Ignacio Velázquez, presidente del primer gobierno autónomo de Melilla (d) junto al autor de la serie, Julio Liarte.

Por Julio Liarte Parres.- El Estatuto de Autonomía contemplaba la posibilidad del Presidente de nombrar un Consejo de Gobierno y, por tanto, los correspondientes Consejeros, los cuales no tendrían necesariamente que ostentar, al mismo tiempo, la cualidad de Diputados Locales. Esto es por lo que pudieron entrar en el gobierno, como cargos no electos, algunas personas, como el antiguo Presidente de Alianza Popular, Luis Fernández Muñoz, que sería el Consejero de Medio Ambiente; o el ex senador por el PP, José Luis Pozas, que sería el Vice-Consejero de tal área. Por otra parte, Nicolás Sánchez, como Consejero de Economía, Hacienda y Recursos Humanos y Vicepresidente primero se configuraba como el nuevo hombre fuerte del gobierno detrás del Presidente y su “cerebro gris”.

Aurel Saba sería destinado a presidir la recientemente creada sociedad pública “Quinto Centenario”, destinada a programar y organizar el que sería el 500º cumpleaños de Melilla como ciudad española que tendría lugar en 1997. Ernesto Rodríguez Muñoz, veterano político con un pasado relacionado con la UCD, pasaría a encargarse de la Consejería de Fomento y de Emvismesa. El nuevo organigrama de la administración, con el reforzamiento del poder de los Consejeros y la incorporación de gobernantes no electos, fue una de las causas de importantes problemas internos derivados de la frustración entre los restantes miembros de la lista electoral vencedora, que vieron como quedaban postergados a puestos de segundo y tercer nivel, y destinados al ostracismo y a una escasa relevancia pública, en lugar del protagonismo público que demandan los políticos de raza.

Tanto los miembros del nuevo gobierno como, en especial, su Presidente, empezaron a disfrutar del cambio de estatus administrativo de la administración local melillense que, en su nueva calificación como autonómica, adquirió un protagonismo en la política nacional en nada acorde al tamaño o la población de la ciudad. A su vez, el reforzamiento del papel de los Consejeros, así como el aumento de sus competencias y del volumen de fondos que cada uno podía manejar, los fue llevando, poco a poco, a un distanciamiento de los ciudadanos y a una concentración excesiva en asuntos de “alto gobierno”. Lejos empezaba a quedar el tradicional papel de Ayuntamiento de pueblo grande o ciudad mediana, según como queramos definirnos.

Entre los asuntos de alta política derivados de la puesta en práctica del nuevo estatuto de Autonomía destacó, en sus inicios, la propuesta de un nuevo régimen económico y fiscal para la ciudad. En septiembre de 1995, después de las elecciones, el Presidente decidió utilizar, por primera vez, la posibilidad que recogía el estatuto para presentar, desde la Asamblea de Melilla, iniciativas legislativas al Congreso de los Diputados, que podría aprobarlas en forma de Ley. A tal efecto, designó una comisión técnica para elaborar un borrador de la que sería la primera: una Propuesta de Ley de Régimen Económico y Fiscal de Melilla. Estábamos tres personas en la misma: D. Antonio De Pro Bueno, Subinspector de Hacienda recientemente jubilado, en esa época, de la Delegación de Melilla; mi compañero Rafael Requena Cabo, y yo mismo, ambos de Proyecto Melilla. Además, me responsabilizaría de la coordinación de los trabajos, de forma que, antes de un mes, pudiéramos presentar una propuesta en firme al equipo de gobierno.

