El Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz (www.bopcadiz.org ) publicó ayer los listados provisionales con las personas admitidas y excluidas en el proceso de consolidación de empleo de Diputación. Tras este anuncio, en el que se incluyen tanto las relaciones de aspirantes a funcionarios de carrera como a laborales fijos, se abre un plazo de 10 días hábiles para la subsanación de errores. Una vez solventado este periodo de alegaciones se divulgarán las listas definitivas, en las que se fijarán fecha, hora y lugar en los que se desarrollará la fase de oposición de las diferentes plazas y puestos a concurso.

Pero el PP ha recurrido la totalidad de las bases de la convocatoria y José Loaiza, presidente del PP de Cádiz, ha calificado el acontecimiento como “enchufismo masivo” del PSOE. No es nueva la acusación de enchufismo masivo en la Diputación de Cádiz, donde trabajan numerosos militantes socialistas dirigidos por el clan de Alcalá. La propia IU denunció hace años ya este enchufismo descarado.

Esta convocatoria ha sido polémica, sobre todo en el ambiente del “decretazo” dictado por José Antonio Griñán que igualmente consagra el enchufismo masivo de los trabajadores de las empresas públicas y agencias en la Junta de Andalucía.

Desde el órgano provincial, según La Voz de Cádiz, se ha subrayado la ‘limpieza’ en las pruebas y el por qué se han consolidado decenas de puestos. «La Diputación afronta con este proceso la consolidación de 261 empleos que hasta ahora son desempeñados de manera temporal o interina. La institución provincial cumple con la exigencia establecida en el Estatuto Básico del Empleado Público. Las plazas objeto de este Plan de Estabilidad son de carácter estructural, tienen dotación presupuestaria -por lo que no suponen un gasto adicional y se encuentran desempeñadas interina o temporalmente con anterioridad a 1 de enero de 2005».

Recuérdese que hasta la propia esposa de Luis Pizarro, ex consejero de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía y mano derecha de Manuel Chaves estuvo colocada en la Diputación de Cádiz, colocación, por cierto, vergonzante por cuanto se intentó que pasara desapercibida colando su nombramiento en la sección de compras. Recuérdelo aquí.

Un juez paró el enchufe masivo de 2010

La costumbre desde 1982 e incluso antes, cuando sólo había preautonomía andaluza era la siguiente: Se contrataba a dedo a quien se deseaba bajo la excusa de interinidad o temporalidad, se utilizaban los servicios y cuando era necesario, se buscaba la fórmula para hacer definitivo y fijo lo que legalmente no podía ser porque todo empleado público tiene que haber superado pruebas públicas en igualdad de condiciones que los demás. En Cádiz, un juez anuló el método, el mismo de siempre, para que trabajadores temporales contratados discrecionalmente por el PSOE, que es quien manda en la Diputación de Cádiz, con el visto bueno de los sindicatos mayoritarios, se hicieran fijos sin pasar siquiera un examen. El presidente de la Diputación gaditana era y es el ya famoso Billy el Niño, Francisco González Cabaña, mandamás, por si fuera poco, del PSOE de Cádiz, del que es secretario general y que le arde por los cuatro costados.

Con su beneplácito, la Diputación de Cádiz elaboró el plan denominado de “consolidación del personal laboral” en 2009. Esto es, el plan de dejar fijos a los que previamente se había metido a dedo, un plan especialmente conveniente por razones políticas evidentes en momentos previos a unas elecciones municipales. Pero el juzgado número 4 de lo contencioso-administrativo estimó parcialmente un recurso presentado por el Partido Popular en septiembre de 2009. De este modo, se anuló el contenido de la fase de acceso, concretamente su base número siete. Dicho de otro modo, enchufar de este modo no es válido.

