El Gobierno valenciano pone a la venta el aeropuerto de Castellón sólo un año después de ser inaugurado a bombo y platillo
En medio de la senda de los severos ajustes que el Gobierno valenciano se ha marcado como brújula con el objetivo de garantizar el cumplimiento del objetivo del 1,5% del déficit, la Generalitat está dispuesta a soltar lastre sobre una de las infraestructuras más controvertidas de la Comunitat: el aeropuerto de Castellón. El gobierno de Alberto Fabra ha puesto a la venta el aeropuerto a una empresa privada con todo lo que conlleva.
Hasta ahora, y ante la falta de apoyos del Gobierno central desde 2003, se había apostado por una fórmula mixta: la gestión era privada a través de una concesión al conglomerado empresarial Concesiones Aeroportuarias, mientras que la Administración -a través de la empresa pública Aerocas- se encargaba de la promoción y, además, era propietaria de los terrenos.
Pero los conflictos no dejan de crecer en torno al aeropuerto y, todos los meses los gastos son fijos. Por poner un ejemplo, los 7.000 euros en luz que cuesta la infraestructura. Y todo en una época de recortes y de austeridad encaja mal. De ahí que la intención de la Generalitat, tal y como ha podido saber este periódico, es que una empresa privada asuma por completo el aeropuerto: el suelo, la gestión, la negociación con aerolíneas y los posibles beneficios. Es decir, ya no sería únicamente la gestión la que pasaría a manos privadas, sino la totalidad de la infraestructura, de manera que la administración pública pasaría a quedar absolutamente desvinculada del mismo.
Una decisión que daría un giro al hasta ahora complejo entramado de connivencia entre una administración pública y una empresa privada. Pese a todo, fuentes de Aerocas insistían ayer en que «siempre se ha dicho que lo que se quería es externalizar la gestión del aeropuerto», si bien desconocían la posibilidad de la venta a un grupo de capital privado, incluida la titularidad de la base.
Pero antes de dar cualquier paso, hay que resolver el cisma abierto por la ruptura del acuerdo con Concesiones Aeroportuarias. La empresa recibió en 2003 a modo de concesión la gestión de la infraestructura con el compromiso de que, en el caso de que no se superaran los 600.000 pasajeros al año, el Consell pagaría 6 euros por cada viajero hasta alcanzar esta cifra.
Sin embargo, tras un amago de ruptura por parte de la empresa (participada en su mayoría por Globalvía), se modificó el acuerdo y se fue todavía más generoso con el capital privado: durante los primeros ocho años de vida de la infraestructura, la administración pública supliría cualquier tipo de pérdida económica. Concesiones alegaba varios elemento para negociar: que la provincia no estaba desarrollada turística mente, que estaba prevista la llegada del AVE y que las condiciones bancarias habían cambiado en un contexto de crisis.
No obstante, el 30 de diciembre de 2011 el Consell anunciaba la ruptura de las negociaciones después de que la empresa denunciara que este último pacto nunca llegó a firmarse. En ese momento, el presidente de Aerocas, Carlos Fabra, aseguraba que el objetivo era «externalizar» la gestión y no descartaba un rescate total de la base.
Tras varios meses y declaraciones cruzadas el objetivo del Consell parece que ha cambiado. La Generalitat está negociando con Concesiones para evitar el conflicto judicial y, como ya avanzaba ayer este periódico, asumiría los créditos pendientes de la empresa.
En cuanto a la aportación de 33 millones de los accionistas de Concesiones, el Consell ha revelado que el máximo a pagar van a ser 30 millones, dentro del marco de austeridad previsto. Pide a la empresa que reste los sobrecostes y el precio de la modificación de las pistas de aterrizaje que ahora está pagando Aerocas.
Ayer, la consellera de Turismo, Lola Johnson, insistía en que la Generalitat decidirá cómo se gestiona el aeropuerto una vez finalice el expediente de seguridad en el que se está trabajando. Para Johnson, ese expediente estará «en breve».
CARLOS FABRA, “VISIONARIO Y AUTOR INTELECTUAL” DEL PROYECTO
Algunos lo calificaron como “el legado de Fabra” y no les falta razón. Porque sólo así se entiende que el 24 de marzo de 2011, el president de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y el president de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, inauguraron el Aeropuerto de Castellón, pese a que no tenía aún la autorización para gestionar vuelos y cuando aún se desconocía qué compañías querían operar en esta provincia.
La instalación ha costado 150 millones de euros y el coste de gestión de esta infraestructura, que gestionó la sociedad pública Aerocas, era de entre seis y ocho millones de euros anuales. La inauguración se realizó el mismo día en el que el lobby empresarial AVE –Asociación Valenciana de Empresarios– presentó un decálogo de medidas para que las aplicara el ganador de las elecciones del 22-M, que volvió a ser el PP, en el que se exigía, entre otros, “austeridad frente a despilfarro”, que se “privaticen o cierren” las empresas públicas deficitarias y que se apueste por los sectores productivos.
La inauguración del Aeroport funcionó a modo de homenaje a Fabra, imputado por varios delitos contra la administración pública. Más de 1.500 personas, movilizadas con autobuses pagados por la Diputación de Castellón, se congregaron en el hall de la instalación para seguir los discursos de Camps y Fabra. El líder popular de Castellón recibió un baño de masas y los mayores elogios de Camps, que lo calificó de “visionario y autor intelectual” del proyecto (sic).
La idea de este aeropuerto era dotar a la provincia de un servicio con el que atraer a clientes del sector turístico, principalmente. El problema, según advirtieron los expertos, es que no muy lejos, en Valencia, ya existe un aeropuerto y que Castellón no tiene el potencial de atracción de turistas de otras provincias como Alicante. Carlos Fabra, respecto a estas críticas, dijo que “hay quienes dicen maliciosamente que hemos hecho el aeropuerto con el corazón y no con la cabeza, y ahí tengo que darles la razón porque las cosas que merecen la pena se hacen con el corazón”. “Dicen que estamos locos porque lo inauguramos sin aviones, pero no han entendido nada, pues es un aeropuerto para personas, por y para Castellón, y a partir de hoy cualquier ciudadanos podrá visitarlo”.
Fabra añadió que “lo que no les deja dormir y les preocupa es que lo hemos hecho, por lo que me siento feliz, orgulloso y emocionado porque hace un año la salud me hizo pensar que no me permitiría estar aquí, por saber de lo que es capaz de hacer el ser humano y por la respuesta de la gente”.
El lado derecho del problema valenciano se llama PP (el brazo político de Intereconomía), el lado izquierdo del problema se llama PSOE (brazo político de LA SEXTA).
LA SOLUCIÓN PARA VALENCIA SE LLAMA ESPAÑA 2000.
¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién va a decir alto y claro que el emperador no lleva traje, sino que va desnudo? ¿Cuándo, quién y cómo va a sentar en el banquillo y mandar a la cárcel a los perpetradores de los aeropuertos de Castellón, Ciudad Real, Logroño, Huesca, o la ampliación del de Pamplona? ¿A cuánto asciende lo malversado, robado, o hurtado a los ciudadanos en la última década? ¿por qué se seguimos permitiendo esta aberrante CLEPTOCRACIA?
Se incluye la estatua del patricio popular?.
Porque con estatua compro yo.