La percepción popular establece con dimensiones crecientes de consenso nacional que todos son iguales. Esa percepción es correcta y se ajusta a la realidad. Cada vez más españoles señalan a la clase política como la causa de nuestros males. En las elecciones andaluzas, la noticia poco difundida y nada comentada fue el incremento exponencial de la abstención ante la percepción de que nunca hay cambio, sino continuidad en políticas personales aunque cambien los nombres. Sí, en efecto, todos son iguales y el mal está en el sistema.

El político es un animal racional. No tiene nada de romántico, aunque pueda utilizar cierta retórica idealista. Establece continuos juicios de coste-beneficio. Tiene muy en cuenta su interés personal. Defiende sus privilegios y los incrementa. Todos pueden ver, como confirmación, que cada una de las ventajas adquiridas por los políticos han sido votadas por unanimidad.

El modelo político establece unas reglas del juego, un interés común. Las del modelo político español están previstas para la expoliación de las clases medias. La crisis definitiva del sistema viene por la reducción y el hundimiento de las clases medias. Todos los partidos se financian del contribuyente. Luego todos los partidos encuentran ventajas en expoliar al contribuyente. No tenemos partidos, pues no son cauces de representación, sino grupos de intereses y mafias legales que defienden los intereses de sus cargos, de su casta, y las diversas castas tienen un interés común, privilegios compartidos. Uno de los intereses comunes es mantener el botín electoral, el número de cargos y puestos de trabajo que puede administrar el partido ganador. Otro de los intereses comunes es mantener la compraventa de votos mediante la cultura de la subvención, porque el único riesgo del político –toda vez que no existe la independencia del Poder Judicial y no hay medios de comunicación independientes- es su eventualidad, el hecho de que ha de revalidar su puesto cada cuatro años. Mediante la financiación pública y las listas cerradas, las mafias legales que denominamos partidos han conseguido que el puesto político sea vitalicio y aún hereditario. Pueden colocarse en las grandes empresas a las que han beneficiado. Han hundido a las cajas porque las han depredado mediante la corrupción pero, sobre todo, porque las han utilizado en un suicida cortoplacismo para comprar votos, voluntades.

El Gobierno del Partido Popular a lo que se ha dedicado en estos primeros meses, además de a subir impuestos y tasas, ha sido a colocar a familiares de políticos en puestos de la Administración. Cuanto más poder tiene un político más familiares, amigos y correligionarios puede colocar.

Por tanto, sí, todos son iguales, porque funcionan con las mismas reglas y los mismos intereses. Para cambiar hay que modificar las reglas. No es suficiente la alternancia. No implica, básicamente, ningún cambio y quienes creen que los ‘suyos’ lo harán mejor o distinto son hooligans que han abandonado el terreno de la racionalidad, para retornar al tribalismo.

El nudo gordiano del cambio es que los partidos salgan del Presupuesto, y que lo propio hagan los sindicatos y las patronales. Si se financian de los afiliados, no tendrán interés en expoliarlos sino en que tengan renta disponible para pagar sus cuotas. Los considerarán clientes a los que es preciso servir y atender. Se abrirán, de inmediato, a la democracia interna. Mejorarán la Administración, para no hundir a sus clientes. Les bajarán los impuestos.

Para cambiar, hay que sacar a los partidos de las cuentas públicas. Para sobrevivir, hay que cerrar cuanto antes las autonomías, porque no son sostenibles. Mantener el Estado central y diecisiete miniestados es una locura propia de dementes. Bueno, no tan dementes, con 17 miniestados, con sus gobiernos y parlamentos, el político administra un botín electoral inmenso donde puede colocar a cuantos quiera.