La organización HazteOir.org ha hecho público esta mañana un informe sobre el proyecto de Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación en el que analiza los aspectos más controvertidos de la norma. Según este, la iniciativa legislativa –rebautizada como «Ley Gran Hermano» por facilitar al Estado a intervenir en el ámbito privado– busca imponer por la vía coercitiva el proyecto ideológico del Gobierno. En la presentación intervinieron la magistrada Teresa Fernández de Córdoba y José Castro, portavoz de la plataforma ChequeEscolar.org.

Según las conclusiones del informe, la Ley pretende «obligar por la fuerza a los ciudadanos a acatar los dogmas de lo políticamente correcto y, muy en particular, de la ideología de género y del lobby gay». «Lo que hace esta Ley es precisamente discriminar a los centros que apuestan por la educación diferenciada». Estos son los aspectos más polémicos del proyecto:

1. Castiga al sector de la educación

La ley se marca como objetivo establecer las bases legales que permitan la erradicación de la educación diferenciada, o al menos poner el mayor número posible de dificultades para que crezca.

Como afirma el texto legal, «en ningún caso los centros educativos que excluyan del ingreso en los mismos a grupos o personas individuales por razón de alguna de las causas establecidas en esta Ley –entre ellas, el sexo–, podrán acogerse a cualquier forma de financiación pública».

Según José Castro, «La convención contra la discriminación en la enseñanza, suscrita por España y la Directiva de la UE sobre Igualdad de Trato determinan que la educación diferenciada no será considerada como discriminación. Igualmente, existen numerosos textos jurídicos que reconocen que el derecho a educar corresponde a los padres».

2. Los sindicatos, garantes de la igualdad; los empresarios, culpables

El proyecto convierte a los sindicatos en una especie de policía de la igualdad en la empresa, con la misión de controlar a los empresarios. «El ámbito empresarial es uno de los más atacados», ha afirmado Teresa Fernández de Córdoba.

3. El acusado deberá probar su inocencia

Uno de los puntos más criticados es la ausencia la presunción de inocencia. Los casos de vulneración de esta Ley se añadirán a los restringidos supuestos en los que se invierte la carga de la prueba, por lo que los acusados deberán probar su inocencia.

4. Acatar la Ley tendrá premio

La norma se muestra dispuesta a retirar las ayudas y subvenciones legalmente establecidas para los centros de enseñanza de educación diferenciada, pero ofrece dinero a quien acate sus principios.

5. Limitaciones al derecho de propiedad

El derecho de propiedad resulta seriamente dañado en el proyecto, que antepone un supuesto derecho a la igualdad a la libre disposición de los bienes propios.

6. La ambigüedad sobre los medios de comunicación

Cuando el presente Proyecto se ocupa de los medios, lo hace desde la más absoluta ambigüedad, algo que contrasta con la minuciosidad con que aborda el mundo de la empresa o el sistema educativo.

7. Creación de nuevos organismos de control

El texto legal propone una fiscalía especial dedicada a la «tutela de la igualdad de trato y la no discriminación». El Proyecto contempla también la existencia de nuevas «asociaciones profesionales de trabajadores autónomos y asociaciones y organizaciones».

8. Crea un defensor del pueblo dependiente del Gobierno

El proyecto contempla la creación de una «Autoridad para la Igualdad de Trato y la No Discriminación» con competencias «tanto en el sector público como en el privado». El cargo será nombrado por el Gobierno y sus gastos correrán a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.

9. La igualdad en el empleo, conflictiva

Respecto a la igualdad en el empleo. El caso de las funcionarias de prisiones obligadas a trabajar en módulos masculinos es paradigmático. Habrá casos similares en otras actividades.

10. Establece multas que pueden alcanzar el medio millón de euros

El proyecto califica las infracciones de leves, graves y muy graves y contempla sanciones que van desde los 150 hasta los 500.000 euros. Junto a las multas, la norma prevé también el cierre de negocios y la inhabilitación profesional de los ciudadanos que no puedan demostrar su inocencia.