La decisión judicial no dejaba lugar a la duda. El proceso de selección de este personal era de todo punto inaceptable puesto que ni siquiera incluía un examen. Naturalmente, el que no hubiera prueba de acceso, pública, publicada y con igualdad de condiciones respecto a cualquier otro aspirante, era y es manifiestamente contrario a la Constitución y a la costumbre de cómo se accede en calidad de personal fijo a una administración pública. Por ello, el juez hace mención de la Carta magna cuando dice que es necesario que los ciudadanos concurran en igualdad a unas pruebas con previa publicidad que sirvan para demostrar el mérito y la capacidad requeridos.

Como en los viejos tiempos de la contratación en la Junta impulsada por el PSOE, a los 220 afectados por el proceso, que aún no son funcionarios, se les pedía una memoria conteniendo su experiencia laboral. Según el PP esa tarea «puede haberla hecho cualquiera que no sea el trabajador, o puede copiarse o encargarse a un familiar o a un catedrático».

La sentencia aludió directamente a «la falta de rigor» de sistema y el juez duda de que sea una verdadera oposición que «constate el conocimiento de los candidatos».

Como es costumbre ya, los sindicatos mayoritarios se opusieron, no al método usado por el PSOE, sino a la sentencia. El portavoz sindical de CC.OO, Miguel Arteche, de acuerdo con el equipo socialista de gobierno, cuestionó la explicación del PP y pidió tiempo para estudiar la decisión del juez. Pero eso no ha impedido a CC.OO anunciar la firma de un decreto de la Diputación para la reconversión de todos los contratos temporales de obra o servicio en contratos indefinidos. En la operación se incluyen otros contratos temporales, constituyendo este comportamiento la búsqueda de una vía de escape para evitar que la decisión judicial estropee los planes ya trazados en la Diputación por quienes mandan en ella.

Este concurso oposición cuyas bases han sido nuevamente denun ciadas por el PP, es el colofón del proceso en el que era extremadamente urgente para el PSOE que las listas de admitidos y excluidos salieran a la luz antes de las elecciones municipales.

Y por si fuera poco, cajonazo electoral en la Diputación de CC.OO, UGT y la autoridad competente contra CSI-CSIF

En el proceso de elecciones al Comité de Empresa del próximo 11 de Mayo, CSI-F presentó en tiempo y forma una lista de candidatas/os que cumple con todos los requisitos legalmente exigibles al comité de empresa de la Diputación de Cádiz. El pasado día 25 de abril se proclamaron provisionalmente las candidaturas en la que CSI-F se presentaba por la lista de Administrativos y Técnicos con 10 candidatos. El día 26, que según el calendario electoral era el día para presentar reclamaciones contra las candidaturas, no se presentó ninguna reclamación contra nuestra candidatura.
El día 27, día de la resolución (de las posibles reclamaciones) y proclamación definitiva, les comunicaron que se ha producido la renuncia de uno de sus candidatos, Ya conocían la “presunta” existencia de coacciones y amenazas al menos a dos de sus candidatas/os; coacciones y amenazas que habían denunciado oportunamente tanto ante la Mesa Electoral y ante el Juzgado.

La Mesa les dio 24 horas de plazo para corregir esta deficiencia mediante la presentación de otro candidato. CSI CSIF se negó entendiendo que su candidatura se había presentado en tiempo y forma y que, al no haber habido alegaciones, la lista debió ser proclamada definitivamente, teniendo en cuenta el artículo 71.2 del Estatuto de los Trabajadores.

Pero, pese a que Recursos Humanos intentó mediar para evitar el problema, tanto UGT como CCOO se aferraron a la exclusión de nuestra candidatura, amenazando con demandas en caso contrario. “Ante esta nueva injusticia perpetrada contra nuestro Sindicato (posiblemente motivada por el descalabro que estos Sindicatos están sufriendo en todos los procesos electorales que se están celebrando en las distintas Administraciones Publicas), no hemos visto obligados a denunciar este hecho ante el CMAC y, en su caso, presentar posteriormente, si fuera necesario, una demanda ante el Juzgado de lo Social, a fin de defender nuestros derechos a no ser acosados por motivos sindicales, y a poder participar en estas elecciones, dentro de un proceso limpio y democrático. En definitiva, a que no se conculque el derecho a la libertad sindical”, respondió CSI CSIF.