El alcalde San Sebastián y varios de sus ediles, en un acto del ayuntamiento una vez retirado el retrato del rey que presidía hasta anteayer el Salón de Plenos.

Poco más de un mes. En ese tiempo Bildu ha pasado de rozar la ilegalización a tener las mayores cotas de poder que jamás haya logrado la izquierda abertzale en el País Vasco. El pasado 22 de mayo se alzó como primera fuerza política en número de concejales; los 276.000 votos obtenidos le aseguraban 74 alcaldías con mayoría absoluta, y las 120.000 papeletas de Guipúzcoa le daban opciones a gobernar en la diputación de esa provincia. Finalmente se hizo con más de un centenar de ayuntamientos, incluido el de San Sebastián, y esta misma semana, Martin Garitano se ha convertido, ante la falta de acuerdo entre PNV y PSE, en diputado general. Los analistas políticos achacaron el arrollador éxito de la coalición a su capacidad de canalizar las esperanzas de paz de la sociedad vasca. Pero sus primeros pasos despiertan dudas.

Bildu parece hablar exactamente el mismo idoma que la ilegalizada Batasuna. Repite sus gestos y sus propuestas. No es casual que históricos de la extinta formación como Rufi Etxebarria y Joseba Permach asistieran con alborozo a la investidura de Garitano en las Juntas Generales guipuzcoanas, ni que este llevara un pin en la solapa con el número de preso de Arnaldo Otegi durante la trascendente jornada.

El último movimiento controvertido de esta conjunción de intereses formada por «independientes» radicales, Eusko Alkartasuna y Alternatiba, lo protagonizó ayer su portavoz, el también secretario general de EA, Pello Urizar. Aseguró que, «sin alarmismos ni radicalismos», trabajará por eliminar del cupo -la aportación de las diputaciones vascas al Estado- las partidas destinadas a la Casa Real, el Ejército, la Guardia Civil y la Policía Nacional. Urizar recordó que esta propuesta está recogida en el programa con el que concurrieron a los comicios municipales y forales y adujo que el País Vasco «es una de las zonas con mayor presencia policial y militar», pese a que «la mayoría social no se siente identificada ni por unos ni por otros».

Es cierto que se esforzó en adoptar un tono moderado y aseguró que su propuesta consiste en ir «relativizando y disminuyendo» poco a poco el marco de actuación y las aportaciones económicas que desde el País Vasco se realizan para sostener tanto a la Policía como al Ejército. Pero dejó claro que no renunca a ese objetivo.

Las declaraciones del máximo representante de EA se produjeron apenas un día después de que el alcalde de San Sebastián, Juan Karlos Izagirre (Bildu), retirara el retrato del rey Juan Carlos del salón de plenos, contraviniendo así el artículo 85.2 del Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales, aprobado por Real Decreto en 1986. Y de algunos otros episodios que mantienen en vilo al resto de fuerzas políticas.

Según Urizar, «es algo bastante normal» en consistorios del País Vasco y Navarra que no haya una efigie del rey en la sala de plenos. Pero no se trata ya de símbolos. Que según accediera al poder en Lizarza (Guipúzcoa) Bildu, retirara de la balconada del consistorio la bandera española -lo que también supone un incumplimiento de la legislación vigente- o que en el ayuntamiento de Andoain se impidera la entrada a los escoltas de los concejales del PP y el PSE sin haberlo hablado previamente con ellos, es significativo. Pero más alarmante fue el hecho de que, en su discurso durante el pleno de investidura, Garitano no hiciera nada por distanciarse de ETA y obviara los llamantientos de todos y cada uno de los portavoces de la oposición para exigir su disolución.

No solo eso, instó una negociación entre ETA y el Gobierno para alcanzar una «solución política» en la que «todos -dijo- salgamos ganando» con el argumento de que «todos hemos perdido». Es decir, no hizo distinción alguna entre las víctimas y los terroristas. Y de paso, pidió una nueva política al Ejecutivo en relación a los presos de la banda criminal.