Este trabajo fue todo un honor realizarlo, primero, por su importancia y también por la confianza que habían depositado en nosotros; segundo, porque es un placer trabajar con gente tan dispuesta y experta. Fuimos conscientes de la trascendencia del asunto, y aunque estábamos desbordados en nuestro trabajo habitual, sacamos tiempo de donde ya no lo había para acometer esta nueva tarea a la mayor brevedad posible. Rafa y yo nos aplicamos, otra vez más, la máxima que siempre mantuvimos mientras estuvimos en Proyecto Melilla: el mayor honor es hacer los trabajos que impliquen un mayor riesgo, aunque en puridad no nos correspondieran hacerlos, y que, normalmente, son los que nadie quiere hacer, aunque después todo el mundo quiere apuntarse cuando llegan los reconocimientos, momento en el que siempre nos hemos retirado pasando a un discreto segundo plano. De Rafael Requena ya he explicado sus capacidades, y de D. Antonio habría que decir que es un maestro de economistas y contables en Melilla, a los que ha dado clases durante decenios (entre los que me encuentro), y, además, que es un hombre que hace honor plenamente a su segundo apellido.

Empezamos con un borrador que había entregado una Consultora antes de las elecciones de 1995, y al que se le había dado mucho bombo y platillo, pero que, a nuestro juicio, no había por donde cogerlo, porque contenía demasiadas lagunas y errores, y solamente unos pocos aspectos aprovechables, cosa que, lógicamente, hicimos. Por ello, comenzamos prácticamente de cero, lo escribimos de nuevo, y aprovechamos nuestras reuniones diarias, a primera hora de la mañana, para hacer, asimismo, un segundo proyecto de Ley que nadie nos había pedido, pero que considerábamos, incluso, que podría ser más perentorio y oportuno. Se trataba de un régimen fiscal perecedero para el apoyo y estímulo al V Centenario de Melilla, de forma que las donaciones que los particulares y empresas de toda España pudieran hacer para financiar su organización, gozarían de todo un elenco de importantes beneficios fiscales, según los precedentes existentes de Barcelona y Sevilla 1992; Salamanca “Capital cultural” y otros. Una vez finalizados, los presentamos al Presidente y Consejeros, y luego nos pidieron que lo explicásemos en la Comisión de Hacienda, previa a la Asamblea de la Ciudad. Cabe decir que fue aprobado por unanimidad en la Asamblea del día 21 de Diciembre de 1995, si bien el Consejo de Gobierno había decidido no llevar a la Asamblea el segundo proyecto, sobre los incentivos fiscales del V Centenario, para evitar pedir en exceso desde la primera vez que se utilizaba la posibilidad estatutaria de la iniciativa legislativa, realmente sólo nueve meses después de la aprobación del estatuto y seis meses desde la formación de la primera Asamblea de Melilla.

Entre las propuestas de la iniciativa aprobada estaban, por ejemplo, la bonificación del 50% de las cuotas de la seguridad social, la bonificación del 50% en el transporte de viajeros de carácter regular hasta el último destino en territorio nacional, la modificación de la Ley del Fondo de Compensación Inter-territorial creando unos nuevos criterios de distribución para tener en cuenta la insularidad de la ciudad y fijando un tope mínimo para Melilla, la creación de una línea especial del ICO para favorecer la inversión de empresas en Melilla, la modificación de las Reglas de Origen Melilla, el reconocimiento de Melilla como territorio ultra-periférico de la Unión Europea y la aprobación de un programa de opciones específicas por la lejanía y extra-peninsularidad de Melilla, la extensión de las bonificaciones a la parte del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados que no las tenía, la clarificación y extensión de las bonificaciones por residencia en Melilla en el IRPF que implicarían importantes ventajas fiscales para los melillenses, y algunas otras.

La iniciativa legislativa aprobada por la Asamblea fue defendida luego, de acuerdo con el sistema previsto en nuestro Estatuto, en el Congreso de los Diputados en el mes de Marzo de 1998, en una emocionante sesión de la que fui testigo, por Antonio Gutiérrez, Juan José Imbroda e Ignacio Velázquez. El primero, como Diputado por Melilla; y los dos últimos, como mandatarios de la Asamblea de la Ciudad de Melilla. El nuevo régimen económico y fiscal nunca fue aprobado como un único cuerpo legal, pero la mayor parte de las peticiones que contenía fueron aprobándose, una a una, mediante determinadas modificaciones en cada una de las Leyes específicas a las que se hacía referencia, principalmente durante la época de los gobiernos de José María Aznar.

