Aparece otro caso de presunto fraude en la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Ahora es la Fiscalía de Delitos Económicos de Sevilla la que investiga el posible fraude que se habría producido en las ayudas para la creación y mantenimiento del empleo otorgadas por la Administración autonómica y que acaba de llegar hace sólo unos días a la mesa del fiscal encargado del asunto, Fernando Soto. Ahora ha sido la propia Junta de Andalucía la que enviado la documentación a la Fiscalía de Sevilla tras descubrir los hechos.

Tales hechos fueron detectados cuando Manuel Recio, actual consejero de Empleo, decidió realizar su propia investigación sobre el fraude en los Expedientes de Regulación de Empleo. El fraude se ha producido en varias empresas (hay al menos cuatro o cinco) y está relacionado con ayudas que han recibido para la creación y el mantenimiento de los puestos de trabajo. Todas las subvenciones supuestamente fraudulentas son por montantes superiores a los 120.000 euros cada una.

La Fiscalía de Delitos Económicos ha remitido la documentación para que sea estudiada e investigada por la Guardia Civil para precisar si el fraude tiene «algún tipo de nexo» con el caso que también está siendo investigado por el mismo departamento relacionado con un fraude en las subvenciones de la Unión Europea.

Mientras tanto, el Ministerio Público no tomará una decisión sobre la posibilidad de presentar una querella para que un juzgado de instrucción se haga cargo de las diligencias. Es el tercer gran escándalo de fraudes que aparece en la Junta de Andalucía en el seno de la Consejería de Empleo.

Primero fue la trama de ERE fraudulentos concedidos por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, un caso que se hizo público tras conocerse que el propio ex director general, Francisco Javier Guerrero, había admitido ante la Policía Judicial que en la Consejería había una partida, la 31.L, que era considerada un «fondo de reptiles» para ayudar a empresas en crisis y en el que han ido apareciendo numerosos «intrusos» que se acogían a estos EREs sin haber trabajado nunca en la empresa en la que figuraban como beneficiarios. Y, de hecho, esa trama está siendo investigada por la juez de instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, y en ella además del propio ex director de Trabajo ya hay al menos un ex consejero de Empleo imputado, en este caso Antonio Fernández, que ya ha comparecido en el juzgado por este asunto.

Segundo, el fraude cometido en las ayudas procedentes de la Unión Europea y gestionadas por la Junta de Andalucía. En ese procedimiento ya se han tomado declaraciones a numerosos empresarios y ahora está por decidir si se presenta una querella en un asunto que, además de por la Fiscalía de Sevilla está siendo investigado por otras como las de Almería o Cádiz y en las que se han detectado centenares de anomalías en en 6.875 expedientes de empresas y que el 37% de las citadas ayudas de la UE al empleo en Andalucía fueron fraudulentos.

El PP pide, de nuevo, una Comisión de Investigación Parlamentaria

Según el PP, el Gobierno andaluz está obligado a aceptar una comisión de investigación en el Parlamento sobre las irregularidades en los ERE, después de que la consejera de Presidencia de la Junta, Mar Moreno, «haya reconocido que ha existido un fraude» en este caso. Cómo puede Moreno «reconocer el fraude, el caos y el descontrol de las ayudas en la Consejería de Empleo» y sin embargo negarse a la creación de una comisión de investigación en el Parlamento de Andalucíaç, es algo que no entra en la cabeza del PP.