I.M.- Uno de los ministerios preferidos por la masonería para los de la secta era el de Justicia. El actual ministro de Justicia lo es confeso, a diferencia de un número nada desdeñable de miembros del gobierno Rodríguez que lo ocultan. ¿Un jacobino habilidoso por un rudo jacobino? La fotografía del cambio de la cartera de Justicia nos muestra como a Francisco Caamaño se le fue el índice identificador sobre la muñeca de su antecesor.

Caamaño es un socialista gallego y voluptuoso a juzgar por su ostentosa acumulación de grasa, además de catedrático de Derecho Constitucional. Dicen de este tipo de adiposos que son gente tranquila, cordial y complaciente. He conocido a no pocos de estos barrigudos de andar tambaleante por el desplazamiento del centro de gravedad con una dosis equivalente de mala leche de la que hay que ponerse al resguardo. Tampoco es de fiar su condición de especialista en Derecho Constitucional. Sus antecedentes en este ámbito también deben ponernos en guardia. Su resolutiva influencia en la negociación del Estatuto de Cataluña alerta de que se ha servido de sus conocimientos, cuando menos en este ámbito, para burlar la muy dañada Constitución de 1978 en la marcha hacia la consumación de la transformación de España en “nación de naciones”, es decir, en una federación o confederación de repúblicas más próxima al modelo soviético que al norteamericano o al alemán. Fue Caamaño el que introdujo el término de nación en el Estatuto catalán y dio pábulo a ese mismo desvarío en el socialismo gallego, al que sumaría el califa Chaves en Andalucía y que por emulación asumen otras taifas, incluso bajo dirección conservadora.

El principal problema que enturbia la credibilidad y las insufribles cojeras de la Justicia no reside en cuestiones materiales y de organización, aunque sean importantes por cuanto frenan su funcionamiento, sino por haberle sustraído al Poder Judicial su independencia, indispensable para la existencia real de un Estado de Derecho.

Es innecesario recurrir a Montesquieu para recordar que la separación de poderes es fundamental para la existencia de un auténtico Estado de Derecho, sea convencionalmente democrático o no. Alfonso Guerra, con el descarado cinismo que le caracteriza, extendió la partida de defunción de Montesquieu cuando era vicepresidente del gobierno con González. Y difunto sigue. Sobre todo en la España que se arroga la condición de democrática, cuando en realidad el sistema ha derivado en rupestre totalitarismo partitocrático cada vez más próximo al modelo chavecista de Venezuela.

El ministro de Justicia dijo asumir el firme compromiso del Gobierno para conseguir una Justicia “ágil, independiente y transparente”. Muchos se preguntaron cómo lo iba a lograr sin un giro radical de 180 grados que barra de un plumazo todas las aberraciones acumuladas desde que arribó la tan ansiada democracia de partidos, causante de su politización, su deterioro y su descrédito ante la sociedad. Dicho y hecho.

 Muy poco se resolverá con atender las exigencias respecto de la modernización de los medios materiales en las dependencias judiciales. Ni tan siquiera con la imprescindible vuelta atrás en las transferencias otorgadas a las autonomías, las cuales se han demostrado seriamente perturbadoras y conflictivas. Es imprescindible y urgente sustraer a la Justicia de su dependencia de los maniqueísmos partitocráticos. Pero sería iluso esperarlo cuando eso es precisamente lo que desde hace treinta años se persigue, sobre todo en los periodos de mayoría parlamentaria socialista, aunque deba reconocerse que tampoco en tiempos de mayoría conservadora se puso especial empeño en intentarlo.

El portavoz de la APM también señaló que en sus reivindicaciones “nosotros siempre nos hemos dirigido a un Gobierno, que es sobre el que recae la responsabilidad principal en la dotación de la Justicia, y no a uno u otro ministro, que forma parte de un todo”. Da igual que cambie el titular del ministerio de Justicia si permanece la estructura jacobina y notoriamente masónica del ese gobierno y su presidente. Caamaño ha vendido a la judicatura el chupa-chup de más medios materiales. Pero no avanzó un milímetro hacia la indispensable independencia de la Justicia. Acentuó solapadamente su descomposición. Es lo que conviene al totalitarismo socialista y a los del triángulo.

