Una vez más, Rajoy “no pasa el corte”, expresión utilizada en golf para definir a aquellos jugadores profesionales que quedan eliminados en el segundo día, de los cuatro que dura el campeonato. En esta ocasión fue Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia, quien presuntamente, siguiendo instrucciones del pusilánime presidente del Gobierno, se opuso en el Parlamento a debatir la inclusión en el Código Penal, el delito de convocatoria ilegal de referéndum que desautorizó en el 2005 el Gobierno de Zapatero, rechazando someter a debate las enmiendas presentadas por la portavoz de UPyD, Rosa Díez, para modificar dicho Código.

Nuevamente, el Partido Popular, optó por dilatar las decisiones, de acuerdo con el consabido proverbio de “quien aguanta, gana”. Gallardón decidió salirse por la tangente, alegando que el pleno en esta ocasión solo tenía por objeto endurecer los tipos penales contra el fraude fiscal y a la Seguridad Social, cuando en realidad, lo que no soporta y le repatea a Rajoy, es el devolver su vigencia a un decreto aprobado en el 2003 por iniciativa del entonces presidente, José María Aznar, quien con su visión de estadista pretendía garantizar la inquebrantable unidad de España.

Rosa Diez, cargada de razón y posiblemente también de oportunismo político, defendió su propuesta alegando que el fraude político igualmente debe ser perseguido con el mismo interés que el económico. Sin duda, las leyes están para defender la democracia de todos aquellos que pretendan vulnerarla en su propio beneficio, con el único objetivo de continuar en el poder, tal como lo está intentando Arturo Mas, precisamente de manera no muy ortodoxa.

El rechazo del ministro de Justicia a discutir la mencionada propuesta manifestando que “no estamos debatiendo eso sino algo totalmente diferente”, podría ser considerado como una solemne patochada ya que las mencionadas enmiendas nuevamente serán planteadas en la Comisión de Justicia el próximo 7 de noviembre, con lo cual si Rajoy continua empecinado en su error y ordena votar en contra, con independencia de que se le verá el plumero, perderíamos una excelente oportunidad para blindarnos ante las sediciosas intenciones del presidente de la Generalidad.

Por el momento, Rajoy cuenta con el apoyo de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Viviane Reding, pero no todos comparten su criterio, como por ejemplo, el comisario español Joaquín Almunia. Las declaraciones son como las escopetas, las carga el diablo.

Lo que hoy es perfectamente “vetable”, pasado mañana aparecen otras opiniones y ya tenemos el cisma organizado. Asegurar que lo pretendido por Arturo Mas es totalmente ilegal de acuerdo con el Código Penal es una garantía que no admitiría interpretaciones.

Nadie ignora que este catatónico político, por mucho que lo intente, será incapaz de disfrazar su desastrosa gestión y resultados a cargo de la presidencia de la Generalidad. Ahora bien, que en pleno siglo XXI alguien intente embaucar a los ciudadanos vendiendo utopías, resulta increible.