José María Hernández, García Nieto, De Santiago-Juárez, María José Salgueiro y González Gago, durante la reunión de ayer

El consejero de la Presidencia, José Antonio De Santiago-Juárez, explicó ayer a la Comisión de Diputaciones de la Federación de Municipio las principales líneas de la nueva ordenación del territorio en Castilla y León. Una reunión en la que La Comisión acordó, entre otras cosas, adherirse al documento presentado en la Comisión de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares de la Federación Española de Municipios el pasado 18 de abril sobre el fortalecimiento institucional y modernización de estas entidades.

Y es que, pese a la necesidad y aceptación social de que hay que actuar cuanto antes para reducir el déficit de las entidades locales pero sin que se pierda calidad ni eficacia en los servicios que se prestan a los ciudadanos, el uno de los puntos del programa de reformas previsto por el Gobierno para este año está generando cierta inquietud en la Junta de Castilla y León: el que se refiere a la agrupación de municipios en función de su población.

En una carta enviada a los medios de comunicación, el director general de Ordenación del Territorio y Administración Local, Luis Miguel González Gago, expresa su preocupación y también su rechazo a una posible agrupación de municipios por decreto ley, ya que Castilla y León sería la región de la España autonómica más afectada, puesto que pasaría de 2.248 municpios a 246. «De llevarse a cabo esta desaparición forzosa de municipios por decreto, conllevaría una amplia contestación social y política», advierte González Gago, quien defiende la valía del municipalismo y la necesidad de que nuestros pueblos no desaparezan, sino se agrupen de forma voluntaria para prestar mejores servicios y ser más eficaces.

El director general de Ordenación del Territorio defiende en este sentido el nuevo modelo territorial en el que está trabajando la Junta de Castilla y León y en el que se defiende precisamente eso: que los municipios sigan existiendo y decidiendo sobre su futuro.

«Algo que -explica- no debe ser óbice para que los que así lo deseen decidan unirse voluntariamente para poner en común, de forma mancomunada, aquellos servicos públicos que se pueden prestar mejor y de manera más barata a través de los distritos rurales que se van a crear y las diputaciones provinciales».

González Gago recuerda asimismo la gran identificación y sentimiento de pertenecia que cada ciudadano tiene a su tierra, al lugar en el que vive, independientemente de si ha nacido en ese lugar o no, y que esta especial idiosincrasia, típica d ela colectividad humana, no debe perderse ni diluirse en una estrutura mayor. «A los vecinos de cada pueblo no se les va a trasladar de sitio porque la gente vive donde quiere vivir y los servicos hay que seguir prestándolos allí donde haya gente viveindo», insiste el representante de la Junta en su carta, mientras avisa de que la desaparición de un ayuntamiento «solo serviría para ahorrarse un troz de sueldo del secretario compartido que ahora tienen y, como mucho, el puesto de alguacil». Además, insiste en que con la desaparición de ayuntamientos se perdería también el sentimiento democrático de la ciudadanía. «Ya no se votaría igual en elecciones locales cuando los representantes que deben elegir están ubicados a veinte kilómetros de distancia».

González Gago tiene claro que los pueblos no deben desaparecer y por todo ello pide a los partidos políticos agentes sociales y representanes municipales que logren un acuerdo político y social en Castilla y León «para enseñar a Madrid que Castilla y León apuesta por la asociación voluntaria y no por la agrupación».