La disolución de las Cortes que tendrá lugar este lunes cuando se publique el decreto de convocatoria de las elecciones generales del próximo 20 de noviembre dejará en el tintero un total de 19 leyes promovidas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y 27 iniciativas legislativas que partieron de los distintos grupos parlamentarios.

Entre las 17 leyes que ‘morirán’ en el Congreso figuran la de Igualdad de Trato, la de ‘muerte digna’ y otras de corte económico como la nueva regulación de la inspección de trabajo. Los mismo ocurrirá con otros dos proyectos en el Senado relativos a la edad de jubilación y los derechos y deberes de la Policía, aunque en su el Gobierno ha recuperado parte de ellos mediante decreto ley.

De las leyes del Gobierno que van a quedarse en agua de borrajas, una decena ni siquiera ha llegado a ser tomada en consideración por el Pleno del Congreso, puesto que no se ha celebrado el correspondiente debate de totalidad.

En esta situación están la ley de muerte digna, de servicios funerarios, la que modifica la Inspección de Trabajo para reforzar la lucha contra el fraude; el que regulaba la creación de los tribunales de instancia para unificar los distintos juzgados de un mismo partido judicial; el de mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria, el de supervisión de seguros privados y otros dos relativos al mercado europeo del gas y la electricidad, respectivamente.

DIRECTIVAS DE LA UE QUE HABRÁ QUE RETOMAR

Estos tres últimos son trasposiciones de directivas comunitarias que tendrá que retomar el nuevo gobierno, puesto que su incorporación al ordenamiento jurídico nacional es obligatoria. Podrá hacerlo presentando el mismo proyecto o preparando otro para su remisión a las Cortes.

Otros dos proyectos ya se daban por ‘perdidos’ hace meses: el de Navegación Marítima, varado en el Congreso desde febrero de 2009 y el de pesca sostenible, cuya tramitación lleva congelada desde hace un año.

La misma suerte correrán la ley de igualdad de trato, la de mediación en asuntos civiles y mercantiles, la relativa a la ordenación de transportes terrestres, el nuevo régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas y el proyecto sobre captación de financiación en los mercados por los concesionarios de obras públicas, que entró en la Cámara a finales de 2009. Todos ellos se encontraban a la espera de que los grupos parlamentarios presentaran sus enmiendas parciales.

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Tampoco verán la luz la ley de contratos de distribución, que afecta especialmente al sector del automóvil, ni el texto de la nueva negociación colectiva, que es en realidad un decreto-ley que el Congreso obligó a tramitar como proyecto de ley.

Con la disolución de las Cortes también se dará la ‘puntilla’ a un total de 27 proposiciones de ley impulsadas por distintos grupos parlamentarios, que el Congreso acordó tramitar pero que han estado paralizadas desde que se tomaron en consideración.

En este último paquete se engloban, por ejemplo, iniciativas para reformar la Ley de Partidos Políticos, la del Tribunal Constitucional, la Función Pública, para permitir que las pymes y los autónomos no tributen por el IVA de las facturas no cobradas y que se aplique un IVA reducido a los servicios de fontanería, electricidad y carpintería.

La proposición de ley que ha estado más tiempo paralizada en el Congreso pretendía homogeneizar el rescate selectivo y la subvención de peajes y fue tomada en consideración en febrero de 2009. También han permanecido congeladas más de dos años iniciativas para habilitar nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, crear nuevas deducciones por inversiones destinadas a la protección del medio ambiente o cambiar el Estatuto del Autónomo.

DECRETO PARA SALVAR LA JUBILACIÓN DE LOS POLICÍAS

En el Senado, la disolución del próximo lunes dejará en aire el nuevo Régimen de Personal de la Policía y la ley de Derechos y Deberes de este cuerpo, que concluyeron su tramitación en el Congreso pero no harán lo mismo en la Cámara Alta por falta de tiempo.

El proyecto relativo al Régimen de Personal abría la posibilidad de que los policías permanecieran en servicio activo hasta los 65 años y para salvar su contenido el Gobierno lo ha trasladado en un decreto que aprobó el pasado viernes y que esta semana deberá ser convalidado por el Congreso, según han informado fuentes parlamentarias.

Además de los 19 proyectos de ley que van a perderse en las Cortes, el Ejecutivo tampoco ha logrado aprobar siquiera en el Consejo de Ministros otro paquete legislativo que se quedó en fase de anteproyecto. Entre estas normas no nacidas destacan la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, la de lucha contra el dopaje en el deporte, la ley de transparencia y acceso a la información pública y la de protección de la infancia.