La Junta de Andalucía recurre al Supremo con tal de no entregar a la jueza Alaya las actas de los Consejos de Gobierno
Tras conocerse el parecer de la Audiencia Provincial de Sevilla, que en un auto declaró que las actas de los Consejos de Gobierno no son secretas como argumentaba el equipo de José Antonio Griñán y que, por ello, procedía su entrega a la jueza Alaya en el contexto del caso de los ERE, la Junta se niega a hacer efectiva la resolución judicial y considera, ganando tiempo, que si entrega o no las actas debe decidirlo el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción del Supremo.
Según Efe, fuentes del Gobierno andaluz, el conflicto que ha sido planteado por la Junta de Andalucía “todavía no ha sido tramitado por el Juzgado de Instrucción número 6”, cuya titular es la magistrada Mercedes Alaya y que investiga las ayudas de la administración andaluza a los ERE irregulares.
La Junta ha reaccionado así después de que la Audiencia de Sevilla haya determinado que las actas de los consejos de Gobierno andaluz no son secretas, en un auto en el que rechaza su recurso contra la petición de la juez que investiga los ERE fraudulentos de que se le entregasen las actas de dichas reuniones desde 2001.
El Gobierno andaluz recalca que “la cuestión de fondo, es decir, la procedencia de la entrega de todas las actas del Consejo de Gobierno” a la juez, debe resolverla el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción del Supremo.
También pone en cuestión que la juez suspendiera la tramitación del conflicto de jurisdicción ante el Supremo, tal como le había planteado la Junta, “ya que no hay norma legal alguna que apoye dicha suspensión o paralización”.
La Junta de Andalucía, que asegura que no tiene conocimiento oficial de la resolución de la Audiencia Provincial de Sevilla, confía en que el Tribunal de Conflictos se pronuncie y que la juez Alaya le remita las actuaciones.
“Sería absolutamente contrario a derecho no tramitar el conflicto y, por lo tanto, el acceso a las actas por parte del Juzgado no podrá realizarse sin haber solventado previamente el conflicto planteado”, han argumentado las mismas fuentes.
Recuérdese que el auto de la Sección Séptima de la Audiencia desestimó los recursos planteados por los letrados de la Junta contra las sucesivas peticiones que le trasladó la juez de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, para que se le remitieran las actas de los consejos de Gobierno.
La Junta de Andalucía argumentó que dichas actas eran material reservado y las deliberaciones del Gobierno secretas, por lo que planteó ante la juez un conflicto de jurisdicción, tras lo que la magistrada dejó su tramitación en suspenso, “por coherencia procesal”, hasta que se resolvieran los recursos planteados ante la Audiencia.
En un auto notificado a principios de mayo a las partes, la juez acordó no tramitar de momento ante el Tribunal Supremo el conflicto de jurisdicción planteado por la Junta por su negativa a entregar las actas de los consejos de gobierno desde 2001.
