L. Aranzábal/G.I.- El Partido Popular ha entregado a la juez Mercedes Alaya pruebas que muestran “la implicación” del presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, en la bochornosa trama de los ERE falsos sufragados con dinero público. Así lo aseguró ayer el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, que para cimentar su acusación hizo públicos los documentos que ya obran en poder de la juez.

En el escrito que entregaron a Alaya, los populares aseguran tener “constancia” de que en 2008 José Antonio Griñán, en calidad de consejero de Economía y Hacienda, “autorizó y elevó al Consejo de Gobierno para su aprobación transferencias de financiación al IFA y/o IDEA, especialmente para el programa 31L”, partida también conocida como fondo de reptiles, informó Europa Press.

Para probar esta afirmación, el PP adjuntó a su escrito copias de modificaciones presupuestarias firmadas por Griñán por valor de 6.011.826 y 1.253.853 euros, respectivamente, y que fueron aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en diciembre de 2008.

Para Sanz, estos documentos “prueban la implicación de Griñán en este caso” porque, cuando autorizó estas modificaciones presupuestarias (en 2008), ya existía un informe de la Intervención General de la Junta que advertía a la Consejería de Empleo (en 2005) de que el procedimiento administrativo utilizado por el IFA para estas operaciones no era el “adecuado”.

“Aun a sabiendas de que se estaban cometiendo irregularidades, elevó (Griñán) al Consejo de Gobierno modificaciones presupuestarias para darle más fuerza al fondo de reptiles”, aseguró Sanz. Y repitió que estos datos implican de forma “directa” a Griñán en “este monumental fraude” relacionado con los ERE. “Si Griñán no le hizo caso al informe (de la Intervención General), allá él”, agregó.

En este contexto, Sanz también lamentó que el PSOE-A saliera anteayer “en tromba” a defender a Griñán tras el último auto de la juez Alaya, en el que reclamaba las autorizaciones del “titular de Economía y Hacienda” sobre operaciones de endeudamiento relacionadas con 21 empresas. Y remarcó que “a nosotros lo que nos preocupa es que se sepa la verdad del robo de los 700 millones de euros del dinero de los parados”.

En otro orden de cosas pero sin abandonar este turbio asunto, ayer trascendió que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a Mercedes Alaya que imponga 2.850.000 euros en fianzas a las 14 personas imputadas que ya han prestado declaración judicial dentro de la investigación por la trama de prejubilaciones fraudulentas.

Por su parte, el letrado de la Junta de Andalucía se adhirió “en lo sustancial” a lo solicitado por el fiscal, aunque pidió que, “atendiendo al pago de las pólizas”, las fianzas asciendan a 3.295.000 euros.