En mi opinión, esta forma de hacerlo fue aún mejor que la aprobación de una Ley específica para Melilla que modificara, a su vez, las diferentes Leyes de cada una de las materias. En cualquier caso, el Gobierno de la Nación dispuso de una clara y relacionada declaración de intenciones, a modo de carta a los Reyes Magos, que le sirvió como guía para ir satisfaciendo los deseos expresados por el pueblo de Melilla a través de sus representantes directamente elegidos.

También a principios de 1996 conseguimos el que sería el primer programa operativo cofinanciado por el Fondo Social Europeo para la Ciudad Autónoma de Melilla, y que iba a ser íntegramente ejecutado por Proyecto Melilla, SA. El programa, que abarcaría el período 1996 a 2001, ascendía a la cantidad de 1.250 millones de pesetas, en la que el FSE aportaría el 80%, es decir: 1.002 millones de pesetas. Dentro de las medidas a implementar, destacaban las acciones dirigidas a la formación de desempleados, que consumían un 84% del presupuesto total, con dos grandes componentes: alfabetización de adultos, principalmente mujeres, por importe de unos 156 millones; y formación ocupacional a desempleados menores de 44 años, por importe de 713 millones. El resto eran medidas complementarias de las anteriores, como planes de empleo y asistencia técnica.

En el seno de la empresa pública creamos una comisión técnica para establecer todo el cuerpo normativo y los procedimientos por los que se regiría la ejecución del programa, formada por el subgerente que iba a ser, además, el Director de formación; el Jefe de programas formativos y yo mismo. Para conocer otras experiencias similares y, sobre todo, para evitar caer en los errores que otras instituciones habían cometido, nos desplazamos a visitar cuatro comunidades autónomas para observar, sobre el terreno, cómo eran gestionados otros programas de un contenido parecido, hablando con responsables de primer, segundo y tercer nivel en cada una de ellas. Volvimos con un conjunto de impresiones y sensaciones que nos habían transmitido, de una forma u otra, los gestores correspondientes, así como con un volumen de documentación impresionante. Ya en Melilla la estudiamos, la sintetizamos, y empezamos a producir todo un conjunto de reglamentos, impresos, sistemas y procedimientos internos, para llegar a ejecutar, con garantías, el programa europeo. Además, creamos unas infraestructuras separadas del resto de la empresa, principalmente para no mezclar actividades y funciones tan diferentes de las que habíamos desarrollado hasta entonces, e identificar fácil y directamente los costes de las nuevas actividades de cara a las justificaciones posteriores ante la UE y también porque la ejecución de este programa implicaría otra forma de gestión diferente, dado el mayor número de ciudadanos que tendrían que ser atendidos en la oficina, los diferentes horarios de trabajo y otras por el estilo.

En cuanto los políticos empezaron a difundir el logro de la consecución de los fondos europeos citados, comenzó también la presión por parte de algunos interesados en meterle un buen bocado al trozo de tarta que, en forma de ayudas europeas, creían que iba a estar disponible, y entre los que destacaba, como podrá suponer el paciente lector, el famoso editor melillense, en su especialidad favorita: recibir dinero público a mansalva mediante la presión. Realmente, no sólo el editor abrió sus fauces, algunas otras entidades hicieron lo mismo. Pero ya volveremos sobre este tema más adelante.

Por tanto, los reglamentos los desarrollamos, como he anticipado, queriendo evitar las ineficiencias cometidas en otras regiones y, al tiempo, adaptándolos a la realidad melillense, que creíamos conocer de forma satisfactoria. La más importante entre ellas era que en algunas autonomías habían confundido la jerarquía entre los objetivos, pasando a ser la mejora de la capacitación del capital humano de la región un objetivo secundario, de forma que gran parte de los fondos se repartían, entre algunas entidades participantes en el mercado de trabajo, en un modo que no guardaba relación alguna con criterios de eficacia o eficiencia, sino primordialmente en base a criterios de rentabilidad política, que serán, sin duda, muy loables e importantes, pero, sencillamente, consideraba, y sigo considerando, que no es a costa de este tipo de fondos, que provienen de la solidaridad de los europeos, la mejor forma de conseguir otros objetivos diferentes a los que dieron lugar a la aprobación del Programa Operativo.

