El Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), el organismo público a través del que la Junta de Andalucía pagó las prejubilaciones del fondo de reptiles, y los sindicatos UGT y CCOO acordaron ocultar en la caja de seguridad de un banco un acuerdo del ERE del matadero jiennense Cárnicas Molina. Naturalmente, era por una razón. El acuerdo incluía jubilaciones de personal que sólo tenía 48 años de edad. Si alguna puntada le faltaba a este escándalo, ahora se presenta con nocturnidad, alevosía y secretismo de las centrales sindicales UGT, CC.OO y la Junta.

El último párrafo del documento, que reproducimos a continuación tomándolo del diario El Mundo, recoge el compromiso de «depositar este acuerdo y el preacuerdo de fecha 10 de febrero de 1999 en una caja de seguridad de una entidad financiera, que sólo podrá ser abierta con el consentimiento de dos de las tres partes firmantes del presente acuerdo».

Las tres partes firmantes eran César Braña Pino, consejero delegado de Hijos de Andrés Molina SA (Hamsa), a propuesta del IFA, que era en esos momentos el propietario de la empresa, que,. por ello, era empresa pública. Otro de sus firmantes era Juan Lanzas Fernández, que actuaba en representación de la UGT y José Manuel Revuelta Perea, por CC.OO.

Es sabido que Lanzas es una de las personas clave en la trama de los ERE, según la Policía Judicial, que sostiene que se prejubiló como intruso con cargo al fondo de reptiles en la empresa textil malagueña Hitemasa. En ese mismo ERE se incluyó, precisamente, al entonces consejero delegado de Cárnicas Molina, César Braña, ya fallecido, y también prejubilado como intruso, es decir, sin haber trabajado nunca en Hitemasa.

Antes de su prejubilación fraudulenta, Braña y Lanzas firmaron el preacuerdo y su anexo para la prejubilación de trabajadores de Cárnicas Molina. Pero el preacuerdo, en lugar de darlo a conocer públicamente, se depositó «para su custodia en la presidencia del Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén, advirtiéndole al presidente de dicha entidad que, dada la confidencialidad
de estos acuerdos, no deberá dar vista ni copia de los mismos a ninguna persona o entidad, salvo con la autorización expresa y escrita de todas las personas firmantes de estos acuerdos».

Lo más grave del acuerdo era que se contemplaba la posibilidad de prejubilar a trabajadores con 48 años, en el caso de que la empresa se negara a prescindir, «por razones relacionadas con la actividad productiva », de algunos de los trabajadores mayores de 50 años a los que se reconocía el derecho a prejubilarse con dinero que saldría del fondo de reptiles de la Junta. Pero la Ley impide prejubilarse antes de los 52 años. Por ello, las prejubilaciones a los 50 años consistían, en la práctica, en enviar dos años a los trabajadores al paro y prejubilarlos a los 52.

El ex consejero Viera también ocultó acuerdos

La Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico exigió «confidencialidad » de forma expresa en el protocolo de colaboración que firmó con un industrial sevillano interesado en la compra de la fábrica de loza Pickman-La Cartuja y en el que la Administración autonómica comprometió 3,66 millones de euros en ayudas. El protocolo lo firmó José Antonio Viera en calidad de consejero en vísperas de las elecciones autonómicas y generales de 2004. El acuerdo firmado en diciembre de 2003 incluía una cláusula en la que se decía de forma textual: «Expresamente, ambas partes se obligan a mantener la más estricta confidencialidad sobre cualquier aspecto derivado del presente Protocolo, siendo preciso el mutuo consentimiento de las partes para la difusión de cualquier aspecto derivado del mismo».

La pregunta es si un dinero público puede tener la condición de “confidencial”. Por ello, si el procedimiento fue irregular, lo fue ya desde entonces y siendo consejero Viera.