Pleno del Ayuntamiento de Badalona, gobernado por el PP aunque controlado por la oposición.

La polvareda levantada en Badalona cuando el PP anunció que restringiría las ayudas sociales a aquellas personas que no acumularan cinco años de empadronamiento a la ciudad se ha esfumado en un santiamén. Del malestar inicial se ha pasado a otro escenario en el que todas las fuerzas políticas (gobierno y oposición) se muestran favorables a negociar el texto.

Ayer, todos los partidos acordaron crear una comisión en la que se tratará de consensuar el contenido del nuevo reglamento de prestaciones económicas de carácter social.

La comisión nace sin embargo con signos de desconfianza. La oposición (PSC, CiU e ICV-EUiA) coincide a defender que el PP se ha visto forzado a crearla después de constatar, con un primer borrador de reglamento a la mano, que se quedaría completamente solo a la hora de votarlo. Los tres partidos tienen clarísimo que la voluntad de los populares era traer el nuevo reglamento a la sesión plenaria del día 27. Prueba de esto, indican, es que el documento constaba a la orden del día de la comisión informativa que se celebró ayer. El PP lo retiró en el último suspiro. Desde el partido no se han hecho declaraciones sobre el asunto, aunque fuentes populares aseguran que la aprobación del reglamento “ constaba por un error que rápidamente fue corregido”.

Ayer, CiU propuso oficialmente la creación de la comisión. ICV-EUiA y PSC también se manifestaron en la misma dirección.

Unos meses de trabajo

La decisión de preceder el nuevo reglamento de un debate político retrasará unos meses la aprobación del documento (si es que finalmente hay una mayoría de partidos que se alían). De entrada, el PP ha elaborado un primer documento (los populares le dicen “borrador” para dejar claro que no son sus intenciones finales y que admite aportaciones) en el que queda claro que ha tenido que rebajar sus pretensiones. Las prestaciones básicas continuarán siendo de carácter universal y no se podrán condicionar al tiempo de residencia. El PP ha tenido que aceptar que sus intenciones de restringir ayudas básicas como por ejemplo el alquiler, la pérdida de la vivienda o el suministro de luz, agua y gas habrían comportado saltarse la ley de extranjería aprobada en Madrid durante el gobierno del PP.

Los populares sí que se mantienen firmes en la voluntad de negar las prestaciones complementarias a aquellas personas que no puedan demostrar cinco años de empadronamiento ininterrumpidos a la ciudad, o siete con interrupciones. En este paquete de ayudas hay las beques comedor, las ayudas para actividades escolares o libros de texto, las ayudas para reparación de la vivienda y, entre otras, las prestaciones para eliminar barreras arquitectónicas dentro del piso. El PP también quiere convencer a los otros partidos porque, además de los recién llegados, tampoco puedan beneficiarse de las ayudas complementarias las personas que hayan sido sancionadas durante los dos años anteriores por infracción grave o muy grave del ordenanza de civismo.

De momento, ningún partido de la oposición ha dado pistas acerca de lo que se pretende conseguir. Jordi Serra (PSC) alerta de entrada de que “es innegociable el fondo que el PP imprime a sus actos, con formas totalitarias”. Consciente que los tres partidos de la oposición forman mayoría al pleno, Serra tiene más esperanzas de pactar un documento “plural y progresista” con CiU e ICV-EUiA que no de entenderse con el PP.

Desde CiU, Josep Pera alerta que no ve con buenos ojos que se recorten las beques comedor (aprovecha para recordar que el PP, en el Consejo Comarcal del Barcelonès, había votado a favor de estas ayudas, sacado de este año de elecciones). Pero opina que siempre hay aspectos a debatir, incluso referentes a las beques comedor: “Podemos mirar si una familia *absentista tiene que tener derecho”. Finalmente, Carles Sagués (ICV-EUiA) no encuentra mal regular las ayudas sociales. Y aunque todavía no se ha sentado a hablar con el PP, ya vaticina que el acuerdo es “muy improbable”.