Enrique de Diego.- En un Estado de Derecho, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana sería ilegalizado y sus dirigentes entrarían de inmediato en prisión. Es una mafia que se financia con dinero negro y cuyo fin es el enriquecimiento de sus directivos y la colocación de sus militantes.

El Partido Popular en la Comunidad Valenciana ha rebasado ampliamente la corrupción alcanzada por el partido socialista y sólo admite comparación con la última etapa del felipismo. Un dato resulta revelador: 10 de los diputados en Cortes Valencianas están imputadas y otro más, Pedro Ángel Hernández Mateo, ha sido condenado a 3 años de cárcel. Para valorar el dato, hay que tener en cuenta que el Partido Popular controla la Justicia en la Comunidad Valenciana, merced al sistema de nombramientos que elimina la división de poderes.

El informe de la Policía respecto a la trama Gürtel especifica que de todos los actos de campaña electoral de las autonómicas sólo existe factura de dos de ellos. El PP, pues, funciona en dinero negro. Se financia mediante comisiones y maletines de empresarios de la construcción a cambio de favores políticos: Enrique Ortiz es propietario del 70% del terreno urbanizable en Alicante. Todo el Partido Popular podría ser encarcelado en una situación de Justicia normalizada.

El Partido Popular de la Comunidad Valenciana se corrompió incluso con la visita de Benedicto XVI a Valencia, con la que los directivos de Canal 9 hicieron grandes fortunas. Carlos Fabra, de Castellón, sigue imputado sin que se celebre juicio. Ha declarado que le tocó tres veces la lotería con el premio gordo, para justificar los ingresos en su cuenta corriente. Fabra era el conseguidor en Madrid merced a su amistad con Aznar, uno de los focos de corrupción en España. Está imputada la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, quien llegó a facilitarle por adelantado el Plan General de Ordenación Urbana al supuesto empresario Enrique Ortiz. La alcaldesa de Elche, Mercedes Alonso ha tenido un patente enriquecimiento ilícito y está denunciada ante la Fiscalía General del Estado. La familia Cotino ha sido continuamente privilegiada en la obra civil de la Generalitat, sin que Juan Cotino, miembro del Opus Dei, haya hecho ascos a la corrupción.

Las contratas de basuras han sido uno de los focos más apestosos de malversación de fondos públicos. Buena parte de los ayuntamientos de la provincia de Alicante han sido comprados por el empresario Ángel Fenoll. El Ayuntamiento de Calpe falsificaba los documentos de la basura recogida y multiplicaba por tres las toneladas.

La destrucción de las cajas ha sido una exaltación de la codicia sin escrúpulos morales y los responsables son miembros del Partido Popular o simpatizantes nombrados por dicho partido. Modesto Crespo, de la CAM, recibía créditos a 0 de interés y sin fecha de devolución o con intereses muy por debajo de mercado.

Puede decirse que en el Partido Popular de la Comunidad Valenciana no queda nadie, ni uno honrado. No sólo merecen desaparecer por el sumidero de la historia, sino también ingresar en Picassent, Fontcalent y Villena.