En los autos de admisión de la querella de Manos Limpias y de auxilio juridisccional al Ministerio de Economía, la juez Alaya subraya que en el atestado policial originario de la investigación «se aportaban importantes datos de la presunta existencia de una trama que tendría por objeto la autorización fraudulenta de Expedientes de Regulación de Empleo con planes de prejubilación anticipada mediante pólizas de rentas colectivas, cuya prima era sufragada en su mayor parte por la Junta de Andalucía y ello en multitud de empresas a lo largo de la comunidad autónoma». Más alto se podrá decir, pero no más claro. Mientras el PP cifra en 349 los ERE que faltan por investigar, la Junta los reduce a 10.

Añade la juez que en tales expedientes «la ilicitud vendría determinada, entre otros motivos, por el hecho de que, a través de dichos ERE resultaban beneficiarios de las pólizas personas que nunca habían trabajado en dichas empresas y todo ello con la presunta intervención o conocimiento de los diferentes empresarios, la Autoridad Laboral (Junta de Andalucía), de los intermediarios en las diferentes pólizas y en su caso, de las compañías aseguradoras». La instructora deduce que la mayor parte de estos falsos trabajadores «se incluían directamente en la tramitación de las pólizas de seguros, no apareciendo sus nombres en la relación de personas afectadas por los ERE».

La juez ha solicitado auxilio jurisdiccional a la Dirección General de Seguros para que ayude a examinar la documentación relativa a las pólizas y le informe de las condiciones técnicas de las mismas después de comprobar que los tomadores de las pólizas son o la Dirección General de Trabajo o sindicatos como la Federación de Industria o Minerometalurgia de CC.OO. de Andalucía o la mediadora de seguros Vitalia Vida y en alguno de los casos, la Tesorería de la Seguridad Social. El auto también destaca el hecho de que en algunos casos «en los que aparecen como asegurados determinadas personas físicas el tomador era la Dirección General de Trabajo, se pactó que en caso de supervivencia de tales asegurados los beneficiarios será empresas como Fomento de Construcción es y Contratas, S.A. y Cespa S.A. y que en caso de fallecimiento de los asegurados los beneficiarios serán sus herederos legales».

Alaya considera que aún no está determinado el número de personas que indebidamente han recibido prestaciones a cargo de dichas pólizas de rentas colectivas financiadas por la Junta y que se deberá efectuar el cálculo necesario para «determinar el perjuicio causado con cargo a los fondos públicos» y en general «el coste adicional que le haya podido suponer a la Junta de Andalucía las primas abonadas en caso de que se hayan inflado artificialmente».

La Audiencia Provincial de Sevilla tiene ahora que resolver recursos de la Junta de Andalucía, del PP y del Sindicato Manos Limpias contra el último auto de la juez sobre la petición a la Administración autonómica de las actas de los Consejos de Gobierno, un conflicto que podría dilucidar el Tribunal Supremo.

Un diputado socialista en los autos

Se trata de Ramón Díaz, diputado andaluz del PSOE. Recuérdese que como informó El Confidencial el PSOE nombró diputado andaluz hace pocos meses a Ramón Díaz Alcaraz, ex secretario de la federación del metal de UGT, ex asesor laboral de la Consejería de Empleo y uno de los presuntos cerebros de la trama de prejubilaciones falsas. Y añadía: “Díaz Alcaraz era colaborador estrecho de Francisco Javier Guerrero, quien denunció ante la Policía Judicial la existencia de un fondo de reptiles de 700 millones de euros en EREs en empresas andaluzas. “Su despacho estaba al lado del de Guerrero y por él pasaban todos los Expedientes de Regulación de Empleo; era quien componía todas las listas”.

Y por si fuera poco,, subrayaba que “La firma de este ex asesor de Empleo aparece en el acta de defunción de la antigua Delphi, la factoría gaditana para la que el Gobierno andaluz prometió 3.000 nuevos empleos e inversiones de 90 millones de euros en la zona con la tasa de desempleo más elevada de toda Europa (30%). Delphi cerró en febrero de 2007 dejando en la calle a 1.800 trabajadores.”

Pues Ramón Díaz vuelve a aparecer en el sumario que obra en poder de la juez Alaya y, más concretamente en la documentación enviada por la propia Junta de Andalucía al juzgado de instrucción número seis de Sevilla. Así, en la carpeta correspondiente a las empresas Fomento de Construcciones y Contratas, FCC y Cespa, entre los papeles, hay uno en el que consta la siguiente anotación: «Entregada documentación a Ramón Díaz el día 29 de mayo de 2009». En esa carpeta, enviada por la propia Junta, aparecen FCC, Cespa y Cristóbal Martínez Victoria como beneficiarios de pólizas que están siendo investigados por la magistrada.

No es la primera vez que el nombre de Ramón Díaz, diputado autonómico socialista, sale en el caso porque fue asesor del propio exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero (1999/2008), ha sido vinculado al ERE de Saldauto y su nombre también ha aflorado relacionado con el de Delphi.

349 ERE pendientes de investigación

El secretario general del Partido Popular andaluz, Antonio Sanz, afirmó hoy que el asunto de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) “muertos” pendientes de investigar asciende a 349.

Sanz aseguró que, frente a las declaraciones en días anteriores de la consejera de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Mar Moreno, en las que indicaba que el asunto de los Expedientes de Regulación de Empleo irregulares “ya no tiene más recorrido en el ámbito político”, “esto acaba de empezar”

“De los 535 expedientes que se investigan en relación con el fondo de reptiles, hay 349 que corresponden a expedientes de ERE ya pagados a través de ayudas sociolaborales abonadas con el fondo de reptiles”,añadió, al mismo tiempo que apuntó que su formación política “insta a investigar todos estos expedientes para saber qué hay detrás de todo esto y por qué la Consejería de Empleo en respuesta parlamentaria ha indicado que había concedido durante los últimos diez años ayudas a una quincena de expedientes de regulación de empleo muertos”.

“La investigación de la Junta está coja. Existen muchos expedientes que no han sido trasladados a la investigación de la Junta ni a la de la jueza del caso, Mercedes Alaya. Este hecho no es más que la prueba de que el PSOE andaluz intenta obstruir la labor de la Justicia, frenando la investigación para ganar tiempo”, puntualizó.

Asimismo, Sanz hizo alusión a la copia de un post-it que dio a conocer ayer el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, y en la que aparece el nombre del ex director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, e indicaciones para otorgar una subvención, y señaló que “no hay ni una sola firma de funcionarios durante la tramitación de todos los expedientes” y que la información enviada a la jueza del caso “ha sido preparada para dificultar la investigación, ya que hay documentos duplicados, desordenados, sin índice alguno y papeles mezclados”.

En este sentido, afirmó que cree que “en la mayoría de los casos ni siquiera existía expediente, por lo que se están construyendo ahora” y como prueba mostró un documento del expediente de ACICO Aceitunas y Conserva S.A.L, en el que se recogen los aspectos que se tenían que tener en cuenta para construir el expediente, es decir, “para pasar del pos-it al expediente”.

“El fraude de los ERE, pensiones ilegales y el expolio desarrollado con el fondo de reptiles y con el dinero de los parados andaluces no ha terminado como dice Moreno, sino que acaba de empezar”, matizó.

Finalmente, indicó que “cada día es más vergonzoso que Andalucía tenga una Consejería de Desempleo y no una de Empleo, y una Dirección General de fondos reservados para socialistas y no una Dirección General de Política Social y Empleo”.