Minas de Aguas Teñidas (Matsa), la empresa en la que trabajaba como apoderada Paula Chaves Iborra, la hija de Manuel Chaves, será investigada por la juez Mercedes Alaya, responsable del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que examina desde el pasado mes de febrero los ERE falsos de la Junta de Andalucía.

La magistrada anuncia que reclamará la vida laboral de Matsa y requerirá a la Agencia Tributaria “para que remita los ingresos percibidos de la Junta de Andalucía por dicha sociedad, sin perjuicio de completar la información requerida en el resto de la mina”, según consta en el auto judicial del pasado 10 de noviembre al que ha tenido acceso El Confidencial.

En el escrito judicial la juez lamenta la “ausencia de datos” en el expediente de siete minas andaluzas y se los reclama a la Consejería de Innovación, Ciencias y Empresa de la Junta de Andalucía. En la lista de Alaya, además de Matsa, figuran Minas de Almagrera, Navan Resources, Filón Sur, Nueva Tharsis, La Herrería y Mina de Río Tinto. El juzgado resalta las “informaciones contradictorias halladas” sobre la fechas del cierre efectivo (ya sea temporal o definitivo” de las minas.

Como ya publicó este diario el 18 de febrero de 2010, Guillermo Gutiérrez, exconsejero de Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía entre 1996 y 2000, actuó como ‘conseguidor’ tras dejar su puesto en el Gobierno andaluz. Gutiérrez ‘fichó’ por la Presidencia de Emed Tartessus, empresa filial del grupo chipriota Emed Mining Public Limited y gestora de la mina de Riotinto en la localidad de Minas de Riotinto (Huelva), para intentar reflotar la extinta compañía.

La empresa, donde llegaron a trabajar 400 personas, es competidora de Minas de Aguas Teñidas. La empresa en la que trabajaba Paula Chaves Iborra como appoderada recibió una subvención de 10,1 millones de euros concedida por el Ejecutivo andaluz en un Consejo de Gobierno presidido por el aquel entonces presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves.

La Junta de Andalucía intentó ayer rebatir la investigación de la juez a José Antonio Griñán y Carmen Martínez Aguayo, consejera de Hacienda, por la concesión de ayudas y su “ausencia total de procedimiento”. El Gobierno andaluz negó que la investigación de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos se dirija hacia el presidente del Ejecutivo regional que en el momento en el que se otorgaron algunas de esas ayudas era consejero de Economía.

Un comunicado de la Oficina del Portavoz del Gobierno aseguró que la magistrada se limitaba “a solicitar información requerida por la representación del PP sobre la base de una falsa premisa”. En ese escrito remitido por la representación del PP al juzgado se cita a Griñán y a otra consejera “únicamente en su condición de titulares de la Consejería de Economía y Hacienda”, pero se refiere “a una supuesta obligación de una autorización por su parte que realmente no existe”.