El Grupo Socialista plantea que los centros integrales de inmigración, una de las novedades que recoge el proyecto de ley de Integración de los Inmigrantes en la Sociedad de Castilla y León, en fase de tramitación en las Cortes, puedan establecer acuerdos con los consulados de sus países de origen para facilitar trámites y acceder a documentación necesaria para solicitar determinadas ayudas y servicios. También solicita una atención específica a los inmigrantes de segunda generación y una línea de ayudas a las entidades locales para sus programas de integración.

La oposición en las Cortes no ha presentado enmienda a la totalidad, pero el texto remitido no gusta ni al PSOE ni a IU, según explicaron los parlamentarios Jorge Félix Alonso y José María González a Ical. En palabras de Alonso, es una ley “vacía de contenido, llena de generalidades y sin concreción”. También González resta importancia a la regulación y subraya que sólo se adapta a un mandato de Europa. Ambos confían en que se pueda llegar a acuerdos en el debate de las enmiendas y mejorar el texto.

En 35 propuestas presentadas a la ley, el Grupo Socialista trata de concretar apartados, la mayoría relativos a completar la regulación sobre los derechos, y mejorar el proyecto en el marco de las competencias que tiene la Comunidad para la integración de los inmigrantes, explica Alonso, quien insiste en que la normativa es “light” y “no nos gusta nada, aunque no hayamos presentado enmienda a la totalidad”.

Alonso destaca de entre sus enmiendas la firma de convenios con oficinas consulares para facilitar los trámites a los inmigrantes y, a título de ejemplo, se refiere a los problemas de algunas personas llegadas a la Comunidad a la hora de pedir la renta de ciudadanía, entre otras prestaciones, por los trámites requeridos y la dificultad de cumplimentarlos sin cierta documentación.

Otra propuesta del Grupo Socialista es que los centros de integración (se prevé uno en cada provincia) estén implantados en el plazo de una año tras la aprobación de la ley, plazo que también se reclama para la aprobación de un plan estratégico. En el apartado de regulación de derechos, quiere que las personas inmigrantes con discapacidad tengan un tratamiento especial en programas de salud, que exista un apoyo específico para el aprendizaje del castellano y que la escolarización sea equilibrada en los centros educativos, además de ampliar el derecho de reagrupamiento.

La Junta de Castilla y León creará una línea de ayudas destinada a la financiación de las iniciativas en materia de integración de inmigrantes que desarrollen las entidades locales porque soportan la mayor carga de prestación de servicios a ese colectivo inmigrante, es otra de las propuestas, que se completa con la inclusión del supuesto de la urgencia social para casos puntuales.

El procurador de IU, José María González, reconoce que no tiene un “enfrentamiento amplio” con la normativa presentada y el número de enmiendas que ha registrado es pequeño -unas catorce- en su mayoría ajustes técnicos, aunque unas tres se dirigen a “clarificar” derechos para evitar casos de xenofobia. “Es una ley casi ordenada por Europa y las enmiendas son un pelín generalistas”, afirma.

Catalogo de derechos

La normativa, remitida por la Consejería de la Presidencia el pasado mes de diciembre al Parlamento, otorga una atención especial a los menores extranjeros no acompañados y regula una educación en la que se respeten las normas de convivencia de los centros docentes, sin perjuicio del derecho a la libertad ideológica y religiosa. Así, recoge un conjunto de medidas para la integración, reagrupación familiar, educación, salud, servicios sociales, empleo y vivienda, cultura, turismo o deporte para el colectivo de 172.816 inmigrantes que residen en Castilla y León.

El aprendizaje, uso y respeto de la lengua castellana es otro elemento de integración en la ley, si bien no se condiciona a la obtención del ‘compromiso de integración ciudadana’, informe que realizará la Junta para cumplir la ley Orgánica de Inmigración. El acceso a la salud y asistencia sanitaria es otra de medidas que se regulan, para su conocimiento e información del sistema sanitario autonómico y para contar con la tarjeta de Sacyl, uno de cuyos requisitos es estar empadronado en Castilla y León. En este momento 140.000 de los 172.816 son los que tienen tarjeta sanitaria, si bien los 32.000 restantes pueden ser atendidos si lo precisan.

La atención a los menores extranjeros no acompañados tiene una atención inmediata en los dispositivos de acogida en el momento en que se comunique su presencia para facilitarles alimentación, alojamiento y atención sanitaria y educativa. También se impulsan programas para facilitar la igualdad y la atención integral a las mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género.

Para la elaboración de este proyecto, que será el segundo de una comunidad junto al de Valencia, la Consejería de la Presidencia abrió la participación al antiguo Foro Regional de Integración de los Inmigrantes y luego mantuvo reuniones con asociaciones de inmigrantes, ONGs y entidades locales de todas las provincias para recabar sus aportaciones. El anteproyecto fue presentado a finales de febrero de 2012 en el Foro y se aprobó en diciembre por el Consejo de Gobierno.