Hace algunos días andaba yo tomando un café con un amigo. Uno de esos cafés de sorbo lento en los que importa poco el sabor y uno disfruta más de las palabras, las complicidades y las experiencias compartidas que de la fina crema que lo cubre. Después de ponernos al día con asuntos varios, empezamos a departir, en un momento determinado, sobre el estado de salud de lo que queda de España. Y yo le expuse que si viviéramos en un país normal –legislativamente hablando claro está-, sería impensable que personajes como Alfredo P., envueltos hasta la médula en chanchullos varios camparan a sus anchas por la vida política con la impunidad con la que lo hacen en nuestro país. Y, lógicamente, hablamos ampliamente del caso Faisán, máxime ahora que el juez Pablo Ruz ha procesado al ex director general de la Policía y dirigente del PSE en Álava Víctor García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies, y un inspector de la Brigada de Información de Álava, José María Ballesteros porque hay pruebas evidentes que pudieron cometer delito de revelación de secretos y encubrimiento o colaboración con banda armada.

Sin embargo, mi amigo me contestó diciendo que desconocía lo del caso Faisán y que en cierta medida no le parecía tan grave como yo le argumentaba. Reconozco que me sorprendió. Días más tarde, y pensando que sólo se trataba de un caso aislado, pregunté a otras personas si conocían la existencia del chivatazo a la ETA. Para mi asombro nadie lo conocía, aunque alguno había escuchado algo al respecto. Otros señalaron que lo más importante era la crisis económica y que eso era un trapicheo de periodistas. Otros se justificaron diciendo que si ya no cometían atentado alguno había que hacer todo lo posible para evitar que se volviese a matar. Pero nadie, absolutamente nadie, consideraba este asunto de extrema gravedad. Empecé a investigar y me di cuenta que la prensa catalana había dedicado muy pocas piezas informativas a hacerse eco del caso y cuando lo hacían se aseguraban de no clavar el diente, quizás con objeto de que pasase absolutamente desapercibido. Es decir, un silencio informativo sin parangón desde el oasis. ¿Pero cómo podemos estar tan impasibles ante uno de los casos que más arcadas producen como es el chivatazo de órganos policiales, al servicio del gobierno, para que ETA escapara en el Bar Faisán? ¿Nos imaginamos que pasaría si un miembro del FBI avisara a un miembro de Al-Qaeda de que huyera porque va a ser detenido? ¿Nos imaginamos que ocurriría si un miembro de Scotland Yard avisase a un terrorista del IRA que lo van a capturar? No sólo caería el máximo responsable de la policía, sino el gobierno en pleno. Y aquí el no dimitir se ha convertido en una tradición más a añadir a las ya habituales.

Ciertamente, no sé que me produce más perplejidad, desazón y rabia; si un gobierno que en vez de acabar con ETA con la ley en la mano y con el estado de derecho, es capaz de vender su alma y nuestra dignidad con tal de mendigar un final de ETA a cualquier precio, o la indiferencia y la desinformación de una sociedad que escurre el bulto, se rinde y gira la cabeza, manipulada por un poder orwelliano que domina las artes que el marqués de Sade dejó a medio camino y cuyo máximo exponente se llama Alfredo P., portavoz del gobierno de los GAL y ministro del interior durante el chivatazo.

El mismo que quiere salir de rositas de este caso. El mismo que se jactaba en afirmar que España no se merecía un gobierno que no mintiera. El mismo que violó la jornada de reflexión durante el 13-M. El mismo que fue portavoz del gobierno que nos arrastró al borde de una situación como la del corralito argentino y que ahora parece tener la receta mágica para salir de la crisis. El mismo portavoz del gobierno que llevó al país a las cotas de corrupción más profunda de toda su Historia. El mismo que calló y ocultó el latrocinio del Banco de España, FILESA, la caja de los huérfanos de la guardia civil, el Boletín Oficial del Estado y otros menesteres. El mismo que se las ingenió para que no lo encausaran por el terrorismo de Estado del GAL. Este es, mismamente, el hombre que en un país normal debería sentarse en el banquillo de los acusados, o como mínimo estar de por vida fuera de la vida pública, y no postularse a la presidencia del gobierno.

Pese a todo, aunque algunos seamos tildados de cavernarios so pena de ser quemado en la hoguera del buenismo congénito y cierta superioridad moral, seguiré sin callarme. A pesar del silencio mediático, a pesar de los múltiples obstáculos, a pesar de que algunos quieran salir de rositas del caso Faisán. Muchos seguiremos clamando por un final del terrorismo con vencedores y vencidos. Porque las víctimas, ahora y siempre, merecen memoria, dignidad y justicia.