El 9 de junio de 2011, el presidente Griñán respondía a una pregunta del portavoz de IU sobre el aumento del número de diputados en el Parlamento de Andalucía apelando al consenso. Concretamente afirmaba, investido de respeto institucional, que los cambios de las reglas del juego sólo se pueden realizar por unanimidad. Que no deben alterarse ni unilateralmente, ni con el acuerdo de dos fuerzas políticas.

Sólo un par de semanas después olvidaba este compromiso para erigirse ante Andalucía como el perseguidor de alcaldes. Ya no importaba romper las reglas de funcionamiento ni romper la unanimidad y el consenso, ya no tenía peso la palabra dada recientísimamente. Sólo con este cambio de postura, Griñán demuestra que no es un político fiable. Si a ello le añadimos que es el máximo responsable del fraude de las prejubilaciones y que, en consecuencia, ha gestionado más de 700 millones de euros con oscurantismo, su retirada de la política se convierte en un beneficio objetivo para nuestra sociedad.

Las leyes son para mejorar la convivencia. Nunca para utilizarlas como arma arrojadiza buscando venganzas personales, ni castigos hacia objetivos muy concretos por conveniencias interesadas. Esta conducta elegida por el presidente de la Junta, evidencia la desesperación del partido socialista por el fin de ciclo, por el fin de un régimen, por el fin de la hegemonía despótica que han venido practicando los defensores del pensamiento único. Pero también evidencia con demasiada claridad la falta de escrúpulos de nuestros actuales gobernantes.

Los alcaldes andaluces pueden pertenecer al Senado, al Congreso de los Diputados y al Parlamento Europeo. En estos foros democráticos no se cuestiona su compatibilidad. De hecho el propio PSOE tiene en las referidas cámaras a varios alcaldes de nuestra tierra. Se da entonces la paradoja, de que es en el Parlamento que más nos representa, en el único en el que un alcalde andaluz está vetado. Es en el único en el que no puede alzar su voz para trasladar problemas de Andalucía.

Ahora, bajo el paraguas de medidas por la transparencia, el PSOE presenta esta venganza contra los alcaldes porque el PP ha ganado las elecciones municipales. En 2005, con el pretexto del impulso democrático, aprobaron el “pensionazo” de Chaves y las cesantías para los altos cargos del gobierno andaluz. Estas paguitas a la carta han supuesto al erario público tres millones de euros desde entonces.

Son todas ellas maniobras de perdedores, de los que se preparan para hacer trampas de última hora, de los que están nerviosos porque se les viene encima la vida normal, de los que se rebelan por prescindir de influencias y del poder absoluto. Para ellos y para el infinito número de familiares que se benefician de prebendas en la administración autonómica es un desconocido problema pertenecer a las listas del paro, buscar trabajo en igualdad de condiciones, esperar su turno en el INEM.

Conociendo el percal no es de extrañar que los perdedores recurran a todo lo imaginable y a más. Veremos sus artimañas escabrosas antes de las próximas elecciones nacionales y autonómicas. Existirán linchamientos, siempre contra los adversarios políticos. Se pondrán en marcha campañas de difamación implacables. Muchas personas sufrirán auténtica persecución camuflada de cualquier otra cosa para disimular y justificar las tropelías. Conoceremos la mezquindad más cruda. Presenciaremos el hundimiento de una época que hace tiempo se ha convertido en dañina para Andalucía.

Los grupos políticos que ahora se unen para expulsar a los alcaldes del Parlamento, PSOE e IU, deberían explicar si se aprovechan de la política para no devolver los créditos que contraen con las Cajas de Ahorro de nuestra tierra. No ignoran que numerosas familias de trabajadores andaluces han perdido sus hogares por no poder responder a sus obligaciones con estas mismas entidades.

La resistencia final no siempre es admirable. No siempre es un acto de valentía ni una heroicidad. A veces, como en esta ocasión, se convierte en cobarde y vergonzosa.

*Alcaldesa de Fuengirola y portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía.