El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha afirmado que el funcionario del Registro Civil atenderá al “interés superior del menor” a la hora de establecer el orden de los apellidos, en caso de desacuerdo de los padres, y, para ello, “habrá que ir fijando criterios”, entre los que destaca que un apellido sea más o menos común, que tenga un “tono hiriente” o que su combinación produzca un “efecto no deseado”.

Según el acuerdo alcanzado en el Congreso en la tramitación del proyecto de ley de Registro Civil, el orden de los apellidos de los hijos en caso de desacuerdo entre los progenitores lo decidirá el funcionario del Registro Civil si en tres días los padres no son capaces de ponerse de acuerdo.
En una entrevista a RNE, Caamaño ha explicado que esta ley lo que hace es “desjudicializar los Registros” y acabar con la “injusticia” de que prevalezca el apellido del varón en caso de discrepancia entre la pareja. “La preocupación del Gobierno y del PSOE era evitar un elemento discriminatorio y residual porque la ley dice que en caso de desacuerdo prevalece el del padre”, ha apostillado.

De esta forma, ha señalado que “en ningún país el sistema de un Registro está en manos de los jueces” y, por lo tanto, la primera medida de esta ley ha sido “reservar a los jueces a sus funciones jurisdiccionales, que son las que les da la constitución, y trasladar esta decisión al ámbito de las administraciones”.

Caamaño ha afirmado que la decisión final, tomada por unanimidad, se ha basado en la experiencia de otro estado democrático, como es Alemania. En este país se decidió dejarlo en manos del funcionario “al entender que si los padres no estaban de acuerdo para poner el apellidos tampoco lo estarían con la forma del sorteo y habría muchas impugnaciones de sorteos”.