Juan José Imbroda.

El presidente popular de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, no sólo tiene de su parte a un importante sector del poder judicial. También los medios de comunicación locales parecen estar volcados con el dirigente, y es muy difícil encontrar alguna información crítica con su gestión. Tal vez se debe a los generosos convenios de publicidad que la ciudad mantiene con los medios más difundidos en la región.

Dados los convenios de publicidad que el Gobierno regional tiene con los principales medios, es muy difícil encontrar alguna publicación de carácter más o menos independiente del poder político.

“Golpe de estado mediático”

Tras el escándalo de los impresos de los votos por correo, Imbroda aseguraba que se había producido un “golpe de estado mediático” para desfavorecer a los populares de Melilla. Parece que el presidente de la Ciudad Autónoma no está acostumbrado a recibir noticias que perjudiquen a su persona en los medios melillenses. Un rápido repaso a publicaciones como Melilla Hoy, El Faro o El telegrama de Melilla bastan para comprobar como editoriales, portadas e informaciones alaban a Imbroda y respaldan cada una de sus acciones.

Convenios de publicidad

El Gobierno de la ciudad autónoma se gastó el pasado año 2.150.000 euros fruto de los convenios suscritos con los medios próximos al PP. Pese a su raquítico número de lectores, el diario Melilla Hoy recibe anualmente 504.849,96 euros, seguido del El Faro, al que la Ciudad Autónoma otorga 455.520 euros. Por su parte, El telegrama de Melilla, sin apenas lectores, le cuesta cada año a la ciudad 288.024,12 euros. Diario Sur de Málaga completa el elenco de la presa subvencionada por el Gobierno regional, y recibe más de 45.000 euros trimestrales. Similar es la situación de las emisoras de radio. La cadena SER recibe 170.297,28€ euros anuales, cantidad que no difiere de la que reciben el resto de emisoras nacionales.

Imbroda, en convenio con los medios

Una publicación recientemente estrenada, Melillense.net, recogía en su primer número un interesante análisis sobre esta situación en la Ciudad Autónoma. El periodista Miguel Gómez Bernardí explicaba que “el Ejecutivo que preside (Imbroda) se ha caracterizado por gobernar en convenio con los media locales”. Además de recordar la financiación pública de prensa y radio, Gómez Bernardí señala que el gabinete gubernamental “ha contado y cuenta con el control de la emisora pública Televisión Melilla (TVM) a través de la presidencia de su consejo de administración, órgano que elige al director-gerente”.

Actividad propagandística

Este control sobre los medios hace que la mayoría de los escándalos en los que se ha visto envuelto Imbroda no salgan a la luz, o pasen muy desapercibidos entre los múltiples elogios que se hacen al PP melillense desde el ámbito de la comunicación.

Actuaciones sospechosas de magistrados de la Audiencia de Melilla

La situación judicial en Melilla, no siempre es tan imparcial como sería deseable. Al margen de las múltiples querellas que ha recibido el presidente de la Ciudad Autónoma, el popular Juan José Imbroda, y que han sido archivadas sin mayores diligencias, en el mundo judicial así como entre la ciudadanía, empiezan a levantarse voces en contra del funcionamiento de la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Málaga con Sede Permanente en Melilla y de las actuaciones de sus miembros. Las sospechas de un mal funcionamiento de la Sección de la Audiencia Provincial de Málaga que rige en Melilla fue uno de los temas más comentados en el ambiente judicial de la Ciudad Autónoma, especialmente en el periodo en que ostentó la presidencia el magistrado José Luis Ruiz Martínez. Éste abandonó su cargo y se trasladó a Granda como titular de un Juzgado de Instrucción (cargo más bajo), después de que en agosto de 2004 varios reportajes periodísticos cuestionaran su independencia e hicieran tambalear su reputación.

El hermano del presidente

De todos conocida es su amistad con Blas Jesús Imbroda, hermano del presidente de la ciudad autónoma, quien desde la presidencia del Colegio de Abogados fomenta sus relaciones con magistrados afines, que apoyan las tesis de los Imbroda. Así ocurrió, por ejemplo, con el periodista Enrique Bohórquez, demandado en reiteradas ocasiones y condenado a pagar indemnizaciones millonarias por las opiniones vertidas en los editoriales de su diario, Melilla hoy.

Jueces y narcotráfico

El juez Peñalver protagonizó un escándalo relacionado con el narcotráfico. La Guardia Civil, que investigaba al narcotraficante Ouassani Mohamed, incautó unas conversaciones en las que Izquierdo solicitaba al traficante un pago de 2.000 euros, y Santos le recomendaba que atendiera a la petición. Pese a que los hechos se demostraron probados, el juzgado que llevaba el caso archivó las diligencias contra ambos jueces primero, y contra el resto de los imputados después.

Benítez Yébenes y la Administración de Imbroda

Un episodio parecido vivió el juez Juan Rafael Benítez Yébenes, sustituto de Izquierdo. Al investigar al narcotraficante Mohamed Halifa, numerosas grabaciones telefónicas ordenadas judicialmente sacaron a la luz la existencia de una auténtica red de institucional de corrupción, y se detuvo, entre otros al consejero de Economía del Gobierno de Imbroda, Francisco Suárez.

