La juez que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos tomará declaración el próximo jueves al exfutbolista José Antonio Gómez Romón, conocido como “Pizo” Gómez, y a la suegra del ex director general de Trabajo Javier Guerrero, jubilada en Cuétara pese a que nunca trabajó allí.

La titular de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, reanudará el jueves la declaración de imputados con “Pizo” Gómez, exjugador, entre otros, del Atlético de Madrid y del Bilbao, beneficiario de una póliza individual por importe de 460.742 euros.

Según declaró el deportista ante la Policía, la Junta recurrió a esta fórmula para pagar a su empresa -de la que él era delegado en Navarra- unos cursos de prevención de riesgos laborales y el documento se puso a su nombre porque no podía tener como titular a una persona jurídica.

La póliza de la empresa Fortia Vida comprometió el pago de 460.742,12 euros entre noviembre de 2007 y agosto de 2008.

La juez ha citado además, también como imputada, a Victorina M.P., suegra del ex director general de Trabajo, Javier Guerrero, imputado por haber incluido en los ERE fraudulentos a militantes del PSOE, familiares y amigos de su localidad natal de El Pedroso (Sevilla).

La mujer fue incluida en el ERE del grupo SOS Cuétara pese a que nunca trabajó en dicha firma, a la que la Consejería de Empleo subvencionó con 3,4 millones para regulación de empleo de 32 trabajadores en dos centros de trabajo.

Victorina se une a otros familiares de imputados que fueron incluidos como “intrusos” en los ERE, entre ellos la esposa del “conseguidor” Juan Lanzas, jubilada en la empresa malagueña Hitemasa, y los dos concuñados, residentes en Camas (Sevilla), del exdelegado de la Consejería de Empleo Antonio Rivas, también imputado.

Este primer grupo de nuevos imputados incluye a Antonio G.P., beneficiario del ERE de la empresa sevillana Saldauto pese a que nunca trabajó en ella, que no compareció en dos ocasiones anteriores por problemas en su citación judicial.

El ERE de la sociedad anónima laboral Saldauto fue aprobado el 13 de febrero de 2008 por Guerrero para ocho trabajadores, de los que tres nunca trabajaron en ella, entre ellos el ahora citado, que fue delegado sindical de la UGT en la empresa cordobesa Muebles Promi.