En los años setenta, asistimos en España a la poliferación irracional de Universidades públicas y privadas, motivada en la mayoría de los casos por intereses económicos e ideológicos. Sí en 1984 España contaba con 34 universidades y 700.000 estudiantes y en el 2011 serían un total de 76 universidades (48 Públicas y 28 privadas) y 1.600.000 estudiantes.

Recordar que en el último decenio, España habría sido pionera en los campos de energía renovable (fotovoltaica, biomasa y eólica), medicina, telecomunicaciones, biofarmacéutica, biotecnología, oceanografía, ecoindustria, infraestructuras públicas, construcción naval, automotriz, máquina herramienta, sector turístico y sector financiero (según el ranking publicado por la revista Scientific American, en el 2009 España ocuparía el décimo puesto mundial tanto en publicaciones científicas como en gasto total en I+D+i, oupando el número nueve en cantidad de doctorados).

Sin embargo, el descenso de la tasa de natalidad (estimaciones de un descenso del número de estudiantes universitarios del 1,5% medio anual) provocará un descenso acusado de la tasa de población universitaria lo que aunado con el drástico recorte de las subvenciones públicas y el desbocado incremento de las tasas académicas provocará la inevitable extinción de incontables universidades con escasa o nula vinculación con grupos empresariales innovadores.

Así, la crisis habría obligado a recortar los presupuestos de Educación de las comunidades autónomas en 2011 (de quien depende más del 70% del gasto educativo) en casi 1.600 millones de euros con respecto a 2010, pero sólo una Universidad de Madrid ha reducido su número de facultades, limitándose el resto a edulcorar la realidad con medidas cosméticas (recortes del 5% de su presupuesto total).

Por desgracia, las universidades han quedado reducidas en la mayoría de los casos (salvo honrosas excepciones), a meras expendedoras de títulos que conducirán al futuro licenciado a optar entre minijobs seiscieneuristas e interinidad vitalicia,(excepción hecha de las élites universitarias) o emigrar a países tecnológicamente avanzados de nuestra área geográfica (UE).

Así, según un estudio elaborado por FENAC (Federación Nacional de Asociaciones de Consultoría), desde 2.008 se habrían marchado de España más de 300.000 jóvenes y según las últimas cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el 2011 más de 62.000 españoles emigraron a países europeos, la mayoría jóvenes universitarios en busca de un primer empleo.

Asimismo, desde el 2009, los recortes en I+D+I ascienden al 33% (en 2012 solamente se destinarán a esta partida 6.400 millones de €), lo que podría terminar por convertir a España en un país tercermundista a nivel de investigación e innovación, condenado a comprar patentes extranjeras y producir productos de bajo perfil tecnológico que requieran mano de obra de escasa o nula cualificación y fácilmente explotable.

De todo ello se deduce la necesidad urgente de una nueva Ley Orgánica de las Universidades, que establezca las medidas necesarias para dotar a las Universidades de mayor flexibilidad en su gobierno, en el desarrollo de su oferta educativa y en su financiación e incrementar la cuantificación económica de la inversión en I+D+i, buscando nuevas fuentes de financiación privadas.