El Gobierno está recopilando los datos de los ayuntamientos catalanes que no colocan la bandera española en Cataluña, para adoptar medidas, mientras que la Abogacía del Estado está estudiando caso por caso, para ver qué actuación realizar, ya que en algunos casos ya hay resolución judicial para que se coloque la enseña nacional y en otros sería recurrir a la Justicia, según informaron fuentes del Ejecutivo.

La reciente polémica por la negativa de numerosos ayuntamientos catalanes a colocar la bandera española surgió el pasado 18 de febrero, cuando unas 250 personas asistieron a un acto simbólico, convocado por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) en Sant Pol de Mar (Barcelona), en el que se retiró la bandera española del ayuntamiento como protesta por una sentencia que obliga al consistorio a ondear la bandera en la fachada del edificio.

Unos días después, la bandera era restituida en la fachada del consistorio y en la sala de plenos, después de que la delegada del Gobierno en Cataluña, Llanos de Luna, presentara un requerimiento al Ayuntamiento reclamando que restituyera la bandera cuanto antes.

A raíz de este acto se han sucedido las peticiones, por parte de la Delegación del Gobierno, para que los ayuntamientos catalanes coloquen la enseña nacional, pero los municipios independentistas han llegado a acudir, esta misma semana, al Parlamento catalán para pedir apoyo ante el conflicto que se ha generado con la nueva delegada.

Sin embargo, el conflicto no es nuevo y, con anterioridad la Abogacía General del Estado había presentado demandas de impugnación de los acuerdos municipales de suprimir la bandera española de las fachadas de los ayuntamientos.

Tras las últimas elecciones municipales de mayo de 2012, el conflicto volvió a resurgir y hacia finales del pasado año, la Abogacía interpuso al menos cinco demandas contra los ayuntamientos de Palamós, Palafruguell, Calange, Palls y Torroella de Montgrí. Los tribunales han fallado ya en el caso de Parafruguell, en una resolución que obliga al consistorio a colocar la bandera.

En el caso de Palls, al ser notificado el ayuntamiento de que se habían emprendido acciones judiciales, se comprometió ante el Juzgado a colocar la enseña, en un acto que jurídicamente se conoce como allanamiento de las pretensiones de la Abogacía del Estado. Ante este compromiso, el proceso quedó interrumpido. Fuentes de la Delegación del Gobierno consultadas por Europa Press explicaron que ambos municipios, Palafrugell y Pals se han mostrado dispuestos a cumplir la Ley.

En los casos de Palamós, Calange y Torroella de Montgrí, los procedimientos ante la Justicia están siguiendo su curso y aún no hay resolución.

Pero además de estos casos, la asociación Manos Limpias, ha presentado una denuncia ante la Delegación del Gobierno en la que pide que ésta adopte medias en otros 53 municipios catalanes que no colocan la bandera en sus consistorios. Se trata de 14 ayuntamientos de Girona, 32 de Barcelona, tres en Tarragona y otros tantos en Lleida.

En esta denuncia se pide a la Delegación del Gobierno que compruebe los hechos y de a los ayuntamientos un plazo razonable para que éstos coloquen la enseña nacional.

En cualquier caso, las fuentes consultadas explicaron que la Abogacía del Estado está analizando ya todos los casos de los que tiene conocimiento para decidir cómo actuar, ya que en algunos de ellos ya hay sentencia y de lo que se trataría sería de la ejecución de la misma y, en otros, tendrán que decidir si recurren a los tribunales o previamente se envía un requerimiento.

Además, no todos los casos son iguales, ya que en algún municipio, como en Arenys de Munt (Barcelona), el pleno municipal ha acordado que va a convocar una consulta popular para que sean los ciudadanos quienes decidan si la bandera española debe ondear en la fachada consistorial, aunque por ahora se desconoce en qué fecha va a producirse esta votación.