Desde que Rodríguez Zapatero quiso cerrar El Valle de los Caídos, la respuesta de muchos españoles, y la campaña mediática originada por ello han dado sus frutos y han hecho posible que el formidable complejo religioso-arquitectónico, levantado en la finca de Cuelgamuros, en el lugar conocido como El Risco de la Nava, elegido por el Caudillo, no sólo siga en pie (se habló de volar la Cruz), sino que además esté abierto para uso y disfrute de cuantos quieran visitarlo.

El profesor de la Universidad CEU San Pablo, don Alberto Bárcena Pérez, acaba de poner su granito particular para dar a conocer a los españoles uno de los aspectos más discutidos relacionados con El Valle de los Caídos: el de la redención de penas para los presos que participaron en las labores de construcción del monumento.

La tesis doctoral del profesor Bárcena tiene como eje central de su investigación lo que él llama “la figura jurídica”, o sea, el mecanismo que permitió a los presos abandonar las celdas para reintegrarse a la sociedad española, al margen de ideologías y otros fines, y para entender esta figura jurídica es necesario conocer y estudiar la batería de normas y decretos que el Generalísimo puso en práctica –más de 500 reglas, según el investigador- que comienzan en 1938, antes de finalizar la Guerra Civil, y que terminan, se puede decir, en 1943.

La reducción de penas por los trabajos prestados incluía, además, un sueldo igual al de los obreros libres que también allí trabajaban, que administraba el Patronato de Redención de Penas, dependiente del Ministerio de Justicia, y la escolarización de los hijos de los obreros que trabajaban en el Valle, con independencia de si eran libres o presos, dándose el caso de que muchos de aquellos niños llegaron con el tiempo a la Universidad.

En su tesis doctoral, el profesor Bárcena subraya la voluntariedad del preso para acceder a los trabajos, desmintiendo a los que han mantenido que era una prestación forzosa. Otra de las conclusiones del estudio es el relativo al número de presos participantes en las obras de construcción, que algunos difamadores de la izquierda llegaron a situar en torno a los veinte mil, cuando la documentación consultada para la investigación cifra el número de obreros, libres o penados, en 679, en diciembre de 1943; 1029 en mayo de 1947 o en 1278, la cifra más elevada, registrada en noviembre del año siguiente, por poner un ejemplo. Con independencia del número de personas trabajando en las tareas de construcción del Valle, el profesor Bárcena dice que más importante que el número de personas es el saber por qué estaban allí los penados y concluye que las condiciones laborales, sociales, penales y económicas de los presos dan la respuesta a la pregunta. Se rompe, pues, otro mito que es el de los esclavos, tan cacareado por los heraldos de la izquierda y lo demuestra el hecho de que la mayor amenaza que se cierne sobre los penados es la expulsión del Valle, con lo que volverían a las cárceles sin posibilidad de redimir su condena ni percibir su sueldo, dejando a sus familias también desamparadas.

La tesis del profesor Bárcena, avalada como hemos dicho por la consulta de los documentos originales, debidamente cotejados y analizados, desmiente la falacia establecida por algunos autores de libelos intransigentes y echa por tierra muchos tópicos que todavía se mantienen en torno al Valle de los Caídos. El estudio de Bárcena Pérez es fundamental para establecer la verdad rigurosa e histórica.

Ni la cifra de presos fue la que han dicho, ni vivieron esclavizados como se ha dicho, ni cada uno de ellos tenía un policía o un soldado detrás vigilando sus pasos. Más al contrario, la presencia allí fue voluntaria y las condiciones de trabajo exactamente iguales a las de cualquiera de los trabajadores libres, porque también los hubo.

De ella se deduce que la idea de Franco fue, decididamente, cerrar las heridas de la Guerra Civil, aplicar esta normativa para aliviar las penas a los reclusos procedentes del bando republicano y poner a trabajar a todos. O sea, a levantar España.