El Gobierno volvió a frenar ayer el coche ante el precipicio y en el último segundo. La vicepresidenta Elena Salgado logró salvar tras una frenética tarde-noche de negociaciones con los grupos nacionalistas la aprobación en el Congreso de la cifra del techo de gasto público para 2012, el trámite sin el cual el Ejecutivo no puede elaborar y ni presentar en el Parlamento los Presupuestos del Estado para el próximo año.

Nadie en el Gobierno ni en el PSOE tenía dudas. Si pasadas las nueve de la noche llegan a perder la votación parlamentaria, el mismo día en el que los mercados atacaron con saña a la deuda pública española y volvieron a colocar al país ante el fantasma de la intervención, hubiese sido la puntilla para el gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero, que se hubiese visto abocado, sin apoyos políticos, a un adelanto electoral.

La vicepresidenta económica se pasó el día al teléfono, en ocasiones con tono de súplica y de evidente desesperación, para convencer a los principales líderes de CiU y del PNV de que facilitasen la aprobación del techo de gasto con su abstención, ya que no estaban dispuestos a dar el sí.

El hueso más duro fue Josep Antoni Duran i Lleida, quien amenazó con el ‘no’ hasta última hora y solamente dio su brazo a torcer -«por responsabilidad ante la gravedad del momento»- diez minutos antes de que Salgado tuviese que subir a la tribuna del Congreso para defender su marco presupuestario para 2012.

Josep Antoni Duran i Lleida apretó a la nueva número dos del Ejecutivo hasta que logró algunas promesas para aliviar en los próximos meses las dificultades financieras por las que atraviesa la Generalitat de Cataluña.

Salgado mantuvo en paralelo una negociación no menos dramática con el líder del PNV, Iñigo Urkullu, y su portavoz en el Congreso, Josu Erkoreka, en la que invocó de continuo a que si la votación se perdía la situación financiera internacional de España pasaría a una situación crítica. Si CiU terminaba por votar ‘no’ necesitaba para evitar la derrota el ‘sí’ de los vascos.

Al final, el Gobierno salvó la votación con los únicos 169 votos positivos de los socialistas y gracias a las abstenciones de Convergència i Unió, Partido Nacionalista Vasco, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro, los dos últimos socios de gobierno del PSOE en ambas comunidades. Pese a todo, ninguno ahorró duras críticas al Gobierno y a su gestión económica, pero justificó su postura por «responsabilidad», para no acabar con la mínima estabilidad institucional que precisa el país para enfrentar el enconamiento de la crisis de la deuda.

Como en un ‘déjà vu’, el Congreso revivió durante horas el nerviosismo y el miedo de las otras dos tardes en las que José Luis Rodríguez Zapatero estuvo más cerca del desastre político. En mayo del 2010, cuando por un solo voto -y gracias a la abstención final de CiU- logró aprobar el duro decreto de ajustes y recortes del gasto público que la Unión Europea le exigía para evitar una intervención como la griega, y el pasado 22 de junio, cuando ‘in extremis’, segundos antes de la votación, el Ejecutivo consiguió tras algunas cesiones la abstención del PNV y de CiU para ratificar el decreto de reforma de la negociación colectiva, una exigencia de los mercados para darle una tregua.

«Electoralista»

El Gobierno, una vez más, estaba en manos de los nacionalistas. El PP, como en las dos ocasiones anteriores, no iba a atender a invocación al interés nacional. Su voto sobre el techo de gasto fue siempre un ‘no’. No les frenó ni la probable caída del Gobierno ni los posibles daños a la imagen de España. Defendieron que se trata del anticipo de un mal Presupuesto para 2012, que no aboga ni por la austeridad en el gasto ni por el ahorro, y en el que ve un claro tinte «electoralista».

El partido opositor defendió la necesidad de un cambio de Gobierno que aplique otra política para salir de la crisis y que dé credibilidad en el exterior.

Los grupos de izquierda -IU, ERC, BNG y UPyD-, por razones totalmente diferentes, unieron sus votos a los del PP para derrotar el techo de gasto, por considerarlo una nueva vuelta de tuerca de la política neoliberal de Zapatero y otra concesión a lo que consideran la dictadura de los mercados financieros.

La vicepresidenta Elena Salgado señaló que hoy (por ayer), «más que nunca», era necesario mostrar el «fuerte compromiso (de España) con la austeridad del gasto» para tranquilizar a los mercados y anticipó que cuando el Gobierno traiga en septiembre al Congreso el proyecto de Presupuestos Generales del Estado la reducción del gasto público para 2012 será aún mayor que el 3,8% que ya incluye la previsión de techo de gasto aprobada.