Esperar y ver

El Gobierno ha asegurado que lo que está ocurriendo, de momento no le gusta nada. Lo afirmaron así José Luis Rodríguez Zapatero y Alfredo Pérez Rubalcaba el viernes. Pero en el fondo no dan nada por perdido y de alguna manera mantienen viva la expectativa de que la llegada de Bildu al poder signifique, como aseguró también el jueves el minsitro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, que se ha entrado en una «fase definitiva» para el fin de la violencia. Lo que no quiere decir que no haya resquemores. La estrategia es la de mantenerse vigilantes, advertir de que si en algún momento se cruzan líneas rojas el Estado actuará y mantener la templanza.

Los mensajes de advertencia a Bildu también llegan desde el PNV, que ha sido clave para que la coalición se alzara con semejantes cotas de poder porque le facilitó la entrada en San Sebastián y en otros ayuntamientos vascos. El presidente del EBB, Iñigo Urkullu, aseguró esta semana que, sintiéndolo mucho, no está viendo «una apuesta decidida por una nueva manera de hacer política» e incluso confesó que le preocupa cómo los electos de la formación independentista están ejerciendo el poder en sus primeros pasos.

Ayer, tras el anuncio de Urizar, la respuesta del Gobierno no se hizo esperar. El ministro de Fomento, José Blanco, afirmó que el Ejecutivo «obligará» a Bildu a que «cumpla la ley» en materia de símbolos, ya sea en el caso del retrato del rey como de la bandera española. «He de decir con toda claridad, y con toda cordialidad, pero para que me entienda todo el mundo, que las leyes están para ser cumplidas. Y desde luego, el Gobierno obligará a que se cumplan», sentenció. Con este son ya dos los toques de atención que el Ejecutivo ha dado a Bildu desde que se hiciera con el poder. La primera, a raíz del veto que la alcaldesa de Hernani, Ana Carrere, impuso a la entrada de los escoltas en las dependencias municipales.

También el parlamentario del PP vasco Carlos Urquijo advirtió ayer de que la Policía y la Guardia Civil tienen «mucho que hacer y un papel constitucional que jugar», y replicó a Urizar que su repliegue «no es una demanda sentida por el conjunto del País Vasco». «El único problema que tenemos aquí es de falta de libertad como consecuencia de la existencia del terrorismo», sentenció con rotundidad.

La etarra Aurore Martin aparece otra vez en Bayona

Por su parte, la etarra Aurore Martin participaba el sábado en Bayona (sudoeste de Francia) en una protesta contra la orden de captura europea emitida en su contra por la justicia española por su pertenecer a la Mesa Nacional de Batasuna.

“Estoy sorprendida por la cantidad de gente que vino. Lo necesito para poder continuar, porque la detención llegará”, pero “pase lo que pase, la batalla política está ganada”, ha dicho la terrorista poco antes de comenzar la manifestación. El martes pasado un operativo policial para detener a Aurore Martin fue “detenido” por “disturbios del orden público”.

La organización Askatasuna había indicado que unos 40 proetarras había logrado interrumpir el desarrollo del operativo policial para detener a Martin, tres días después mostrarse por primera vez en público desde su paso a la clandestinidad el 21 de diciembre pasado. Sin embargo, la orden de detención “será aplicada”, afirmó el ministro del Interior, Claude Guéant.

Aurore Martin pasó a la clandestinidad para evitar su traslado a España, que la reclama por su pertenencia a la mesa nacional de Batasuna, partido independentista vasco declarado ilegal en España desde 2003 por formar parte del entramado de la organización separatista armada ETA.

La justicia española también le reprocha artículos publicados en el diario independentista vasco Gara, habitual canal de reivindicación de ETA.

El sábado pasado, la joven apareció en una reunión pública en Biarritz junto a sus padres. A principios de junio había anunciado su decisión de salir de la clandestinidad y “empezar una vida pública normal”.