El Semanal Digital resumía meses atrás las intervenciones del historiador Ricardo de la Cierva en la COPE y en la cadena TMT sobre la penetración de la masonería en el gobierno y en otras esferas del poder. Señalaba, por ejemplo, la pertenencia del actual director general de la Guardia Civil, Carlos Gómez Arruche, a la Orden Martinista Sinárquica, al igual que José Bono, su valedor, hoy presidente del Congreso de los Diputados y anteriormente ministro de Defensa. Y afirmaba que tenía documentada la condición masónica del presidente del gobierno. A lo que añadía César Vidal en La Linterna, de la COPE, que Rodríguez seguía el programa del Gran Oriente de Francia.

La subordinación de Rodríguez al Gran Oriente de Francia, sea directamente o a través del Gran Oriente de España, podría explicar, por ejemplo, el “favor” de Sarkozy de prestarle una silla en la pasada reunión del G-20 y su entreguismo a las exigencias económicas francesas en sectores críticos para España. O la de Endesa a ENEL, cocinada con Prodi en tan confusos términos, o más, que la de Antibióticos, pactada por Felipe González con Craxi. Ahora, por cierto, Sarkozy y Berlusconi han propinado a Rodríguez un sonoro bofetón al convenir y publicar que España no tiene sitio en el G-8 ya que conviene más incluir a países emergentes como China, Brasil o India. Vuelve a cumplirse la vieja máxima de que “Roma no paga traidores”.

Lo repito una vez más: amarrado obsesivamente al fantasma de su abuelo, Rodríguez nos retrotrae a los supuestos masónicos, federalistas y jacobinos de la II República, no sólo en lo que hizo, sino también en lo que no pudo alcanzar tras su derrota en la guerra 1936-1939: sometimiento totalitario de las instituciones del Estado, descomposición moral de la sociedad, acción sostenida contra la Iglesia católica, desarraigo religioso, descomposición y dependencia política de las Fuerzas Armadas, servidumbre de la Justicia, utilización sectaria de la enseñanza, conversión de las Fuerzas de Seguridad del Estado en policía política, fraudes electorales, entrega gratuita de sustanciales parcelas de la soberanía nacional a potencias extranjeras… Y todo ello encaminado a la destrucción de la unidad de España y a desarraigarla de su Historia.

Pero no sólo importa conocer la penetración masónica en el gobierno y en muy variados ámbitos institucionales. Además de los destapados, como el de Caamaño, existen otros muchos ocultos, aunque los delate su actuación sincronizada con las diversas ramas de la secta en sus respectivas esferas de poder. Después de la II Guerra Mundial ha añadido el iluminismo, persistente enemigo de España desde su creación por Adam Weishaupt al servicio de la casa Rothschild: esas otras ramas del Nuevo Orden Mundial de las que hemos tratado con abundancia en mis crónicas y en el Foro. Todas ellas con pareja infiltración que la masonería en los ámbitos institucionales, partitocráticos, culturales, financieros, empresariales, sociales y mediáticos.

La II República tuvo que lidiar con el desplome financiero mundial de 1929. Y en vez de adoptar medidas congruentes para afrontarla, la acentuó la izquierda mediante incitaciones revolucionarias, despilfarros, ocultaciones y demagogia. España estaba ya en ruina cuando estalló la guerra. Vivimos ahora una situación de fondo similar a la de entonces,, aunque sus exteriorizaciones sean diversas y en apariencia menos virulentas. A veces me pregunto, y no sin fundamento, si la desastrosa gestión de la actual y profunda crisis económica por el gobierno Rodríguez, agravada por una corrupción galopante, se debe solo a la mediocridad e insolvencia de los cuadros dirigentes. O si también cuenta una inducción escondida que nos conduce con determinación hacia el abismo. Hacia el no ser de España. Hacia la consumación de la venganza iluminista, acariciada y fallida en repetidas ocasiones. La última, por el régimen de Franco.

Para detener el hundimiento de España hacia el que somos conducidos por una partitocracia títere apenas si cabe otra salida que un vuelco casi total de lo actuado desde 1977 hasta hoy. Pero su logro exigiría un conmoción social de gran alcance bajo la dirección de una minoría de hombres íntegros. lúcidos y sin otra ambición que la de servir a España. Pero nada de eso se otea en el horizonte. Al menos por ahora.