Además, llegamos a la conclusión que el problema de la formación en Melilla era, también, un problema de oferta: no existían, salvo notables excepciones, entidades solventes para ofrecer la formación que iba a ser necesario impartir.En definitiva, la ejecución del programa se sustentaría sobre dos bases principales: La primera era que la unidad de trabajo sería el curso individualizado, es decir, que no podrían obtenerse concesiones conjuntas de muchos cursos, sino que, como máximo, muchas aprobaciones de cursos individuales a la misma entidad, cada uno con un aval individual, fuese quien fuese el beneficiario. Parece lo mismo, pero no lo es.

El segundo era que, en el intento de ofrecer una formación de calidad y lograr los máximos efectos positivos entre la población desempleada de Melilla, la formación a ofrecer debería tener unos estándares de calidad mínimos, lo cual implicaba que una parte sustancial de la misma probablemente tendría que llegar a ser impartida por entidades profesionalmente solventes y acreditadas de la península, puesto que en Melilla no existía, para muchas especialidades y tipos de formación, la garantía de una adecuada impartición, si bien no era técnicamente imposible. Solamente, en el caso de la formación muy básica, como iba a ser la alfabetización de adultos o formación ocupacional en oficios, podría ser impartida, bien por las entidades existentes en la localidad o bien directamente por la propia empresa pública, contratando los profesores correspondientes, aunque de acuerdo con unos criterios que establecimos, y que consistían en el cumplimiento y adaptación de la formación a unos planes de alfabetización, cuyo diseño y realización encargamos a una entidad especializada, que establecía su impartición por fases junto con unas unidades didácticas cuyo contenido mínimo también se determinaba.

A tal efecto, para mejorar la oferta en Melilla de formación de calidad, fuimos negociando con entidades tales como la Fundación Empresa-Universidad de Granada y la Fundación ONCE para que se establecieran permanentemente en la ciudad, lo cual conseguimos. Ambas presentaban tres características: por un lado, eran reputadas y solventes; por otro, no tenían ánimo de lucro por definición; y finalmente estaban especializadas en trabajar en el campo de la formación. No obstante lo anterior, para cualquier ayuda europea conseguida, nuestro reglamento exigía al beneficiario la aportación de un aval a la orden por el importe total de la misma, de forma que pudiera conseguirse la devolución de los fondos anticipados en caso de cualquier incumplimiento, si bien, como es lógico, levantando previamente el correspondiente expediente.

Además, en lugar de dejar que fueran las propias entidades las que decidieran los cursos a ofrecer mediante sus solicitudes, es decir, en vez que la oferta de formación fuese la que determinara la demanda, como venía haciéndose en Melilla por la otra institución pública relacionada con la formación, lo planteamos al revés, mediante la realización de un estudio previo del mercado de trabajo, que sería después de carácter bianual, al objeto de definir los cursos de formación más prioritarios y el número de cada uno de ellos que debíamos realizar, todo ello en función de un seguimiento de los datos de la demanda de trabajo por parte de empresas y entidades, tanto la del pasado reciente como la que previsiblemente pudiera generarse en el futuro a corto plazo derivada de acontecimientos previsibles como, por ejemplo, la realización del V Centenario, o el auge de las diferentes formas de asistencia social, o los empleos a generar para los espacios y servicios públicos derivados de las obras públicas en ejecución o en proyecto, o los necesarios para las empresas privadas en proyecto de creación. Todas esas informaciones las podíamos conocer previamente dada nuestra doble condición de gestores de los proyectos financiados por los fondos europeos y de la mayoría de los regímenes de ayudas a nuevas empresas aplicables en la ciudad. Finalmente, completábamos el abanico de datos con cualquier otra información disponible, previsible o deducible, todo ello con la finalidad de optimizar la inversión de los recursos públicos que iban a utilizarse en el programa operativo. Cabe decir que los procesos, procedimientos y sistemas contemplados en tales reglamentos siguen aún vigentes, después de catorce años, prácticamente sin variaciones…y es que eran muy, pero que muy malos.

