La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha metido a la futura ley de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida, más conocida domo ley de muerte digna, en el saco de “leyes que toleran e incluso regulan las violaciones del derecho a la vida” y que, por tanto, son “gravemente injustas y no deben ser obedecidas”.

Así lo ha explicado y pedido el portavoz de la jerarquía católica, Juan Antonio Martínez Camino. El obispo madrileño ha explicado que la futura norma, debatida en la reciente comisión permanente, “deja las puertas abiertas a la legalización de conductas eutanásicas que lesionarían gravemente los derechos de la persona, su dignidad y su vida”. Como ejemplos de estas prácticas citó al abandono terapéutico, la sedación inadecuada y la falta del “debido cuidado” como la alimentación y la hidratación.

El portavoz ha afirmado que leyes como la que será debatida a partir de septiembre en el Congreso de los Diputados “ponen en cuestión la legitimidad de los poderes públicos que las elaboran y aprueban”. “Es necesario –ha enfatizado– denunciarlas y procurar, con todos los medios democráticos disponibles, que sean abolidas, modificadas o bien, en su caso, no aprobadas”.

Libertad religiosa

El texto episcopal también denuncia que la futura normativa “no tutela bien el derecho fundamental de libertad religiosa”. Para los obispos, “el proyecto en su conjunto, de ser aprobado, conduciría a una situación en la que los derechos de la persona en el campo del que se trata estarían peor tutelados que con la legislación actual”.

Aunque hace un mes el cardenal de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela, aseguró que, tras consultar con expertos de la CEE, esta “no es una ley de eutanasia”, Camino lo ha negado y ha defendido que Rouco no había dicho exactamente eso, sino que se trató de un primer juicio y sobre el primer borrador”.

Presión sobre ancianos y discapacitados

El documento episcopal carga con dureza contra el proyecto presentado por el Ministerio de Sanidad. A su juicio, “la legalización de la eutanasia es inaceptable” no solo porque supondría la legitimación de un grave mal moral, sino también porque crearía una intolerable presión social sobre los ancianos, discapacitados o incapacitados, conduciría a verdaderos homicidios, e introduciría en las familias y las instituciones sanitarias la desconfianza y el temor ante la depreciación y la mercantilización de la vida humana”.

No obstante, los prelados reconocen que el proyecto tiene “una intención laudable”, ya que protege la dignidad de la persona en el final de la vida sin despenalizar la eutanasia, Pero también critican que “se maltrata” el derecho a la libertad religiosa, al ser “reducido a la mera tolerancia de la práctica religiosa, sometida además de modo absoluto a condicionamientos jurídicos indeterminados”.