El duelo a garrotazos que libran Pedro Pacheco y Pilar Sánchez (exalcaldesa y actual líder del PSOE jerezano) en los Juzgados escribió ayer un nuevo capítulo. Pero no uno más. La juez que instruye la querella que el primero presentó contra la segunda por 32 posibles contrataciones fraudulentas en su etapa como alcaldesa de Jerez (2005-2011) notificó ayer a las partes un auto, al que ha tenido acceso Diario de Jerez, con el que cierra la fase de instrucción y da traslado al Ministerio Fiscal para que solicite en el plazo de diez días la apertura de juicio oral contra Pilar Sánchez por presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental en la colocación con contratos de alta dirección de Rosario Cano (actual secretaria de Organización del PSOE local) y Francisco Gil, así como por la contratación a través del Servicio Jerezano de Inserción Laboral (Serjil) de África Becerra, Rubén Pérez y Dolores Caravaca. Todas estas personas también son acusadas de manera formal en el referido auto, junto al técnico del Serjil que se encargó de coordinar el procedimiento de preselección, y todos ellos pertenecen al PSOE jerezano, bien como militantes, bien como miembros de la ejecutiva actual.

La resolución notificada ayer por la magistrada, contra la que cabe recurso hasta mañana viernes, cuestiona abiertamente las contrataciones efectuadas por Pilar Sánchez entre 2005 y 2007, durante la etapa en la que fue alcaldesa en virtud de un pacto con el PSA. En cambio, deja fuera del proceso las designaciones realizadas a partir de 2007, cuando el PSOE obtuvo la mayoría absoluta y momento en el que la exalcaldesa nombró a sus asesores con la figura del personal eventual de confianza, recogida en la Ley de Bases de Régimen Local (art. 104). De igual modo, también exculpa en principio a las personas que fueron ‘fichadas’ con contratos de alta dirección en 2005 y que, a diferencia de Gil y Cano, sí han podido demostrar a lo largo de la instrucción que su capacitación era acorde al puesto para el que fueron contratadas.

A colación de lo anterior, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Jerez acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de la causa respecto de los socialistas Diego Bello, Dolores Barroso y Juan Salguero, así como de Luis Miguel Rubiales, Sebastián Rubiales, Juan Carlos Jiménez (ex jefe de gabinete y marido de Sánchez) y Carmen Gutiérrez, antigua jefa del Serjil, a la que exculpa por “no constar su intervención personal” en los mencionados procedimientos de preselección de los socialistas Becerra, Pérez y Caravaca.

En los once folios del auto judicial, la magistrada es meridiana en la exposición de los antecedentes de hecho: “De la investigación llevada a cabo en esta causa, existen indicios de que Pilar Sánchez Muñoz, presuntamente, aprovechándose de las facultades del cargo de alcaldesa del Ayuntamiento de Jerez y en calidad de tal, ordena la contratación de determinadas personas afines política o personalmente a la misma, en atención a tal afinidad y sin que se cumplan los requisitos exigibles legalmente para tales contrataciones”. Un hecho que sucede, expone la juez, “bien por carencia de la capacitación necesaria en los nombrados para realizar las funciones que derivan del contrato de alta dirección concertado, bien mediante posibles irregularidades en el procedimiento de selección seguido”. Aquí entra en juego el caso de las contrataciones a través del Serjil, “dirigidas a incluir expresamente a un determinado candidato con tal vinculación o afinidad, que sería el finalmente elegido, lo que presuntamente era conocido por las personas nombradas de tal forma”, apostilla el documento. A lo que habría que recordar que este segundo procedimiento de colocación se lleva a cabo, además, en detrimento de otros candidatos inscritos desde hacía años en el servicio y que cumplían con creces los requisitos necesarios para las plazas ofertadas en el Consistorio, cuestiones que detalla pormenorizadamente la juez en el auto.

Del mismo modo, reza el escrito, las personas relacionadas con estos cinco presuntos casos de enchufismo han ejercido funciones en el Ayuntamiento “sin solución de continuidad durante las dos legislaturas a que se extiende su mandato [de Sánchez]”. Y es que conviene no olvidar que Cano pasó desde 2007 a ser asesora del grupo municipal socialista; Gil pasó, entre otras cosas, a dirigir el Plan Urban del Distrito Sur; mientras que Becerra fue delegada municipal de Medio Ambiente entre 2007 y el presente 2011. El particular de Pérez y Caravaca aún es más llamativo ya que ambos, pese a la salida del PSOE del gobierno local en las municipales del pasado mes de mayo, siguen trabajando actualmente en el Ayuntamiento, e incluso el primero es delegado sindical de UGT en el Consistorio jerezano.

Las diligencias practicadas parten de un escrito presentado en marzo de 2009 por Pacheco (y posterior querella formulada en noviembre de ese mismo año) como reacción de éste a la denuncia presentada por Sánchez en Anticorrupción en la que le vinculaba con dos posibles contrataciones irregulares de miembros del PSA efectuadas también en 2005 y por las que la Fiscalía ha solicitado recientemente para el exalcalde una pena de 17 años de prisión y 28 de inhabilitación. En paralelo a lo anterior, la juez deja claro que la instrucción seguida hasta la fecha -declaraciones de imputados, atestado policial y documental aportada- en la causa abierta de Pacheco contra Sánchez, casi pareja al conocido como ‘caso de los asesores’, “existen motivos suficientes para atribuir su perpetración a Pilar Sánchez”, además de a las otras seis personas que también han sido acusadas por cinco posibles casos de enchufismo.