El abogado de Francisco Javier Guerrero, el ex director general de Trabajo imputado en el caso de los ERE, mantiene que su cliente no actuó solo y que estuvo en el cargo nueve años «con tres consejeros». Si en el caso de los 1,3 millones de euros en ayudas que recibió su chófer –que según la declaración de éste se dedicaron a comprar cocaína, fiestas y regalos– la responsabilidad parece directa, en otras subvenciones sí hay constancia de que Guerrero actuó según las directrices que le marcaron otros cargos políticos de la Consejería. Por ahí podría explicarse la amenaza velada del letrado cuando habla de que su cliente se plantea «tirar de la manta».

Es el caso, por ejemplo, del ex delegado provincial de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, que según la documentación a la que ha tenido acceso LA RAZÓN medió en las cuantiosas ayudas públicas que recibió la empresa Fundiciones Caetano. Rivas está imputado por el juzgado de Instrucción 6 de Sevilla y personas de su familia han aparecido como «intrusos» en ERE financiados con fondos públicos. Rivas ha ostentado varios cargos de resposabilidad dentro del PSOE y ha mantenido siempre una relación estrecha con el secretario provincial de los socialistas sevillanos, José Antonio Viera.

Quizá por eso, en una de las actas de las reuniones que los resposables de la partida de ayudas sociolaborales mantuvo con Fundiciones Caetano, hecha a mano –según fuentes del caso, una práctica habitual, de hecho la juez Mercedes Alaya ha reclamado todos los documentos manuscritos de los expedientes– y fechada el 5 de septiembre de 2006, los representantes de Empleo se comprometieron a hacer gestiones «con Antonio Rivas o José Antonio Viera –ya entonces secretario provincial del PSOE de Sevilla– para que Justo Padilla –alcalde durante más de 30 años de Guillena y condenado por prevaricación– le otorgue la calificación de industrial a los terrenos».

Fundiciones Caetano, radicada en su origen en el municipio sevillano de Camas –de la que Rivas fue alcalde–, se trasladó en 2005 a Guillena, tras un tortuoso periplo que arrancó en el 2000. Un informe de la compañía cifró la cuantía de la inversión en 13,2 millones de euros, cantidad que finalmente se elevó hasta los 35. El Ejecutivo autonómico, que iba a sufragar la mitad de la operación –unos 6,6 millones–, acabó poniendo algo más del 25 por ciento del montante –alrededor de 9–. Pese a ello, la entidad se acogió a la ley concursal y pidió ayudas públicas para sufragar el despido de 21 personas. Ahí entró el «fondo de reptiles» en funcionamiento. Guerrero asume la operación con «interés», según le agradece el administrador de la empresa, Abilio Caetano Blasco, en una carta fechada el 6 de febrero.

La historia de Fundiciones Caetano acabó con la extinción de los contratos de todos los trabajadores, que han protagonizado múltiples acciones de protesta para reanudar la actividad. De nada han servido los convenios firmados con la Consejería de Empleo. En 2004, la Junta ya se comprometió a pagar 694.597,25 euros, convenio que se materializó en 2006. En 2008, firmado por el sustituto de Guerrero, Juan Márquez Contreras –Rivas seguía en la Consejería–, hay un nuevo convenio por un importe de casi 3 millones de euros para la extinción de 17 contratos. En julio de 2009, la deriva acaba con un ERE extintivo que afectó a los 95 trabajadores que por entonces tenía la empresa.

Objetivo común: la «paz social»

Que la Junta y el PSOE trabajen juntos no es de extreñar, porque el Ejecutivo justificó ante la Intervención que las ayudas prescindieran del procedimiento administrativo porque la celeridad garantizaba la «paz social». El «fondo de reptiles» tenía su utilidad política.