En marzo de 1996 se celebraron otras Elecciones Generales que fueron, de nuevo, adelantadas por el Presidente del Gobierno, Felipe González. Se olfateaba el desastre y olía a algo así como la desbandada de la UCD en 1982. Las elecciones fueron ganadas fácilmente por los populares en Melilla, obteniendo el acta de Diputado Antonio Gutiérrez Molina; y revalidando el acta otra vez Carlos Benet Cañete, al que se unió Aurel Saba, aunque sólo para el período marzo de 1996 a enero de 1999, cuando renunció a su acta, siendo sustituido por Beatriz Caro. A nivel nacional ganaron los populares, pero se trató de una amarga victoria, como la definió el Director de El Mundo, porque los socialistas lograron salvar los muebles y evitar la debacle. La mayoría relativa del PP les hizo pactar con los nacionalistas de CiU y el PNV, los cuales, tanto en aquel entonces como ahora, estaban dispuestos a “salvar” la gobernabilidad de España, pero poniendo el cazo y cobrándose muy caro su apoyo.

El Presidente del Comité electoral del PP de Melilla era, en aquellas fechas, Enrique Palacios, entonces fiel militante popular. El entorno político del Presidente Velázquez inició una tremenda campaña de desprestigio, a través del periódico del editor, para quitárselo de en medio y poner a alguien de su facción, pero no lo lograron, aunque sí dejaron unas heridas abiertas que causaron, más adelante, y junto a otras cuestiones, algunos problemas importantes.

La repercusión más directa en Melilla del fin de la etapa de gobierno de Felipe González fue la salida de Manuel Céspedes de la Delegación de Gobierno, después de casi diez años seguidos ocupando el cargo. Cuando iba a producirse el cambio en la Delegación, Ignacio Velázquez decidió invitar a cenar al inminente ex Delegado y al Comandante General, para agradecerle, de una forma u otra, todo el trabajo público que había realizado. Pues bien, entonces el editor dio rienda suelta a sus más despreciables instintos, publicando una nauseabunda y mezquina serie de artículos y editoriales mediante los que trataba de vengarse de su ahora enemigo, y antes, durante algunos años, su muy querido amigo.

En la Melilla de la época se rumoreó, y mucho, sobre que para la sustitución en el cargo se había postulado el mismísimo editor. Sin embargo, el ahora Presidente Velázquez tenía su propio candidato en la persona del entonces Delegado de Hacienda en Melilla, José Manuel Montero. No obstante, el partido popular en Melilla todavía estaba dirigido por Jorge Hernández Mollar, al que pidieron consejo desde Madrid, y afortunadamente escucharon, evitando las dos posibilidades anteriores: la primera, por ridícula, aunque no estoy seguro si el rumor estuvo fundamentado o no; la segunda, porque si Velázquez, a la Presidencia de la ciudad le unía la inminente Presidencia del partido en Melilla, y a esas dos, además, el control de la Delegación del Gobierno…entonces: ¡apaga y vámonos! ¿Por qué? Pues porque, en mi opinión, para que una democracia funcione eficazmente tienen que existir instituciones fuertes que sirvan como contrapeso unas con respecto a cada una de las otras, y que deberían estar manejadas por criterios y personas independientes, o, al menos, algunas de ellas. Esto, que es obvio en países serios con democracias maduras, aquí en España, y en las repúblicas bananeras de Latinoamérica, no lo tenemos tan claro, y así al final pasa lo que pasa, y, si a veces no pasa es más por que coinciden personas excepcionales en determinados cargos que por otra razón.

Antonio Ramírez, el primer director de la televisión pública de Melilla.

La persona designada fue D. Enrique Beamud, al que Bohórquez inicialmente se congratuló de conocer previamente, ya que había estado en la boda de su hija, pero cuando descubrió que este no iba a dejarse manejar por él montó en cólera y empezó a editorializar frecuentemente contra el nuevo Delegado, llamándole “Gulp” el extra-terrestre. Fue sintomática una entrevista que el mismo Bohórquez le hizo a Beamud en el plató de TVM al mes o así de haber tomado posesión del cargo, en la que el segundo le replicaba, con total tranquilidad y armonía, a cada uno de los argumentos que Bohórquez pretendía imponerle durante la entrevista. Le tuvo hasta que aclarar que el Delegado era él.

