El masón David Cameron.

G.I.- Durante los últimos años, las agresiones contra los cristianos en Reino Unido se han venido sucediendo sin pausa. Un continuo goteo de casos ha venido jalonando la sospecha de que en Gran Bretaña está comenzando una persecución ante la que las autoridades hacen la vista gorda. La reciente actitud de beligerancia abiertamente anticristiana del Gobierno conservador británico deja poco lugar a la duda.

En febrero de 2009, Carline Petrie trabajaba como enfermera en el hospital británico North Somerset Primary Care. Tenía entonces 45 años y llevaba media vida dedicada a la enfermería. Como tantas otras veces, un día del anterior mes de diciembre, al término de su jornada laboral, ofreció a una paciente rezar por ella; esta, una viuda de casi 80 años llamada May Phippen, declinó la amable oferta de Carline por considerarla poco apropiada e incluso algo inquietante, considerando que venía de alguien que tenía que velar por su salud. Sin embargo, la anciana le agradeció el gesto, y en modo alguno se sintió molesta, ya que “yo misma tengo creencias cristianas”.

En todo caso, a la señora Phippen no le quedó duda alguna acerca de la buena voluntad de la enfermera: “Estoy segura de que lo hizo con la mejor intención”. Pero, al dar a conocer de modo inocente a otra compañera de Petrie el ofrecimiento hecho por esta, el asunto trascendió a la dirección de la institución, que se puso manos a la obra. Y Carline fue acusada de “violar el código de conducta sobre igualdad y diversidad” y suspendida de empleo, pese a que Phippen insistió en que no se había sentido intimidada en ningún momento por ella, e incluso declaró que “no me gustaría que la despidiesen por una cosa así”.

Un asunto privado

Sin embargo, era la segunda vez que Carline cometía el mismo error. Tres meses antes, un paciente había presentado una queja porque la mujer le había ofrecido una estampa religiosa. Carline estaba desolada: “No logro entender cómo ofrecerme a rezar por alguien puede ser perturbador, cuando es algo positivo cuya finalidad es transmitir esperanza”. La dirección le abrió, sin embargo, el pertinente expediente, ya que “es algo que podría molestar a personas de otras religiones o asustar a los pacientes”.

Ese mismo mes de febrero de 2009, Jennie Cain tuvo que hacer frente a su despido del colegio en el que trabajaba como recepcionista, a causa de que su hija de 5 años había mantenido una conversación con una compañera en la que la niña había hablado de Jesucristo y del Infierno. Marginada en el aula y duramente reconvenida por su profesora, quien le dijo en términos perentorios que no debía hablar de Jesucristo, la pequeña tuvo que ser reconfortada por su madre cuando esta llegó a recogerla y se la encontró hecha un mar de lágrimas a la puerta del colegio. Jennie decidió entonces enviar un correo electrónico a diez allegados suyos que trabajaban en el centro, y que ella sabía también cristianos.

Sin embargo, alguien de ese entorno le hizo llegar al director una copia del mensaje. En el correo, la señora Cain pedía a sus correligionarios que rezasen por la niña y por el estado de un colegio -que era el suyo- en el que sucedían cosas como aquella. Eso era todo. Pero Read, responsable del centro educativo, acusó a Jennie de hacer público un asunto interno. Evidentemente, el correo era un asunto privado, pero eso no pareció desempeñar en este caso ningún papel. El asunto saltó a los medios e hizo que la exministra Ann Widdecombe expresara su opinión en términos inequívocos al declarar que “ahora tenemos evidencia de la existencia de una cristofobia cotidiana”.

Judíos liberales

Por las mismas fechas, febrero de 2009, se hacía pública la presión a la que los musulmanes sometían a las librerías de Reino Unido para la que la Biblia fuera situada en los estantes menos accesibles, mientras que el Corán debía quedar a la altura de la vista de todos. En Leicester, los libreros consultaron a la Federación de Organizaciones Musulmanas antes de decidir qué hacer al respecto. El caso trascendió hasta propiciar que se pronunciaran altas instancias políticas del país.

Apenas unos meses antes, una azafata de British Airways, Nadia Eweida, había sido conminada por la dirección de la empresa para que prescindiese de la cruz que solía llevar asomando sobre su uniforme. Incluso un juez había dictaminado en favor de la compañía, si bien la línea aérea había optado por dar marcha atrás ante la posibilidad de que la mujer elevase el caso a otras instancias. El escándalo estaba servido por cuanto apenas dos años antes, en 2004, la Royal Navy había autorizado la celebración de cultos satánicos en sus naves. El que un portavoz de la Marina Real británica puntualizase que “la igualdad es para todos, y nosotros no le negamos a nadie sus propios valores religiosos” contrastaba poderosamente con la denegación a la azafata del derecho a portar la cruz.

