El Gobierno de la Generalitat dio ayer una sorpresa desagradable a sus 230.182 trabajadores ingresándoles una nómina sensiblemente inferior a la habitual, ya que les ha descontado el IRPF correspondiente a la paga extra que aún no han cobrado y que, además, no percibirán íntegramente. Los afectados conocieron esta medida como un hecho consumado, ya que no les habían informado previamente ni pudieron acceder al portal de la administración de la Generalitat en Internet en ningún momento del día.

La rebaja de la última nómina del año se ha producido pocos días después de que el gobierno anunciara que sólo pagaría-el 28 de diciembre-el 80% de la paga extra a sus empleados públicos y que les abonaría el 20% restante a partir de enero, en una fecha sin determinar. Ayer, sin embargo, los trabajadores de la función pública comprobaron que la administración les ha retenido el 100% del IRPF de esta paga extra, seis días antes de cobrar la primera parte.

Desconcierto y desinformación

La desinformación generó confusión entre los perjudicados, que fueron descubriendo la situación a medida que consultaban sus cuentas bancarias. Ante el desconcierto, algunos afectados dirigieron sus primeras quejas a los bancos o las cajas que les gestionan las nóminas, interpretando que el error provenía de la entidad y no del pagador. La rebaja de la nómina se ha concretado en diferentes cifras, en función del tipo de contrato o categoría del trabajador público, pero muchos gerundenses han pasado de cobrar unos 1.500 euros a 1.100, otra rebaja repetida es de 2.000 a 1.300 o 2.412 en el caso de una funcionaria del sector educativo, perteneciente al grupo A1, que sólo recibió 1.200 euros.

En el caso del sector de la enseñanza, muchos docentes dirigieron sus consultas a los sindicatos, donde acudieron intentando aclarar por qué-de manera general-habían cobrado el 60% de su salario neto. Ustec · STEs de Girona, por ejemplo, ayer al mediodía ya había recibido una veintena de llamadas de maestros y profesores que no sabían qué había pasado con su sueldo. Este sindicato denunció que “nunca en la historia moderna de la Generalitat” se había producido un hecho como este, “perpetrado en una semana que dificulta la reacción”.

“Robo y estafa”

Ustec · STEs puso en cuestión la legalidad de la medida y alertó de que “puede acarrear graves perjuicios personales y fiscales en los trabajadores públicos”. El sindicato gerundense hizo un llamamiento a todo el colectivo docente a protestar “ante este acto de robo y estafa por parte del gobierno de la Generalitat”.

Disculpa a media tarde

El Gobierno catalán reaccionó a media tarde disculpándose por no haber informado a los funcionarios que la retención fiscal de la paga extra de Navidad se les descontaría ayer. El encargado de disculparse fue el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, quien en declaraciones al Parlamento asumió la “responsabilidad” por no haber informado adecuadamente de esta decisión. Al mediodía, su Departamento atribuyó el adelanto del cobro del IRPF en el funcionamiento del programa informático, que debe contabilizar las retenciones fiscales antes de que acabe el ejercicio.

Mas-Colell argumentó que el Gobierno decidió cargar todas las retenciones ayer para que los trabajadores públicos no tuvieran que hacer una “declaración complementaria” de la renta del 2011. Y es que, según el Gobierno, se podría haber producido la situación que el 20% de la paga extra contara a efectos fiscales como un ingreso de 2012, lo que habría sido “un lío considerable”, dijo Mas-Colell. El consejero afirmó que el próximo pago, el del 80% de la paga extra, será limpio, con lo que se “balanceará” el impacto de las medidas extraordinarias del Gobierno.

Crítica unánime y exigencia de responsabilidades

El portavoz del PSC, Jaume Collboni, calificó de “gravísimo” el error de tesorería que ha llevado al Gobierno a descontar del IRPF correspondiente al 100% de la paga extraordinaria de Navidad de los funcionarios. El portavoz socialista indicó que el Ejecutivo ha “incautado” parte del sueldo y que deberá dar explicaciones “inmediatas y claras” al respecto. Por ello, el PSC ya ha pedido la comparecencia del consejero de Economía, Andreu Mas-Colell.

ERC reprochó al Gobierno que haya tomado esta decisión de forma unilateral sin informar a los representantes sindicales de los trabajadores públicos y reclamó al Ejecutivo de Mas que sea “honesto, transparente y que ofrezca confianza”. El PP afirmó que el Ejecutivo catalán “no puede hacer pagar a los empleados públicos la falta de previsión y planificación” del Gobierno. ICV-EUiA le exigió que asuma responsabilidades por la “nefasta” gestión del pago de las nóminas y puso en duda que sea legal. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, también exigió responsabilidades políticas a Mas-Colell.