sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE) investigados en la región andaluza a cuenta del descubrimiento de 72 prejubilaciones falsas incentivadas con fondos autonómicos. De pronto, ya le han sido entregados 55.631 folios y 68 expedientes. Entre ellos, dos documentos que demuestran que también un viceconsejero ordenó pagos con el mismo procedimiento. Se sube un escalón político: de directores generales a viceconsejeero.

El viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá (en la imagen), entre 2004 y 2010, también pagó con el dinero del “fondo de reptiles”. Cuenta El Mundo que Barberá, autorizó pagos por al menos 464.639,73 euros con cargo al fondo de reptiles. Su firma aparece dando el «visto bueno» en al menos dos escritos de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, la misma a la que el Gobierno andaluz y el PSOE tratan de endosar toda la responsabilidad por la trama de los ERE.

Hasta ahora, la tesis de la Junta era que la Dirección General de Trabajo operaba por su cuenta sin recibir instrucciones de la “superioridad”. Luego, apareció otra Dirección general, la de Desarrollo Teconológico e Incentivos implicada en los desvíos de dinero. Pero ahora, Barberá, mano derecha del exconsejero Antonio Fernández, que remitió al fiscal el CD con la grabación de las comisiones ilegales de Mercasevilla, ha aparecido como alguien que tambièn firmaba pagos con ese dinero. Se sube un escalón político. De director general a viceconsejero.

El dinero cuyo pago fue ordenado por el viceconsejero fue destinado a subvenciones al margen de la normativa y el procedimiento administrativo, según ha apuntado la Policía Judicial y advirtió la Intervención General de Hacienda de la Junta de Andalucía en los años 2005, 2006 y 2007.

La clasificación general de intrusos

Aunque se está pendiente de las precisiones y ajustes de la juez Alaya, que encontraba más intrusos que la Junta, el ERE en el que más falsos prejubilados se han detectado es el de la empresa textil Bonpunt, con sede en Ronda (Málaga), con 11 «ajenos». Cinco intrusos se han detectado en cada uno de los ERE de Hitemasa, Faja Pirítica de Huelva y Promiforja, una empresa de Cabra con otra empresa asociada, Muebles de Madera Promi, en la que se han encontrado tres intrusos.

En Matadero Fuente Obejuna y en Manufactura Española del Corcho se han encontrado cuatro intrusos en cada una de ellas, mientras que en los ERE de Saldauto, Intersur y Dhul se han localizado tres falsos prejubilados. La juez encuentra más en Saldauto, nada menos que cinco que no han sido reconocidos por la Junta.

Mercasevilla, Restuarante Río Grande, SOS-Cuétara, Acyco, Spriger-Arteferro, Surcolor, Calderinox, Primayor, ABB, Tragsa, Tioxide Europe, Industria Auxiliar Delphi, Industrias Guadalquivir y Minas de Alquife son el resto de empresas en las que la Consejería de Empleo ha detectado uno o dos intrusos. En total, las empresas con «ajenos» son 24.

El PP exige un pleno parlamentaraio sobre los ERE y el PSOE se opone

Javier Arenas anunció que va a solicitar la convocatoria urgente de un pleno extraordinario en el Parlamento andaluz para abordar las irregularidades detectadas en los expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta, al tiempo que denunció la existencia de una «segunda trama» para «impedir una investigación a fondo» sobre este asunto. El PSOE volverá a hacer uso de su mayoría absoluta para abortar la nueva petición del PP.

A juicio de Mario Jiménez, portavoz del PSOE, la petición por Arenas del pleno extraordinario está «dentro de la estrategia del PP seguir haciendo ruido y de convertir al Parlamento en un escaparate de sus planteamientos partidarios», y con ella pretende «un nuevo exabrupto», como dijo que hizo el miércoles al abandonar la reunión de la junta de portavoces, con lo cual «se disparó a los pies de una manera absolutamente burda y torpe».

Según Jiménez, los últimos plenos de la Cámara han debatido «casi treinta iniciativas» respecto a los ERE y, en total, han sido «más de 160» entre preguntas al presidente y al Gobierno, comparecencias del consejero, proposiciones no de ley, mociones o interpelaciones, por lo que ese pleno extraordinario es «absolutamente innecesario».

¿Una segunda trama para echar tierra a los ERE?

Informa hoy ABC de detalles sobre quiénes dentro de la Junta han inspeccionado los expedientes de los ERE. Curiosamente, la Junta encargó su investigación de los ERE a técnicos ascendidos «a dedo».

La investigación interna que ha sacado a la luz 72 «intrusos» y 111 irregularidades en expedientes de regulación de empleo (ERE) se encargó a un grupo de funcionarios de su total confianza. Siete jefes de servicio y de gabinete de la Consejería Empleo fueron los elegidos para revisar uno a uno los 68 ERE en vigor son funcionarios que previamente fueron promocionados de manera discrecional a puestos de responsabilidad por parte de altos cargos de la Consejería.

Recio hizo públicos los resultados a través de Facebook pero la jueza de instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, dio un plazo de 48 horas (que vence hoy) para que el Gobierno andaluz, que había presumido de colaborar con la justicia, le envíara todos los informes que faltan y que están plagados de contradicciones.