Nuevo paso en la ofensiva que la Justicia tinerfeña ha emprendido para anular la mayoría de los contratos especulativos conocidos como swap (permuta, canje, en inglés) que comercializó profusamente cierta banca en las Islas (y en toda España) en los primeros años de la actual crisis económica. En esta ocasión ha sido un magistrado con plaza en La Laguna el que ha aceptado la solicitud de medidas cautelares por parte de una familia para evitar arruinarse por el pago de los recibos mientras se sustancia el caso en el juzgado.

Concretamente se trata del titular del juzgado de Primera Instancia de la ciudad de los Adelantados, Francisco Cabrera Tomás, quien dictó el mes pasado estas medidas preventivas para que el Banco Santander deje de pasar recibos a un funcionario público, ya que se trata del único salario que entra la casa dado que su esposa está desempleada.

Un párrafo resulta revelador de los motivos por los que el juez adopta las medidas cautelares, hasta ahora no dictadas en los procesos conocidos en la Isla.

Así, explica el magistrado que “de no adoptarse la medida cautelar, transcurrido el tiempo y llegado el momento de ejecución de la sentencia que hubiere acogido la pretensión del actor [el policía], éste puede encontrarse en una situación de crisis económica por haber superado la supuesta conducta ilícita de la demandada con sus nuevas liquidaciones, las posibilidades de su economía familiar”.

En contraposición, el auto en cuestión razona que “por contra, los posibles daños que si se adopta la medida pudiere sufrir la demandada, primer grupo financiero del país, serían efímeros, frente al peligro de un daño inmediato que podría sufrir una economía familiar, como es la del demandado, [un funcionario público] de profesión con su esposa en paro, si la demandada siguiera efectuando las liquidaciones periódicas”.

A este respecto cabe destacar que el riesgo que cita el magistrado deviene de que el funcionario, a pesar de haber iniciado un proceso para anular el contrato swap, ha abonado hasta cuatro recibos, cuya cuantía se ha elevado exponencialmente. Así, el primero fue de 1.694, 47 euros, el segundo de 487,67, el tercero (favorable al funcionario) por 502, 73 y el cuarto, nada menos que un pago al banco de 5.632,77 euros. En total, 5.632,77 euros a favor de la entidad financiera.

Los swap son un contrato por el cual dos partes se comprometen a intercambiar una serie de cantidades de dinero en fechas futuras, generalmente referenciados a tipos de interés. Aunque son legales, la Justicia los está anulando dado que ciertos bancos ocultaron a sus clientes la verdadera naturaleza de este producto, altamente especulativo.

Contratos nulos

Como en otros puntos del país, la Justicia tinerfeña está aceptando mayoritariamente la demanda de los clientes para anular los contratos swap y similares. El motivo jurídico es el vicio en el consentimiento del cliente, dado que resulta probado que los bancos ocultaron información trascendental.

Una solución que ahora se revela fallida a los riesgos corridos en sus créditos. Ésta parece la razón por la que cierta banca aportó en España mayoritariamente en los primeros años de la crisis por los swap.

Más de mil afectados en las Islas y unos 25.000 en toda España. En Santa Cruz, bufetes como Iuriscan y Sirvent & Granados se han destacado en la defensa de los clientes. Asociaciones como Ausbanc también asesoran.