El ridículo que hizo el editor fue de aúpa. Por supuesto, ese mismo día demostró Beamud lo que era y lo que iba a ser durante el ejercicio de su cargo en Melilla: un señor que se vestía por los pies y que no iba a dejarse manipular ni por el editor de un periódico de pueblo grande, por muchas amenazas y editoriales que este pudiera emprender contra él, ni por ninguna otra persona. Desde luego, estaba bien asesorado, puesto que nombró, como Jefe de su Gabinete, al Coronel Emilio Atienza, antiguo responsable de los servicios de inteligencia en Melilla, y que, por tanto, además de ser una magnífica persona, era alguien que sabía más de lo que podría contarse en uno y hasta en cien libros.

A finales de 1994, como hemos visto, habían comenzado las emisiones de la televisión pública local, conocida como TVM, y en anagrama INMUSA. El primer Director, y la persona que se responsabilizó de su puesta en marcha, fue Antonio Ramírez, uno de mis amigos de la infancia, por cierto. Consiguió ponerla en funcionamiento en unos pocos meses, con una plantilla de trabajadores reducida a su mínima expresión, lo que conllevaba una producción propia marcada por la misma característica. Casualmente la producción de los informativos fue contratada externamente con Bohórquez desde el inicio por una cantidad cercana a las 800.000 pesetas mensuales, con las que este señor abonaba unas gratificaciones a varios de los trabajadores de su periódico para acometer la tarea, y, supuestamente, obtendría unos suculentos beneficios, puesto que los restantes medios los aportaba la cadena pública.

Además, la publicidad emitida en la cadena pública, curiosamente, era facturada y cobrada por una de las empresas del editor, la cual, en teoría, transfería después a TVM un porcentaje menor de la facturación conseguida, a pesar de que los restantes medios de producción utilizados también eran propiedad de esta última. Vamos, un negocio redondo. Aparte de la empresa del editor, TVM también tenía externalizada otra parte de su producción, mediante una contratación con Tele 9 de Francisco Platero, auténtico pionero de la televisión en Melilla, para acometer algunas otras partes de la programación. Pero, no obstante, el insaciable editor aún quería llegar a dominar más la cadena, puesto que entendía que Antonio Ramírez no era de su cuerda, por lo que propuso, y consiguió, por cierto, que un periodista de Melilla Hoy llegase a ser el nuevo Director de TVM, en concreto Fernando Belmonte, todo ello para intentar cerrar el círculo de control. En efecto, poco después de la toma de posesión del nuevo gobierno resultante de las elecciones autonómicas de 1995, se produjo el relevo.

Asimismo, con relación también a los medios de comunicación radicados en Melilla, y a consecuencia de un editorial del susodicho editor titulado “El último Virrey y el penúltimo estúpido” en el que criticaba al famoso escritor Arturo Pérez Reverte, la Directora en Melilla de Radio Nacional de España, Monserrat Cobos, salió en la defensa del conocido escritor, que había sido su compañero en la plantilla de RTVE, mediante un memorable artículo que le dirigía al editor titulado “Carta al hermano pequeño de Dios”.

EL AUTOR

Julio Liarte Parres es economista y funcionario de la Ciudad Autónoma de Melilla. Prestó sus servicios en el Ministerio de Trabajo, precisamente en el departamento encargado de las ayudas a empresas de nueva creación; y luego ha hecho lo propio como gerente de la empresa pública Proyecto Melilla, SA, entidad especializada creada por el entonces Ayuntamiento de Melilla para fomentar la creación de empresas y empleos en la ciudad.

En la actualidad es diputado autonómico y portavoz del grupo Populares en Libertad (PPL), un partido escindido del PP y que lidera el ex presidente de la Ciudad de Melilla, Ignacio Velázquez Rivera.