Cristina Fernández luce ante Medvédev el gorro que le regaló en su visita al Kremlin en el 2008.

Adornos, libros, instrumentos musicales, sombreros, ordenadores portátiles. Cada año, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, recibe una larga lista de regalos -de mayor o menor valor- de mandatarios mundiales, grandes empresarios y ciudadanos llanos. Unos obsequios que ella considera personales. Pero una parte de la oposición no lo considera así y por eso ha presentado una denuncia ante la Oficina Anticorrupción (OA) por no informar acerca del destino final de esos presentes que, según la ley nacional de Ética Pública, debería rechazar o preservar como parte del patrimonio del Estado.

Desde agosto, Laura Alonso, diputada del partido derechista opositor Propuesta Republicana (PRO), que lidera el alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, trataba de conseguir que el Gobierno informase a los ciudadanos sobre estos regalos, que presuntamente son de todos los argentinos. Cansada de esperar y no recibir respuesta, hace unos días presentó una denuncia ante la OA, sobre la que podría pronunciarse a comienzos de 2013. «El objetivo de fondo es conocer cómo funciona el decreto de acceso a la información pública en un tema simbólico como es el de los obsequios que recibe un presidente, para saber si se los apropia o no, y ver si el funcionario puede o no separar lo que es propio de lo que es del Estado», explicó a este periódico.

Pero la diputada advierte de que la mandataria no solo no responde sino que ni siquiera pidió más plazo para hacerlo, una acción que estaría dentro de sus prerrogativas. «Esto demuestra un absoluto desprecio por la transparencia» y contrasta con la «apariencia republicana» que promueve Cristina con su imagen.

La ley de Ética Pública dicta que los funcionarios argentinos «no podrán recibir regalos, obsequios o donaciones, sean de cosas, servicios o bienes, con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones», y aclara que en el caso de que los mismos sean «de cortesía» diplomática deberán registrarse y ser incorporados al patrimonio estatal. La norma fue aprobada en 1991, después de que el entonces presidente, Carlos Menem, aceptara un Ferrari rojo de manos del empresario automovilístico italiano. El mandatario lo hizo suyo enseguida y, ante el escándalo que generó la aceptación, debió entregarlo al Estado para su venta.

Sonrisa complaciente

En el caso de Cristina Fernández, se desconoce qué hace con los presentes que se sabe que recibe -según se deja constancia en reportajes fotográficos-. «El caso más escandaloso es el del empresario mexicano Carlos Slim», remarcó Alonso. El multimillonario hombre de negocios le obsequió en 2008 con un ordenador portátil modelo MacBook Air de Apple. «No se informó de que ella lo haya rechazado», desconfió.

La diputada, que es abucheada y tildada de «española» por el resto de legisladores desde que se opuso al proyecto de ley de nacionalización de la petrolera YPF -administrada hasta entonces por la compañía Repsol-, afirmó que no es su intención denunciar un presunto soborno sino llamar la atención sobre la necesidad de contar con una ley -no un decreto- de acceso a la información, que fuerce a los gobernantes a actuar de manera transparente.

Según registros periodísticos, desde el 2007, cuando asumió el cargo, la presidenta recibió de regalo una esmeralda que le entregó en público un admirador, un gorro de piel -de manos del presidente ruso Dmitri Medvédev- y otros obsequios que aceptó con una sonrisa complaciente, y de los que más no se supo.