A 31 de diciembre de 2010, habían pasado por el Centro de Internamiento de Extranjeros de Barcelona (CIE) 1.742 personas en proceso de expulsión administrativa. De ellos, fueron devueltos a sus países 1.118, mientras que 561 quedaron en libertad. Es decir, que un 33,41% no pudieron ser expulsados, según refleja la memoria del año de la sección de extranjería de la Fiscalía de Barcelona, quien quiere potenciar este año los procedimientos para devolver a su país a los que hayan cometido delitos, en lugar de actuar preferentemente contra los que no tienen papeles en regla.

En 2010, el ingreso en el CIE es un procedimiento administrativo iniciado por la policía. Cuando se detiene a un extranjero que no cumple los requisitos para estar en España hay un plazo de 72 horas para su expulsión. Si no es posible en este término, se solicita al juez su internamiento en el centro. En el 46% de los casos de 2010, el magistrado aprobó la medida, y la Fiscalía informó a favor del 62% de las solicitudes.

Una vez en el CIE, el plazo máximo de permanencia es de 60 días. Según la memoria de la Fiscalía, la media de estancia en 2010 fue de 24 días y sólo en tres fue superior a 40, sin sobrepasar los 45. Sin embargo, un tercio de los expedientes no concluyeron en expulsión. Los motivos son varios: desde resoluciones judiciales favorables al extranjero a que su país de origen no acepta su repatriación. La cuestión es que, a lo largo de 2010, 561 personas que pasaron por el CIE quedaron en un limbo legal: libres, pero sin documentos. En las cifras de la memoria se explicita que de los 1.742 internados, 1.715 eran hombres y 27 mujeres. Las principales procedencias fueron Marruecos (547) y Argelia (351). El resto, hasta 66 nacionalidades distintas, están a mucha distancia.

Desde el pasado mes de diciembre, el Código Penal permite la expulsión de los extranjeros que han cometido delitos penados con hasta seis años de cárcel. La Fiscalía es partidaria de centrar los esfuerzos en esta medida, aunque hasta ahora la acogida en los juzgados es muy irregular.

La memoria destaca que en las inspecciones hechas por la Fiscalía en el CIE no hay irregularidades, y que ni las oenegés ni el Col·legi d’Advocats se han puesto en contacto con los fiscales para denunciar deficiencias.