Pero lo verdaderamente grave de lo que Widdecombe denomina abiertamente cristofobia es que, en los últimos años, dicha actitud viene siendo asumida por las instancias oficiales de un modo cada vez más abierto. Así, se ha disparado el número de sentencias que los tribunales británicos han dictado en las cuales los derechos de los creyentes son preteridos en favor de los de otros colectivos.

Tal sucedió cuando un matrimonio católico de ingleses negros, Owen y Eunice Johns, vio denegada la posibilidad de adoptar niños en razón de sus creencias. La High Court londinense estimó que, siendo cristianos, era inevitable el choque de sus convicciones con “el estilo de vida homosexual”, en cuyo caso debía prevalecer este y por tanto ese aspecto no podía ser detraído del proceso educativo de un niño. Según la Ley de Igualdad y Orientación Sexual, las consideraciones religiosas no deben “preservar nunca al creyente del alcance de la ley secular”, lo que ha sido interpretado por el tribunal como una exigencia a favor del mantenimiento de una “actitud positiva” hacia el estilo de vida homosexual, actitud que hay que exteriorizar y hacer visible en público.

Que las sentencias de este tipo están siendo alentadas por las autoridades políticas es algo que cada vez suscita menos dudas. Precisamente con motivo del pronunciamiento de la Alta Corte británica en el caso de los Johns, Cameron declaró que “el caso ha sido juzgado por un tribunal en la manera apropiada, y creo que debemos respaldar la sentencia emitida”.

Igualmente, el Gobierno del conservador Cameron ha manifestado su apoyo al colectivo homosexual, así como su deseo de impulsar el matrimonio gay. Y no solo eso: la liberal-demócrata Lynne Featherstone pretende abrogar la prohibición legal de que las parejas homosexuales puedan contraer cualquier otra unión que no sea la prevista unión civil, según el Sunday Telegraph. De acuerdo con esta publicación, el Ejecutivo de Londres tiene en cartera la celebración de ceremonias con inclusión de elementos litúrgicos, así como de sacerdotes de diversas confesiones, para lo que las iglesias cristianas tendrán que ceder sus templos como primera medida, incluso en el caso de que no quieran celebrar.

De momento, algunos judíos liberales, así como los cuáqueros, han mostrado su disposición a oficiar. Son muy pocos, pero es suficiente para que el Gobierno pueda sacar adelante sus propósitos, pues la Administración pública tiene el deber de garantizar que todo el mundo pueda ejercer sus derechos. De este modo, cualquier confesión puede verse obligada a facilitar que quienes pertenezcan a ellas puedan ejercer su derecho de celebrar.

Una prudente equidistancia

Entre tanto, Nadia Eweida -ya jubilada- y Shirley Chaplin -que también perdió su trabajo en 2010 por llevar una cruz al cuello- han decidido denunciar ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo la discriminación religiosa de que son objeto. El Gobierno de Londres, por su parte, ha decidido respaldar la actuación de los tribunales británicos frente a sus ciudadanas. La denuncia llega, además, en un momento en el que Cameron está estudiando la aprobación de una ley que impida la exhibición de cruces en el ámbito laboral.

El Gobierno británico ha hecho público que su argumentación se basará en el dato de que portar de modo visible una cruz no es obligatorio para los cristianos. Por tanto, defenderá el derecho de las empresas a despedir al empleado si creen que este no debe exhibir ese símbolo. Se trata del mismo argumento que empleó el tribunal que vio el caso de Nadia.

La postura del Gobierno de Cameron ha suscitado numerosas reacciones, desde las del alcalde de Londres, Boris Johnson, que se ha manifestado en contra, hasta la de buena parte de la opinión pública, que no termina de ver claro el asunto. La prensa mantiene una prudente equidistancia, cuando no una benevolencia hacia las posturas gubernamentales, con la excepción del Daily Telegraph, que ya tomó partido cuando se suscitó la polémica con respecto a los matrimonios homosexuales, señalando con toda crudeza que “estamos siendo testigos de una moderna Inquisición secular, un decidido empeño para forzar a todos a aceptar un nuevo conjunto de ortodoxias, so pena de afrontar la condena como herejes sociales”.