El argumento expuesto por el juez Castro para no citar como imputada a la Infanta Cristina, raya entre lo injusto, discriminatorio e incluso posiblemente improcedente. Afirmar que cumplir con su obligación “contribuiría a estigmatizar gratuitamente” a la hija menor del Rey no convence en absoluto. Simplemente alegando que no existían indicios habría sido suficiente sin tener que recurrir a la citada y altisonante estigmatización.

Sin entrar a cuestionar la rigurosidad del juez a la hora de tomar decisiones, en esta ocasión, el 99% de los españoles serían incapaces de creerse que Doña Cristina, universitaria, culta, preparada y trabajando en una entidad bancaria desde hace 20 años, viva sumida en la total ignorancia ni tenga la menor idea sobre las presuntas irregularidades cometidas por su marido, Iñaki Urdangarín , a través de las distintas sociedades, en alguna de las cuales figura y participa.

El mencionado juez Castro, al recurrir al empleo del término “estigma” vinculándolo con el de “imputado”, presupone algo infamante para la persona, cuando en realidad y en múltiples ocasiones, tal condición es una oportunidad que otorga la Justicia a la persona para poder explicarse con garantías. El magistrado, con su postura, en cierto modo ha deslegitimado “el discurso del Rey” en las pasadas Navidades, ya que con su decisión de no citar a la Infanta, contradice el pronunciamiento del monarca cuando rotundamente afirma que “todos somos iguales ante la Justicia” e igualmente reconocer que hay dos categorías de ciudadanos, los que pueden ser estigmatizados, es decir, prácticamente todos, y los privilegiados entre los que se encuentra la Infanta.

El sentido común nos dice y así lo entendemos que, “la Justicia que no trata a todos por igual, automáticamente, pierde la condición de tal”. Eludiendo paliativos y demás zarandajas, el verdadero problema del llamado “caso Urdangarín” es que en su momento, siempre presuntamente, en la Casa Real se coló un “perillan” (persona pícara y astuta) de tomo y lomo, ambición desmedida y una jeta que se la pisa, como dirían los castizos. Es muy posible que a medida que aparezcan nuevas informaciones sobre el entramado empresarial montado por Urdangarin y Torres, incluyendo los movimientos de dinero en paraisos fiscales, el Duque de Palma se vea aquejado y ojalá no ocurra, de un repentino pre-alzheimer, que le impida recordar el más mínimo detalle sobre todas esas historias en las cuales, incomprensiblemente, pretenden involucrarle, cuando su cometido se limitaba a figurar, sonreír y nada más, dado que de todos los burdos y desagradables trámites se ocupaba Torres. Convendría recordar que el duque es muy propenso a dolencias repentinas. Sin ir más lejos, años atrás, eludió sus deberes para con la Patria, librándose de hacer la mili por padecer “sordera completa”.

Resumiendo: las gestiones realizadas por Undargarin y Torres en el Instituto Nóos durante tres años, les permitió recaudar más de 17 millones de euros mediante corruptelas ampliamente narradas en los medios con todo detalle, firmando contratos con empresas privadas y administraciones públicas, sin que la Infanta Cristina, vocal de la Junta Directiva del citado Instituto, nunca ha tenido, tiene, ni tendrá la menor idea sobre todo lo ocurrido.

En cuanto a la empresa Aizoon, participada al 50% con su marido y utilizada para el desvío de dinero de Nóos con facturas falsas, le ocurre exactamente lo mismo; vamos, en la mas total inopia. Dado que la historia promete dilatarse en el tiempo, lo recomendable es tomarselo con paciencia y tal como tenemos el patio de revuelto y con otras elecciones autonómicas en Andalucia y Asturias a final de marzo, sobresaltos, por desgracia, no nos faltaran…¡Tiempo al tiempo!