El portavoz del equipo de Gobierno del PP en la Diputación de Granada, José Torrente, ha presentado hoy el informe de la auditoría laboral que ha llevado a cabo la Diputación Provincial en la que se ha puesto de manifiesto “indisimulados indicios que muestran cómo se ha pergeñado una estrategia para favorecer en determinados procesos selectivos a concretas personas con nombres y apellidos” durante el anterior mandato con gobierno de PSOE-IU.

Se han visto 30 expedientes de selección de personal de los años 2007 a 2010 que han confirmado que la política de selección de personal en estos años auditados era “un auténtico escándalo” ya que se utilizaba “el poder para, enmascarados con procesos presuntamente impolutos, poder acabar colocando a amigos y afines”.

Esta auditoría laboral fue un compromiso electoral del Partido Popular y se ha realizado para comprobar si realmente procesos selectivos que en su día fueron puestos en duda por los propios opositores se adecuaron a la normativa en vigor, analizando a su vez la relación entre los tribunales y las personas que se presentaban a los exámenes algunos de los cuales, según ha quedado patente en el informe auditor presentado hoy por José Torrente, habían sido compañeros o eran jefes directos de los que los examinaban.

La política de selección de personal que, por otro lado, abusaba de las contrataciones temporales, ha sido en los últimos años “un auténtico escándalo”, refleja Granada Digital.

“Ponían en el cajón del olvido la normativa en vigor, saltándosela cada vez que conviniera, abusando de la responsabilidad que tiene gobernar, favoreciendo procesos para sus amigos”, ha resumido Torrente tras dar a conocer los principales datos de esta auditoría que ha llevado 147 horas de trabajo de revisión de expedientes y otras 45 horas de concreción jurídica de lo ejecutado.

Ejemplos concretos

Uno de ellos es el rfeferido a la plaza de técnico superior de desarrollo que fue a parar a un cargo de confianza de Izquierda Unida.

En este caso, de cien aspirantes, solo 7 superaron el primer ejercicio, habiendo seis plazas vacantes de las cuales una fue a parar al cargo de confianza de Izquierda Unida. “Curiosamente se requería titulación de Antropología que era la única que podía aportar el que fuera director del área por Izquierda Unida”, ha señalado Torrente.

En otro caso, el de técnico superior de Deportes, una jefa de servicio de esta área participó en el tribunal que eligió al que era su compañero de trabajo, el alcalde socialista de El Padul Manuel Alarcón.

De 85 aspirantes para ser agentes de Igualdad, solo 4 pasaron el primer ejercicio, y solo 2 aprobaron siendo una de ellas la mano derecha en el anterior equipo de Gobierno de la socialista Juana María Rodríguez Masa, entonces vicepresidenta primera y responsable de Bienestar Social.

También destacan las oposiciones convocadas para seleccionar a un periodista: hubo treinta aspirantes pero solo una, “curiosamente miembro del equipo de confianza del expresidente Antonio Martínez Caler”, superó el primer ejercicio.

Asimismo, para la oposición de una plaza de técnico de la Administración General, de las 129 personas presentadas solo una pasó el primer examen la cual finalizó haciéndose con la plaza. “Esto es increíble e imposible si no hay filtraciones”, ha remachado José Torrente quien ha incidido en que se propondrá a los tribunales que se convoquen a partir de ahora que no se decidan hasta última hora las preguntas para los exámenes con el fin de evitar posibles filtraciones.

La reforma de los sistemas de selección

El PP de Granada ha anunciadao ya que se va a elegir órganos independientes “con plena libertad de cátedra, con soberanía para ejercitar su función dentro de la legalidad” y para cuya elección se llegarán a acuerdos con los representantes sindicales siendo siempre los presidentes y secretarios de estos tribunales funcionarios adscritos al área de Función Pública.

Además “se ha terminado la práctica de designar a miembros de tribunales en nombre de organizaciones políticas y sindicales” y “se han acabado los repartos”, ha aseverado a este respecto José Torrente, quien ha destacado que estas “colocaciones” de afines, colaboradores, amigos y familiares se produjeron “especialmente en la última época en la que podían ya atisbar que su salida del gobierno les dejaría sin este instrumento de colocación tan eficaz e importante para ellos”.

Acerca de los miembros de los tribunales, se incorporarán las titulaciones que tengan, y se hará constar en las actas expresamente los criterios por los que se valorarán o no se valorarán los méritos profesionales alegados. Se baremarán en igualdad de condiciones la experiencia profesional en los ámbitos privado y público sin primar este último, y se motivarán las respuestas a las posibles alegaciones de los examinados, a diferencia de lo que se ha venido haciendo hasta el año pasado.