Dado que el “Pillo-Gordillo” y el “Jornalero Cañamero”, han absorbido todo el protagonismo durante el presente mes de agosto, apareciendo en varias cadenas de TV y con una completísima miscelánea de astracanadas: atracos simbólicos a Mercadona y Carrefour, sentadas frente a sucursales bancarias, Santander y Unicaja, prometido asalto a El Corte Inglés de Jaén, unido a la práctica de un senderismo reivindicativo por Andalucía, otro grupo de “Indignados”, cuyo origen e identidad se desconocen por el momento, bajo el lema de Ocupa el Congreso, se han propuesto rodear la Cámara Baja y acampar ante ella el próximo 25 de septiembre. Al margen de que el Código Penal prohíba rigurosamente estas concentraciones con los diputados reunidos en su interior, sería lo peor que podría sucederle a nuestro país, cuando se está tratando por todos los medios de recuperar la credibilidad perdida aunque con escasísimo éxito.

Según los organizadores de la convocatoria, dicen contar con 33.000 personas a través de facebook, totalmente dispuestas a participar, dando por seguro que dicha cifra crecerá a partir de mediados de septiembre. Ante tal panorama, imaginamos que el Gobierno con todos los medios de que dispone, dedicará especial atención y cuidado ante la amenaza de toma y acampada ante el Congreso. Tal imagen nos situaría en una posición tercermundista de auténtica república bananera. El actual ministro de Interior deberá ser muy cuidadoso en el tratamiento de este complejo asunto. Recientemente, su secretario de Estado para la Seguridad, Ignacio Ulloa, le ocultó que uno de sus asesores era Gabriel Fuentes, quien presuntamente está vinculado al caso “Interligare”. Profesionalidad toda, pero confianzas y amiguismos…¡los mínimos!

Las redes sociales, como era de esperar, están colaborando activamente con esta amenaza, invitando a la asistencia a los cientos de asambleas que presuntamente se están celebrando en toda España. 30.000 personas rodeando el Congreso el 25-S, sería un espectáculo que daría la vuelta al mundo en unos instantes. En esta ocasión lo pretendido es que el movimiento tenga un carácter anónimo, organizado por “personas comunes” y aparentando naturalid bajo los nombres de “Ponte en Pié” y “Marea Destituyente” con una finalidad totalmente popular.

En el pasado mes de julio, el responsable de Interior afirmó disponer de “suficiente información sobre convocatorias expresas para realizar acampadas y manifestaciones”, lo que no deja de ser unas tranquilizantes declaraciones. La ciudadanía en general está muy quemada y cargada de razón con todas las medidas de ajuste, recortes salariales, subida del IVA, etc. Los jóvenes, cuya desesperación crece en progresión geométrica, ante una llamada a la protesta bien organizada y contra la desastrosa gestión de los políticos, se unirán a la concentración y las vallas protectoras de las Cortes Generales podrían saltar por los aires… Sería todo un asalto “simbólico” del Congreso como los practicados por el SOC y el SAT de los botarates Gordillo y Cañamero, pero multiplicado por unos cuantos miles de personas y otros cientos de policías, tratando de evitar la toma del templo de nuestra soberanía, cuyas imágenes darían la vuelta al mundo en instantes. Solo pensarlo resulta escalofriante y para nuestra ruinosa situación económica, lo peor que podría ocurrir.

El manifiesto de los organizadores se apoya en que la actual crisis ya ha superado todos los límites considerados como tolerables y la sociedad difícilmente va a soportar nuevos ataques baja la disculpa de la citada crisis y las presiones de la UE. Se está culpando de nuestros males por parte de estos nuevos indignados, a una oligarquía notable y forrada económicamente, porque lo que no admite discusión es “que el dinero no ha desaparecido cuando todos saben que simplemente se ha desplazado al bolsillo de unos cuantos privilegiados en complicidad con todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento”, unido a la incomprensible negativa del Gobierno a reducir el aparato estatal (diputaciones, mancomunidades, ayuntamientos) y eliminación de empresas públicas en todos los ámbitos, consumidores de unos multimillonarios recursos que serían infinitamente más productivos en manos de empresas privadas que permitieran el incremento del consumo y la inversión si queremos crear puestos de trabajo. Si en lugar de afrontar las citadas iniciativas se opta por recortar las pensiones, al PP le quedaría los dias contados.

Nadie ignora que organizar movidas de esta envergadura precisa de unos medios económicos considerables cuya cuantía habría que averiguar, de donde provienen y quien y como se distribuyen ; datos altamente interesantes.