La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) se ha declarado competente para investigar la denuncia de Fiscalía contra el diputado del PP en las Corts y exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, por varios delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y cohecho impropio, por pagos dudosos avalados por tres sociedades en los ejercicios 2007, 2008 y 2010.

El alto tribunal suma el cohecho impropio a los delitos que se van a investigar, después de que el ministerio público, a raíz de una documentación de Hacienda, ampliara su denuncia inicial y pusiera de manifiesto que una embarcación objeto de las actuaciones pudiera haber estado amarrada en el puerto deportivo de Alicante sin satisfacer canon alguno.

De esta forma, el TSJCV se declara competente para investigar la denuncia, que va dirigida además contra tres empresarios y designa como instructor de las diligencias al magistrado Antonio Ferrer, a quien se turnó la ponencia de la causa una vez se recibió en la sala.

La sala, en un auto de fecha de este martes contra el que no cabe recurso, señala que en este caso existe una relación de hechos como consecuencia de la acción inspectora de Hacienda, de los que la acusación pública entiende que resultan “elementos indiciarios bastantes” de la presunta comisión de varios delitos contra la Hacienda Pública; falsedad docuemntal y cohecho impropio por parte del exalcalde.

Al haberse acreditado la consideración de aforado del diputado ‘popular’, la sala acuerda asumir la competencia para incoar y tramitar las diligencias. El exalcalde está ya siendo investigado en el TSJCV por los supuestos delitos de revelación información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho en la causa separada del ‘caso Brugal’ sobre presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Alicante.

Rentas sin declarar

En la denuncia, presentada por los fiscales Gonzalo López Ebri y Rafael Navarro en base a un informe elaborado por la Agencia Tributaria (AEAT), se señalaba que Alperi habría podido obtener rentas sujetas al IRPF, no declaradas por él, correspondientes a los ejercicios 2007, 2008 y 2010, “cuya regularización en vía administrativa supondría unas cuotas a ingresar superiores a 120.000 euros”, con la “concurrencia de una serie de maniobras” para ocultarlas, con la colaboración de los tres empresarios, las empresas regentadas por ellos y contratos simulados.

Los otros denunciados son José Contreras, administrador de la sociedad Maldonado 33 S.A.; Antonio Moreno, administrador de Taller de Contabilidad S.A.; y Antonio Solana, cuyo domicilio se desconoce al no constar en las diligencias remitidas por la Agencia Tributaria.