Tras un enfrentamiento del Gobierno popular con los jueces, policías y fiscales que les resultaban incómodos, la Sección 7ª de la Audiencia Provincial dictó un oportuno auto, cuyo ponente fue el magistrado Benítez, que decretaba la “nulidad de todas las intervenciones telefónicas practicadas”, por lo que se procedió a la destrucción de todas las grabaciones.

Plataforma Ya está bien

La situación judicial se ha vuelto escandalosa incluso para muchos ciudadanos, que se han agrupado en la plataforma Ya está bien, que hace un seguimiento de las actuaciones de la familia Imbroda y denuncia casos relativos a la justicia, la cultura, la educación y el medio ambiente, entre otros. Además recoge datos sobre las faltas de los Imbroda, así como de otros miembros el Gobierno popular de Melilla.

¿Por qué archivan todas las causas judiciales contra Imbroda?

El escándalo de los impresos de solicitud de voto por correo que el PP de Melilla imprimió de cara a las municipales no es la única causa relacionada con el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, que queda archivada sin apenas practicar ninguna diligencia. El líder de los populares de la región se ha visto envuelto, desde su llegada al poder en 2000, en numerosos procesos judiciales que, misteriosamente, se han archivado sin que ninguno de ellos acarree consecuencias para Imbroda ni su círculo más cercano. La situación judicial de Melilla está siendo cuestionada desde hace algún tiempo, tanto por miembros del sistema jurídico, como por la ciudadanía de la región en general. Y es que, al margen de otros comportamientos poco comunes, la manera en que la Justicia de la Ciudad Autónoma ha favorecido a la familia Imbroda no deja de ser, cuanto menos, sorprendente. En una ciudad donde la mayoría de sus alcaldes democráticos han sido condenados por diferentes delitos, el actual dirigente, Juan José Imbroda es, estadísticamente, sobre el que más acciones penales se han iniciado. En todos los casos salió indemne, al igual que sus colaboradores más cercanos.

El voto por correo

La última causa en la que se ha visto envuelto el alcalde popular fue en la relacionada con los supuestos delitos de falsificación de las solicitudes del voto por correo. La jueza Julia Adámuz, que sustituía a la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Melilla, decretó el sobreseimiento libre y archivo del caso sin practicar ninguna prueba, y dejando en una cómoda postura a Imbroda y los suyo. No es la primera vez que se actúa de esta manera en la Ciudad Autónoma.

Llegada a la alcaldía

La propia llegada a la alcaldía de Imbroda, en 2000, estuvo rodeada de polémica. Abdelmalik Tahar, tránsfuga del PP, abandonó su escaño para evitar que prosperase una moción de censura presentada por Imbroda contra el que fuera alcalde entonces, Ignacio Velázquez. Con la asistencia jurídica de Blas Jesús Imbroda (hermano del dirigente popular, Tahar aseguró que Velázquez le había sobornado, prometiéndole 50 millones a cambio de su dimisión. Estos hechos llevaron a la fusión entre UPM (formación a la que pertenecía Imbroda) y el PP, e Imbroda asumió la alcaldía. El caso se silenció, pese a que finalmente se demostró la inocencia de Velázquez.

El caso de Air Nostrum

En 2002, otra querella contra el presidente popular de Melilla fue archivada sin más trámites. Se le acusaba de haber subvencionado con mil millones de pesetas a la compañía aérea Air Nostrum, propiedad de la familia Serratosa, con la que Imbroda había mantenido prósperas relaciones mercantiles. Con la excusa de que dicho dinero iba destinado a abaratar los costes de los vuelos a la península, la sentencia fue archivada, y la Audiencia Provincial ratificó el fallo.

Más subvenciones sospechosas

Otro caso de subvenciones irregulares que puso a Imbroda en el punto de mira tenía que ver con la empresa concesionaria de la limpieza de la ciudad, FCC, a la que se le adjudicó un contrato en 2001, pese a haber hecho la peor oferta. Así lo hizo constar el propio consejero de Medio Ambiente, sin que el hecho tuviera ninguna consecuencia posteriormente.

Aisa Mohamed y Naveluna

El presidente melillense también se ha visto envuelto en casos de urbanismo. Según constaba en la denuncia, Imbroda habría pagado unos 192.000 euros al concejal del PP Aisa Mohamed para que se pasara al grupo mixto. La operación fue supuestamente financiada por la empresa Naveluna -a cuyos socios se relaciona con el narcotráfico-, que se vio recompensada con la permuta de un solar situado en una zona pobre de la ciudad por otro propiedad del ayuntamiento en pleno Paseo Marítimo. El juez Mario Alonso archivo el caso sin llevar a cabo ningún trámite.

Blas Jesús Imbroda

El hermano del alcalde-presidente, Blas Jesús Imbroda, quien es decano del Colegio de Abogados de Melilla, también ha salido de sus encuentros con la Justicia sin recibir ningún castigo. Muy sonado fue el caso en el que la empresa del suelo público Envismesa y la mercantil Llanos de Hidum, de la que es socio el abogado se vieron envueltos en un escándalo urbanístico. El asunto también se ha archivado, pese a que incluso existían grabaciones telefónicas que admitían transacciones irregulares.

Blas Jesús también fue denunciado por la desaparición del libro de enterramiento de la Guerra Civil, que él se había llevado a su despacho. Las actuaciones fueron archivadas con una rapidez inusitada por la juez sustituta Loreto Tárraga.