Los médicos objetores de Valencia solo podrán atender a ‘sin papeles’ fuera de su horario laboral y con sus propios recursos
El Gobierno aprobó a principios del mes de agosto el decreto ley que regula la condición de asegurado y beneficiario del sistema sanitario español. Con la nueva norma quedan fuera de la atención sanitaria los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España.
Los ‘sin papeles’ únicamente serán atendidos en caso de urgencia por enfermedad grave o accidente y en el embarazo, parto y postparto. Para tener cobertura sanitaria deberán pagarla, mediante convenios. Sólo los menores gozarán de las mismas condiciones que los españoles.
La medida entrará en vigor a partir del 1 de septiembre, pero en la Comunitat Valenciana 77 médicos se han declarado objetores de conciencia respecto a la obligatoriedad de no atender a inmigrantes en situación irregular y continuarán prestándoles asistencia.
Ayer, la Conselleria de Sanitat advirtió a los médicos insumisos que podrán hacerlo pero siempre que sea fuera del horario laboral y con sus propios medios.
«La Generalitat cumplirá a rajatabla la normativa. Respetamos la objeción de conciencia, pero los médicos objetores deberán hacerlo en horario no laboral y con recursos no públicos», señaló la secretaria autonómica de Sanidad, Nela García, durante una visita al nuevo servicio de reanimación postquirúrgica (REA) para pacientes críticos del Hospital de Manises.
Desde que el pasado 10 de julio la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria abriera un registro para recoger la voluntad de los médicos que quieren objetar, más de un millar de toda España han ejercido este derecho.
En el caso de la Comunitat, por el momento, han sido 77, por detrás de Madrid (266), Cataluña (175), Andalucía (96), Galicia (89) y Aragón (86).
En el texto, el objetor -además de manifestar su decisión de seguir atendiendo a los pacientes en situación irregular en el país- expresa también que su lealtad con los pacientes «hace que no sea posible faltar a su deber ético profesional e incurrir en el abandono».
Por otra parte, la secretaria autonómica indicó que el nuevo servicio puesto en marcha por el Hospital de Manises atenderá 600 postoperatorios críticos anualmente.
Las instalaciones de la REA se distribuyen en 165 metros cuadrados dotados con la última tecnología y han supuesto una inversión de 250.000 euros.
La nueva sala cuenta con cuatro boxes de reanimación provistos de un sistema de separación hermético para mantener aislados a los pacientes y de un completo equipamiento entre los que se cuentan seis respiradores, seis monitores. Además del equipo de anestesistas, enfermeras y auxiliares que harán un seguimiento continuado las 24 horas durante los días siguientes a la operación, con un máximo estimado de permanencia de 72 horas.
La unidad se ha creado debido a que ha aumentado «considerablemente» el número de pacientes que se someten a cirugías complejas y que precisan de cuidados continuados», según explicó el director asistencial del centro sanitario, Carlos Rodrigo.
No obstante, tanto García como Rodrigo negaron que esta iniciativa haya surgido por la petición específica de ningún médico, ya que el cirujano Pedro Cavadas fue fichado en mayo por este hospital para coordinar el nuevo Centro de Traumatismos de Alta Energía.
Estoy completamente de acuerdo con vosotros dos, si dedicasen la misma atencion a lo enfermos españoles que a los ilegales, no habria tantos errores medicos.
Cuando los médicos “objetores” tengan que atender a los inmigrantes gratis en su horas libres y además pagándoles los medicamentos y el material empleado en su atención, y además alojarlos en sus casas los días de convalecencia, entonces se acabará la “objeción”.
Quien quiera hacerse el generoso, que lo haga con el dinero de su bolsillo, no con el de los españoles.
Exactamente. Si quieren atender “sin papeles” que costeen los médicos objetores los gastos que generen. Los trabajadores españoles ya estamos asfixiados de tanto tener que pagar impuestos como para encima tener que correr con los gastos que genere una persona que se encuentra ilegalmente en nuestro país.