Baleares es la comunidad autónoma con menos titulados superiores de todo el estado. Solo el 21.9% de la población tiene estudios superiores, según el informe “Sistema estatal de indicadores de la educación”. Una noticia así podría hacer pensar en la necesidad imperiosa que tiene el Gobierno local de revertir esta situación porque está claro que el progreso de una sociedad depende del grado de la educación y la capacitación profesional que alcanzan sus habitantes.

Una forma de solucionar este déficit sería mejorar la formación de los ciudadanos dando facilidades de acceso a la educación especializada y multiplicando los cursos formativos en las diferentes áreas. Otra forma sería contratar a profesionales ya cualificados que pudieran venir de la península o el resto de Europa a cubrir las plazas urgentemente necesitadas de sus servicios.

Pero la comunidad autónoma balear tiene dos peculiaridades. En primer lugar, se trata de una comunidad multinsular a la que no se accede por carretera. Entrar y salir, e incluso desplazarse entre sus propias islas, implica tomar un barco o avión, y si toca viajar en temporada estival ya se puede ir adelantando las reservas porque los vuelos se llenan. El aeropuerto de Palma puede mover hasta 130.000 pasajeros el 1 de agosto. En segundo lugar la comunidad balear es bilingüe, las lenguas oficiales locales son el castellano y el catalán.

Si bien el primer problema podría solventarse con facilidad, el problema del bilingüismo lleva no pocas discusiones por la gran diferencia de criterios a la hora de considerar el conocimiento de ambos idiomas a la hora de contratar a los empleados públicos. La ley de normalización lingüística de Baleares no impone que para acceder a unas oposiciones a plaza fija en la función pública el conocimiento del catalán sea un requisito aunque las normas particulares de algunas administraciones públicas sí lo exigen; así se establecen unas categorías de nivel A, B o C que valoran el conocimiento necesario de la lengua catalana según el puesto al que se accede. Esto se traduce, en la práctica, en que si un médico se presenta a un puesto en un hospital balear tiene que tener como mínimo un conocimiento obligado de nivel B de catalán, aunque sea un ignorante como profesional, ya que lo primero es requisito y lo segundo no.

Otra irregularidad estaría dada por la no exigencia del castellano como requisito. Siendo una comunidad bilingüe, sería más igualitario que si se exige conocimiento de una lengua, también lo sea de la otra.

La idea que plantean los partidos nacionalistas locales es la de salvaguardar la lengua catalana frente al avasallamiento castellano de imponerse sobre la anterior, un argumento manido pero fútil, porque plantea sustituir una hipotética imposición por otra. Además, la defensa de un catalanismo idiomático impuesto a ultranza arrasa con las variantes locales de un idioma que tiene una riqueza expresiva maravillosa. Los que vivimos en las islas sabemos que se habla mallorquín, menorquín, Ibicenco y formenterer, y que aún en cada isla hay variantes dialécticas y expresiones típicas por pueblos, no se habla igual en Sa Pobla, Pollença o Soller, por citar sólo algunos ejemplos.

Lo mejor de todo es que la gente, en la calle, habla lo que le sale, utilizando el idioma que mejor se adapta a una circunstancia determinada, independientemente de lo que las autoridades les quieran imponer. De hecho, en una comunidad turística como la nuestra, la necesidad de conocimiento mínimo de alemán, inglés o francés resultaría muy útil para afrontar situaciones cotidianas.

En todo caso, si usted es profesional cualificado y pretende venir a Baleares a trabajar se encontrará con que podrá conseguir un puesto interino en la administración pública, pero deberá hacer un curso de idioma catalán si quiere opositar a fijarlo. Ya se puede entender que si le sale una oportunidad similar en la península se irá y, así, otro excelente trabajador se perderá para el beneficio de nuestra comunidad balear.

Por ello, hay que llegar aun consenso en el cual la proyección de futuro y el sentido común primen frente a los intereses creados. Me parece bien, por ejemplo, que el conocimiento del catalán sea un mérito, es decir, se valore como puntos adicionales en la oposición a un puesto de trabajo fijo en la administración, pero no un requisito. Así, si usted desea el puesto, sabrá que si supiera catalán es más probable que lo consiga. De esa forma se promoverá el aprendizaje voluntario de muchos ciudadanos a los que, si se les obliga, posiblemente no lo hagan. Y ya que estamos, que también se valore como mérito el conocimiento de castellano, inglés, francés y alemán,¿Porque no? Es una forma de ser absolutamente igualitario, una cualidad imprescindible de una comunidad autónoma que se precia de ser democrática.