Cada año Grecia pierde más de 16 millones de euros (23 millones de dólares) pagando pensiones a personas fallecidas. Estos datos fueron revelados por la ministra griega de Trabajo, Luka Katseli. La última revisión de la lista de ciudadanos jubilados del país mostró que las familias de 4.500 de ellos continuaban recibiendo los pagos después de su muerte.

Ahora el Gobierno griego también está investigando unos 9.000 casos sospechosos de ciudadanos que tienen más de cien años y siguen cobrando su pensión. Hace falta saber cuántos de ellos están todavía vivos. Lo mismo pasa con los subsidios por desempleo: por lo menos 18.000 personas lo percibían ilegalmente.

Todo ello a pesar de que Grecia ni siquiera puede permitirse pagar pensiones, sueldos y subsidios a los ciudadanos que tienen el derecho de cobrarlos. Subsiste con los créditos concedidos por otros países de la Unión Europea y el FMI, y a cambio tiene que llevar a cabo un programa de reducción del presupuesto social y aumento de los impuestos que provoca protestas masivas de los habitantes del país. Decenas de miles de activistas se reúnen cada día enfrente del Parlamento griego.