El Partido Popular le ha tomado miedo a la calle, y no tanto, que también, a las decenas de miles de españoles que se han manifestado convocados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, denunciando “genocidio financiero”, sino por los ciudadanos anónimos que increpan a los cargos del PP cuando les reconocen por la calle.

Recientemente le sucedía a María Dolores de Cospedal. Estaba de compras, sin escolta, por el barrio de Salamanca de Madrid, acompañada de su madre, cuando fue increpada, nada más reconocerla, por los transeúntes, con gritos de “sinvergüenza, ladrona”, y “dónde guardas los sobres”. Aunque Cospedal aparece en la contabilidad B del PP como receptora de dos sobres, en realidad no los necesita porque la secretaria general del Partido Popular es especialista en acumular sueldos, tres y cuatro, mientras su esposo, Ignacio López del Hierro, un conocido conseguidor del mundo del ladrillo, ha recibido la bicoca muy bien retribuida de un puesto en la Comisión Ejecutiva de Iberdrola, que pagarán los que no pueden sufragar la carísima luz que sirve el oligopolio. La gente ya no soporta la incoherencia, la mentira y la corrupción.

Situaciones como la descrita están generalizadas. Los populares ya saben que son muy impopulares no sólo por las encuestas, sino por su vida cotidiana: han cogido miedo a salir a la calle. El sempiterno portavoz de Economía del PP, Vicente Martínez Pujalte ha comentado: “cualquier día nos parten la cara”. Hay quien responde de manera provocativa, como la delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, quien se dedicó a lanzar besos a quienes la increpaban.

El miedo es tan generalizado, el desánimo se ha extendido tanto a raíz de la publicación de la contabilidad B del PP, que Mariano Rajoy tuvo que reunirse con los grupos parlamentarios para intentar lanzar un mensaje de serenidad. Atenazados por este temor cada vez más patente, el PP ha empezado a hacer cesiones, como en lo referido a la iniciativa popular de la Plataforma Stop Desahucios o en la marcha atrás anunciada sobre las tasas judiciales por el propio Gallardón.