Las conjeturas parecen confirmarse: Carlos Solchaga cobró 461.100 euros de Minas de Aguas Teñidas a principios de 2009. El importe se aproxima al 5% de la subvención conseguida en enero del mismo año del Gobierno andaluz, entonces todavía presidido por Manuel Chaves. Según informa La Gaceta, el ex ministro socialista emitió la factura a través de su empresa Solchaga y Recio Asociados.

Ya tiene respuesta la pregunta que se hacía Javier Arenas cuando recientemente reflexionaba sobre si “algún político que antes se dedicó a la cosa pública desde el PSOE” había actuado de “intermediario” en la operación por la cual la empresa canadiense Matsa –de la que Paula Chaves, hija del ahora ministro es apoderada– logró obtener una subvención de 10,1 millones de euros de la Junta de Andalucía.

El cobro de la minuta de 461.100 euros por parte de Solchaga y su socio Recio coincide con la culminación exitosa del camino emprendido por la empresa Matsa para obtener esta subvención millonaria y a fondo perdido con destino a la construcción de una planta de tratamiento mineral en los yacimientos que explota en Almonaster La Real (Huelva).

La ayuda conseguida había sido denegada nueve meses antes por el Ministerio de Industria. Y estaba en manos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), dependiente de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta desde finales de 2007. En noviembre de 2008, la Administración autonómica en manos de Chaves optó por estimar que el proyecto debía recibir dinero público, pero calculó que la cuantía de la subvención sería de 6.931.780 euros.

Finalmente, y conforme a su propia explicación, consideró que no se había valorado correctamente el proyecto de Matsa por haber excluido las inversiones en obra civil, y optó por subir la cantidad final otorgada a 10.093.472,7 euros. IDEA dio el visto bueno definitivo el 13 de enero de 2009 y el Consejo de Gobierno de la Junta hizo lo propio el 20 del mismo mes.

Coincidencias

Las cuentas de 2009 presentadas en el registro Mercantil por Matsa, propiedad de Iberian Minerals Corporation, aseguraban que “tras conversaciones mantenidas con IDEA”, la ayuda se cobrará “en el primer trimestre de 2010”. Hasta esa fecha, fue la subvención más elevada otorgada por la agencia a ese sector. En junio de 2009, la matriz del grupo, radicada en Toronto (Canadá), realizó un cambio de domicilio social trasladándolo a Suiza.

Paula Chaves, hija del vicepresidente tercero del Gobierno, trabaja en Matsa desde julio de 2007. Una vez obtenida la ayuda de la Junta fue ella quien, en calidad de apoderada de la sociedad, interpuso un recurso de reposición impugnando la exigencia de “un incremento de capital social suscrito y desembolsado” de la minera por un importe mínimo de 38.389.430 euros, petición aparejada a la concesión de la ayuda, una anulación que Paula Chaves consiguió.

Desde que esta empresa inauguró la planta de Huelva en 2007 –en un acto al que asistió el entonces presidente del Gobierno autonómico, Manuel Chaves– ha obtenido otras cinco subvenciones no reintegrables que han sumado 606.914,07 euros, procedentes del Ministerio de Industria que el mismo Carlos Solchaga dirigiera en los ochenta, antes de pasar al de Economía.
Al margen, entre 2008 y 2009, la empresa suscribió sendos préstamos con Industria a un tipo de interés cero por un valor total de 1.154.799,32 euros para la “construcción de una planta de tratamiento minero-metalúrgico” y por la “reindustrialización”, según su propia memoria.

En 2009 cifraba sus ventas en 38.151.713,84 millones de euros y anunciaba “haber incrementado la plantilla llegando a la cifra de 419 empleos directos a 31 de diciembre”. El mismo Chaves había asumido como propio el compromiso de que al menos el 75% de los puestos de trabajo que creara la empresa en cuestión se destinaría a los desempleados de la comarca donde se ubican los yacimientos; tiempo después, portavoces populares de la región denuncian que sólo 50 de los 1.500 puestos de trabajos directos e indirectos creados han sido ocupados por los parados de la zona.

Por su actuación en la concesión de la millonaria subvención a Matsa, el actual vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial se enfrenta a la apertura de un expediente sancionador por parte de la Junta, ordenada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Por su parte, el Tribunal Supremo archivó la querella presentada por el PP y Manos Limpias contra Chaves por vulnerar la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos y por la presunta comisión de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

En su informe ante el Alto Tribunal, la Fiscalía razonaba: “No consta del expediente administrativo que el querellado efectuara algún tipo de gestión para la concesión del incentivo”.