La libertad de prensa en Argentina está todavía a años luz de la de Pakistán, declarado esta pasada semana como el país más mortífero para los periodistas por Reporteros sin Fronteras. Sin embargo, los profesionales y medios de comunicación argentinos críticos con el Gobierno están siendo sometidos a un acoso cada día más implacable desde las instancias oficiales.

El aplastante triunfo de Cristina Fernández de Kirchner en las presidenciales del 23 de octubre con el 54% de los votos ha supuesto el pistoletazo de salida de una intensa ofensiva contra la prensa que no se alinea con el discurso del Ejecutivo.

El último capítulo de esta guerra se escribió el pasado jueves cuando el Senado dio su visto bueno a la ley de regulación de la fabricación, distribución e importación de papel para periódicos.

La nueva ley ha sido tramitada a toda velocidad, tras el triunfo electoral de la presidenta, forzando al límite plazos y normas. La nueva ley fija que la empresa Papel Prensa, de propiedad mayoritaria de los dos de los diarios más importantes del país -‘Clarín’ 49%, ‘La Nación’ 22,49%, más el 27,6% del Estado–, es a partir de ahora de “interés público”. Se establecen una serie de normas para la producción, comercialización y distribución que otorga al Estado el control de la empresa.

“Confiscación encubierta”

Para Julio Saguier, presidente de ‘La Nación’, además de un claro propósito de silenciar a la prensa independiente con un monopolio estatal, “se trata de un ataque palmario a la propiedad privada, de una confiscación encubierta”. La ley recibió el apoyo de los senadores peronistas y de otros grupos aliados, pero no contó con el respaldo de la oposición ni con los progresistas que estaban de acuerdo con una regulación del sector, pero distinta a la oficialista. Estos últimos consideran que Papel Prensa vendía mucho más barato el papel a sus dueños (‘Clarín’ y ‘La Nación’) y más caro a otros diarios más pequeños a los que presionaba para, en caso de apuros económicos, comprarlos.

El asalto de los sectores kirchneristas a ‘Clarín’ ha sido brutal. El grupo periodístico atribuyó a una “persecución política” del Gobierno la denuncia de que los dos hijos adoptivos y herederos de la directora de ‘Clarín’, Ernestina Herrera de Noble, podían proceder de algunas de las 55 mujeres desaparecidas, cuyos bebés fueron robados entre 1975 y 1976 durante la dictadura militar.

Los exámenes de ADN realizados con muestras de sangre dieron un resultado negativo. Este vínculo con la dictadura militar se llegó a utilizar también en una miniserie de televisión financiada por el Gobierno en la que se aludía a un turbio acuerdo de los accionistas de Clarín para hacerse con la propiedad de la empresa Papel Prensa mientras se torturaba a la viuda del primer dueño.

Esta guerra tiene su batalla clave en los tribunales, donde ‘Clarín’ trata de neutralizar la llamada ‘Ley de Medios’, aprobada en 2009 en el Congreso, que fija unos estrictos topes a la concentración empresarial. La norma afecta directamente a ‘Clarín’, ya que le obligaría a desprenderse por la vía rápida y forzosa de importantes activos. El Gobierno ya dio un importante ‘hachazo’ a los intereses del grupo mediático promoviendo que la Asociación de Fútbol Argentino le quitara los derechos de la Liga y se los diera al canal estatal. También intentó, aunque sin éxito, quitarle la licencia de operación a la proveedora de Internet del grupo Fibertel.

Y bajo esta batalla de gigantes se encuentran los periodistas, al menos aquellos que tratan de ejercer su oficio de un modo profesional e independiente. La presión del kirchnerismo para los informadores críticos ha ido desde la marginación en cualquier acto o evento oficial hasta el ataque personal a través de programas de televisión o radio de la órbita del poder. Otra técnica especialmente perversa ha sido el llamado ‘escrache’ público, en el que determinados periodistas son señalados e insultados en carteles y panfletos pegados en la calle. Unas víctimas de una guerra en la que el objetivo descarado es poner de rodillas a los medios de comunicación e imponer el control desde el poder.