Cerca de 140 españoles comerán este año el turrón, si tienen suerte y se lo regalan unas monjas, en alguna de las cárceles marroquíes donde cumplen penas relacionadas en casi todos los casos con el tráfico de drogas.

Según fuentes diplomáticas españolas, los detenidos se concentran en su mayor parte en las prisiones de Tánger, Tetuán y Casablanca, por corresponder a los puestos fronterizos donde suelen ser capturados los traficantes: el puerto de Tánger, la frontera terrestre de Ceuta y el aeropuerto de Casablanca.

No todo son “pobres diablos” capturados con droga pegada en placas a su cuerpo o con pastillas ocultas en sus vehículos: a veces son operaciones realizadas con avionetas o zodiacs que penetran ilegalmente en el espacio marroquí para cargar cuantiosos alijos de estupefacientes.

Los españoles presos, de todas las edades (abundan los que rozan o sobrepasan los 60 años), tendrán que vivir en un espacio equivalente a 1,5 metros cuadrados del que dispone un reo normal en una prisión marroquí, según las cifras del Observatorio Marroquí de Prisiones, aunque hay netas diferencias entre las prisiones antiguas y las más modernas.

Del mismo modo, tendrán que padecer las deficiencias de nutrición, sanidad e higiene que son crónicas en las cárceles marroquíes, superpobladas (a veces con el doble de internos de su capacidad) y que el Observatorio ha denunciado repetidamente.

Marruecos es, junto con Perú, el país del mundo donde se encuentran más presos españoles condenados por narcotráfico: mientras en Perú se trata sobre todo de tráfico de cocaína, en Marruecos la droga más transportada es el hachís, aunque los alijos de cocaína ya comienzan a aparecer con cierta regularidad.

Un delito de narcotráfico puede costar a un extranjero penas mínimas de entre 3 y 4 años, que con frecuencia se agravan por delitos asociados de “pertenencia a organización delictiva” o “entrada ilegal en el país” y elevar las penas hasta los 9 ó 10 años de cárcel.

La ventaja que tienen los presos españoles es la posibilidad de cumplimiento de pena en su país de origen, gracias a un convenio de asistencia judicial entre Marruecos y España vigente desde 1997 y que funciona “razonablemente bien”, según las fuentes diplomáticas.

Según este acuerdo, un recluso con una condena firme, y siempre que haya cumplido un mínimo de un año en la cárcel, tiene derecho a solicitar cumplir el resto de la pena en su país de origen, ya sea el preso español o marroquí.

La mayoría de reclusos españoles se acoge a este derecho, aunque su traslado a una prisión española suele demorar varios meses (entre 3 y 12, en los casos más complejos), debido sobre todo a la lentitud burocrática de la administración marroquí, que hace que haya habitualmente una “cola” de treinta solicitudes pendientes de tramitación.

Para comprender la lentitud del sector de la Justicia en Marruecos, baste decir que de los 80.000 presos actuales, más de 23.000 están en detención preventiva, a la espera de ser juzgados.

Mientras el recluso español se encuentra en un penal marroquí, tiene generalmente (y siempre que se demuestre su falta de apoyos económicos externos) ayudas en metálico por parte del consulado español que le corresponda, unas ayudas que antes eran lineales pero han sido revisadas para adecuarlas a las necesidades del reo.

Por Navidad, hay órdenes de monjas que se acuerdan de los reos españoles y les proporcionan, junto a la ayuda habitual -medicamentos, cigarrillos- unas tabletas de turrón para hacer más llevadera la lejanía de sus familias en estas fechas.